Desarticulada una red de estafa con préstamos fraudulentos tras una redada en Las Viudas de Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación 'CURIPA', ha procedido a la detención de 27 personas y dos más investigadas, supuestamente pertenecientes a una organización criminal dedicada a la obtención fraudulenta de créditos personales de una entidad financiera, tras una redada en la barriada de Las Viudas de Valladolid.

La Guardia Civil inició esta operación en el marco de las operaciones 'Tratadopa' y 'Kidnava', en la que se desarticuló un grupo criminal relacionado con la 'Banda del BMW', dedicada al secuestro y robo con violencia e intimidación a empresarios de esta provincia. En dichas operaciones se investigaron las actividades de una empresa de renting de vehículos que facilitaba al grupo además de dedicarse a la creación y facilitación de contratos falsos de compraventa de vehículos, que eran proporcionados a terceras personas para completar la documentación que la entidad financiera estafada exigía como condición indispensable para la concesión de créditos.

La Guardia Civil una vez que tuvo conocimiento de los hechos, estableció contacto con la entidad financiera, y tras ser informada de lo descubierto, ésta participó a los agentes que se habían realizado un gran número de operaciones bancarias relacionadas con la obtención de préstamos fraudulentos para llevar a cabo supuestas compras de vehículos. Estas operaciones compartían la característica de que los préstamos no eran rembolsados, ya que los beneficiarios eran insolventes o desconocían haber solicitado el crédito.

Tras una exhaustiva investigación y el análisis detallado de una gran cantidad de documentación bancaria y mercantil, se logró descubrir un complejo entramado criminal detrás de estas actividades fraudulentas.

Modus Operandi

Los líderes de la organización operaban con meticulosa precisión. En primer lugar, reclutaban a “mulas económicas”, individuos que actuaban como intermediarios para solicitar préstamos fraudulentos. Estas “mulas económicas” eran seleccionadas cuidadosamente entre personas insolventes o con graves problemas económicos, siendo acompañadas para abrir cuentas bancarias, de manera que los miembros de la organización criminal se aseguraran de que los préstamos eran concedidos.

Posteriormente, los líderes proporcionaban documentación falsa, como contratos de trabajo, nóminas, informes de vida laboral y extractos bancarios, para respaldar las solicitudes de préstamos. Esta documentación se caracterizaba por su sofisticación en la elaboración, ya que todo estaba interconectado sin dejar cabos sueltos, lo que daba la apariencia de autenticidad.

Los préstamos, que en su mayoría ascendían a 20.000 euros, se solicitaban para la compra de vehículos inexistentes; dándose también el caso de que un mismo vehículo era vendido en múltiples ocasiones. Las personas involucradas, conocidas como “mulas económicas”, recibían una parte del préstamo como compensación por su participación. No obstante, algunas de ellas fueron engañadas y desconocían que se había solicitado un préstamo en su nombre hasta que recibieron un aviso de deuda por parte del banco.

La organización operaba bajo la fachada de dos empresas de compraventa de vehículos. Estas empresas se utilizaban para blanquear el dinero obtenido de forma fraudulenta, aparentando que era legítimo. Además, se realizaban transferencias entre miembros de la misma familia para justificar supuestas compras y ventas de vehículos entre ellos.

En total, se han detenido a 27 personas e investigado a otras dos. Entre los detenidos se encontraban los dirigentes de las empresas, quienes actuaban como testaferros, así como los reclutadores de las “mulas económicas” y los facilitadores de la documentación falsa. 

Finalmente, se bloquearon 11 cuentas bancarias con un saldo total superior a 5 millones de euros. La desarticulación de esta organización representa un importante paso en la lucha contra el fraude financiero en la región de Castilla y León, logrado gracias a la colaboración público privada entre la Guardia Civil y el sector bancario.