La Ribera del Duero en pie de guerra contra las macrogranjas y plantas de biogás por el efecto en sus viñedos

La Ribera del Duero se encuentra en pie de guerra contra las macrogranjas y platas de biogás por los problemas que acarrearía su instalación para los viñedos de la Denominación de Origen. Y es que El Consejo Regulador expresó su “preocupación” ante la instalación de este tipo de proyectos dentro de la zona de producción amparada por la DO, y próximas a viñedos y complejos enoturísticos.

Por ello, en un comunicado explica que la DO respeta las iniciativas empresariales que contribuyen al desarrollo de la zona. Sin embargo, el requisito debe ser que no se ponga en peligro la "principal economía y forma de vida de la comarca", según explica el comunicado, como son los proyectos relacionados con el vino y el enoturismo.

En el mismo comunicado, recordó que Ribera del Duero es una región dedicada el vino de referencia, tanto nacional como internacional, siendo la Ruta del Vino la tercera más visitada de todo el país, incluyendo entre los atractivos de la propia ruta el patrimonio natural de la zona. “El entorno y el terruño son los elementos más valorados por el consumidor, una riqueza incuestionable que atrae además a prescriptores y prensa internacional, que diferencia a la región de otras zonas elaboradoras del mundo”, señala el comunicado, para agregar que las bodegas y viticultores “cuidan y protegen el viñedo, invierten en su recuperación, en la conservación de viñas centenarias, e implantan sistemas naturales y sostenibles en pro de su principal fuente de vida y desarrollo”.

Por ello, el Consejo Regulador y los operadores del mismo aseguraron que “no entienden, ni pueden compartir, que se establezcan instalaciones de ganadería intensiva y últimamente plantas de biogás, en entornos que se caracterizan por su importancia medioambiental, patrimonial y cultural”, según remite el comunicado.

Al respecto, asegura que “ponen en serio riesgo la subsistencia” de los proyectos vitivinícolas, “a los que de alguna manera invaden”, y dificultan el desarrollo de futuros proyectos enoturísticos que contribuyan al crecimiento económico y social de la zona. Además, remarcó la existencia de alternativas "viables" para proyectar este tipo de instalaciones, debido a que en el medio rural hay muchos otros terrenos que podrían albergarlos.

Por ello, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen aseguró que trabaja para buscar soluciones a la “problemática” derivada de la instalación de estas infraestructuras cerca de bodegas y viñedos, y lograr sentar unas bases que impidan su implantación. 

El comunicado asegura que cuando las bodegas afectadas comunicaron al Consejo esta problemática, el órgano regulador se ofreció al momento para colaborar en todo lo posible, incluyendo " reuniones con asociaciones de productores de ganado intensivo, encargando la elaboración de informes técnicos e instando a la CECRV (Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas en la que está incardinado) a que trasladara al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en nombre de todos sus asociados, la preocupación" en torno a la instalación de estos proyectos que afectan a viñedos, bodegas o parajes históricos de gran valor.

Igualmente, afirman que la zona amparada por la DO Ribera del Duero ofrece unas condiciones “únicas y especialmente adecuadas” para la producción de uva y la elaboración de vinos de “excepcional calidad”. “Esta vinculación de la calidad de la producción con el territorio es de carácter esencial, no se puede obtener fuera de la zona amparada; los viticultores y bodegueros no obtendrían los mismos resultados en otros territorios, es imposible, a diferencia de lo que sucede con las otras actividades, que no tienen vinculación con ningún territorio concreto y pueden ubicarse en cualquier parte sin sufrir perjuicio alguno en la calidad de su producción”, añaden.

Por ello, consideran que implantar estas industrias "excluyentes" junto a otras zonas o cultivos que se verían “desplazadas o directamente destruidas”, no puede ampararse en el ejercicio del derecho de libertad de empresa, puesto que, argumentan que implica que el titular de la actividad excluyente prive a los demás del ejercicio de ese derecho. “No se trata pues de una incompatibilidad en la que ambas partes están en pie de igualdad y se excluyen mutuamente, sino de una actividad que invade con sus emisiones el ámbito de la otra, impidiéndola continuar con su actividad, sólo porque normativamente pueden hacerlo”, explican.

Finalmente, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen aseguró que continuará "defendiendo los intereses de sus viticultores y sus bodegueros ante las administraciones y las instancias que considere oportuno", con el objetivo de intentar evitar la “degradación” de la imagen de la Ribera del Duero. Por ello, exigen evitar la instalación de cualquier "proyecto

que ponga en riesgo o dañe la principal fuente de riqueza de la zona" que, además, es uno de los "grandes motores de la economía de Castilla y León y un símbolo de la gastronomía y la

cultura del país, y que no se puede deslocalizar", sentencia el comunicado.