El despilfarro de Meseta Ski en Valladolid llega a juicio

Nuevo episodio del serial de Meseta Ski, la malograda pista de esquí artificial que la Diputación iba a construir en la pedanía tordesillana de Villavieja del Cerro, pero que terminó siendo uno de los más sonados despilfarros perpetrados contra las arcas públicas. El lunes, 17 de junio, comenzará el juicio, que se prolongará hasta el día 21 y que sentará en el banquillo al exvicepresidente de la Institución provincial vallisoletana, Alfonso Centeno –presidente a la sazón de la Sociedad para el Desarrollo de Valladolid (Sodeva)–, y tres exdirectivos de Sodeva, Pedro Pariente, Luis Torroglosa y Valentín González. Se enfrentan, cada uno, a siete años de inhabilitación.

Será quizá el último capítulo de un culebrón que comenzó en 2006, con la idea de construir una pista de esquí artificial para impulsar el turismo en el medio rural vallisoletano, que comenzó con un presupuesto de 4 millones de euros y que después se incrementó hasta los siete y luego hasta los 12, sin que se llegara a concluir nunca la obra faraónica.

Un caso que 18 años después aún colea, y que ha pasado por varias sentencias urbanísticas desfavorables, así como por una comisión de investigación en la Diputación en los años 2017 y 2018 y una causa judicial contra los responsables del proyecto, que fue archivada provisionalmente en junio de 2021 por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, que consideró prescrito el delito de prevaricación.

En 2022 la Audiencia Provincial de Valladolid reabrió el proceso, que culminará con el juicio el próximo lunes a cargo de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial. La Fiscalía considera que los cuatro encausados son responsables de un delito continuado de prevaricación, y solicita siete años de inhabilitación para cada uno de ellos. Se encuentran personados como acusación popular Valladolid Toma la Palabra (VTLP) y Ecologistas en Acción.

El delito que la Audiencia considera vigente es el de prevaricación continuada, y no los otros dos que se investigaron en la causa cerrada en 2021, tras una denuncia de PSOE, Si Se Pueda y Toma la Palabra, que eran los de falsedad documental y malversación de caudales públicos. En cuanto al de falsedad documental, el Juzgado de Instrucción número 4 lo consideró prescrito, aunque también apuntó que los hechos tenían una «difícil incardinación» en este tipo penal.

Sobre el delito de malversación, el juez advirtió que los hechos tuvieron lugar con anterioridad a la reforma del Código Penal de 2015, por lo que no cumplían el tipo vigente en el momento. «No cabe apreciar que haya indicios suficientes de que las personas investigadas hayan sustraído o permitido la sustracción de fondos públicos con la vocación de obtener algún aprovechamiento, ventaja o ganancia para sí o para otro», rezaba documento que sobreseyó la causa.

Así, el único delito que queda por resolver es el de prevaricación continuada para los cuatro imputados, que no conlleva pena de cárcel sino los siete meses de inhabilitación para cargo público. Esa pena a quien más podría perjudicar de los cuatro encausados es a Alfonso Centeno, pues continúa siendo alcalde de Olmedo, como lo era en el momento del inicio del proyecto y como lo es de forma ininterrumpida por mayoría absoluta del apoyo de sus paisanos desde diciembre de 1996, hace 27 años y medio. Una condena le obligaría a apearse.

Primeros pasos

La historia del proyecto Meseta Ski apuntó mal desde el primer momento. En 2006, cuando surge la idea de instalar una pista de Ski Seco, el equipo de Gobierno de la Diputación lanza una propuesta a los ayuntamientos para que se postulen para albergar el que sería un centro deportivo y de ocio que impulsaría el turismo de la zona donde se construyera.

Varios municipios presentan sus propuestas y surgen los primeros recelos, sobre todo entre alcaldes ‘populares’, cuando la Diputación, gobernada por el Partido Popular, escoge una pedanía de Tordesillas, municipio entonces gobernado por un alcalde socialista, Emilio Álvarez Villazán. El Ayuntamiento tordesillano, satisfecho con la elección, tramita con rapidez las licencias urbanísticas necesarias, sin caer en la cuenta de que el cerro donde se iba a construir había sufrido un incendio hacía menos de 30 años, lo que le inhabilitaba como suelo urbanizable y apto para la construcción.

El objetivo de la norma buscaba que ningún promotor transformase, con ánimo de lucro, suelo rústico en urbano a base de quemar el monte, pero no previó casos como este, en el que la construcción pudiese tener un interés público. Rápidamente asociaciones ecologistas, que sí investigaron el pasado de ese suelo, denunciaron.

Meseta Ski se enfrentó entonces al primero de sus juicios, urbanístico, con el primer varapalo por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid, que paralizó cautelarmente los trabajos. A principios de 2009 anuló la concesión de la licencia ambiental y de obras, una sentencia que se ratificó al año siguiente. También desestimó la autorización de uso excepcional de suelo rústico.

Pero los episodios y avatares del proyecto, que terminó en despilfarro por una suerte de ‘entre todos la mataron y ella sola se murió’, no habían hecho más que comenzar. Para solucionar la situación –no está claro si fue peor el remedio que la enfermedad–, la Junta declaró el Complejo de Ocio y Aventura Meseta-Ski como Proyecto Regional por la Ley 6/2010, de 28 de mayo, publicada en el BOE el 28 de junio siguiente.

De esta forma, las obras gozarían de un refuerzo en la consideración de interés público, pero rápidamente Ecologistas en Acción presentó una denuncia penal en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) contra los cinco miembros de la Mesa de las Cortes por admitir a trámite la proposición de ley del Grupo Popular, y terminaron planteando un recurso de inconstitucionalidad.

El Tribunal Constitucional terminó declarando, en efecto, inconstitucional esa calificación de Proyecto Regional el 7 de octubre de 2014. Con esa sentencia el proyecto acumulaba ya once resoluciones judiciales. Cuatro años después, en 2018, las obras fueron parcialmente demolidas en cumplimiento de la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid. Todo, por un pequeño incendio de matorrales que se había producido en un secarral una década antes y que ya había sido olvidado.

A los arres y sos en las obras se unió una pésima gestión económica. Una vez adjudicado el primer proyecto, por 4 millones de euros –en una época en que las contrataciones de una empresa pública no se regían por las mismas normas que las de la Administración–, en lugar de comenzar las obras se realizó una modificación, para ampliar la pista hasta los 9.600 metros cuadrados, con una longitud de 280, más otra pista de 900 metros para principiantes. El presupuesto se disparó hasta los 7,5 millones de euros. Cambios en la redacción inicial para mejorar los materiales de las pistas y otras modificaciones posteriores continuaron incrementando la factura hasta los 12 millones de euros. Cuatro consejeros y altos cargos de Sodeva tendrán que explicar por qué.

El principal encausado, Alfonso Centeno, se dio de baja en el Partido Popular de forma temporal el mismo día que se conoció la fecha del juicio, el pasado mes de marzo. Así se lo transmitió al presidente del partido en Valladolid y presidente de la Diputación, Conrado Íscar, si bien continúa como regidor del municipio.

Centeno dejó claro a Íscar su confianza en salir absuelto del juicio: «Como siempre, mi confianza en la Justicia me hace estar convencido de que cuando este proceso finalice podré volver a habilitar mi alta en la organización a la que he servido durante años con lealtad», escribió Centeno en su misiva.

Esa confianza resultó a su favor en el proceso del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid. Reabierta la causa, la Audiencia provincial juzga ahora, además de a Centeno, el exalcalde de Villaverde de Medina, exdiputado provincial y exvicepresidente de Sodeva, Pedro Pariente; el exjefe de Servicio de Urbanismo de la Diputación, Luis Torroglosa, y el arquitecto de Sodeva, Valentín González.

La acusación popular, ejercida por VTLP y Ecologistas en Acción, lo acusa a González a diferencia de Fiscalía. Tampoco aplica la atenuante de dilaciones indebidas y solicita el pago, conjunto y solidario, de una indemnización de 11.615.000 euros en favor de Sodeva o de la Diputación Provincial.