La Junta da carpetazo al vertedero industrial de San Martín de Valvení

Carpetazo al proyecto de vertedero de residuos industriales de la localidad vallisoletana de San Martín de Valvení. Después de una década del inicio de la tramitación del proyecto, y tras ocho años de batallas de ayuntamientos afectados, asociaciones vecinales y ecologistas que presentaron alegaciones desde el primer momento, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este miércoles una Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se declara la caducidad del 'Proyecto Regional del centro integral de tratamiento de residuos industriales no peligrosos en el término municipal de San Martín de Valvení', que es el nombre completo del proyecto promovido por el grupo Urbaser, propietario del cercano vertedero de residuos tóxicos de Santovenia de Pisuerga, del que se postulaba como recambio.

Según ha explicado Ecologistas en Acción en un comunicado, la Junta de Castilla y León quiso «blindar» este proyecto de vertedero, declarándolo Proyecto Regional en 2019. La asociación poteccionista interpreta que la Administración autonómica dio, históricamente, «trato de favor» a la empresa Urbaser, a la que anteriormente, añade, «benefició declarando Proyecto Regional sus vertederos de residuos industriales de Santovenia de Pisuerga y Fresno de la Ribera (Zamora)», mediante leyes que Ecologistas considera «inconstitucionales» para «pasar por encima de sentencias judiciales contrarias».

Y es que la autorización ambiental del vertedero, otorgada en 2016 por la Junta de Castilla y León, fue anulada por Sentencia firme de 5 de julio de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sigue explicando la organización. No obstante, Urbaser y el Gobierno autonómico «insistieron el año pasado con este vertedero, tramitando una nueva autorización ambiental pese a que la declaración de impacto ambiental había caducado en 2022. Un año más tarde, la Junta caduca también la declaración de Proyecto Regional».

«De esta forma fracasa, al menos de momento, la pretensión ilegal de Urbaser de construir un vertedero de 2,5 millones de toneladas de capacidad a 800 metros del río Pisuerga, aguas arriba de las localidades de Cabezón de Pisuerga, Santovenia de Pisuerga y Valladolid, en un tramo fluvial declarado como Zona Especial de Conservación dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea», asevera Ecologistas en Acción.

Según el estudio geotécnico aportado por el promotor, el nivel de las aguas subterráneas se localizó a 6 metros bajo el vaso del vertedero proyectado, que se ubicaría sobre terrenos «que en varios de sus tramos tienen permeabilidades más de 1.000 veces superiores a la máxima permitida legalmente, por la presencia de calizas y yesos afectados por procesos de disolución cárstica».

Se trata por lo tanto de «un emplazamiento inaceptable desde el punto de vista de la seguridad ambiental, con los mismos problemas que el del vertedero tóxico de Santovenia, encontrándose el nuevo vertedero de Urbaser mucho más próximo al río Pisuerga», defiende la entidad proteccionista. «De hecho, este emplazamiento fue desestimado en 2009 por la Junta de Castilla y León en el concurso que convocó para seleccionar la ubicación más adecuada para un vertedero de residuos industriales en el eje Valladolid-Palencia».

Por otra parte, el Plan Regional del Valle del Duero protege las cuestas donde se emplazaría el vertedero al incluirlas en la Red de Corredores Ecológicos del Territorio Duero, explica Ecologistas, estableciendo que «deben mantener la continuidad de su cubierta vegetal y su potencial como elementos conectores entre áreas de interés ecológico», para lo que señala que «alrededor de los corredores y áreas de enlace se delimitarán zonas de amortiguación frente a los posibles impactos negativos».

«Ecologistas en Acción se felicita por la declaración de caducidad de este atentado ambiental, al que presentó alegaciones junto a otras asociaciones y ayuntamientos de municipios ribereños, y reclama a la Junta de Castilla y León que cambie su política de residuos industriales, orientada al vertido y la incineración de los desechos en lugar de a su reducción, reutilización y reciclado, mediante la revisión en profundidad y participada del obsoleto Plan Integral de Residuos de Castilla y León», concluye la entidad.

Caducidad del proyecto

El Bocyl detalla que el pasado 7 de febrero de 2024 se remitió al promotor de la planta, Valvení para el Desarrollo Sostenible S.L., una comunicación en la que se le explicaba que de conformidad con la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León, los proyectos regionales «tienen por objeto planificar y proyectar la ejecución inmediata de las infraestructuras, servicios, dotaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que se consideren de interés para la Comunidad». Sin embargo, desde la aprobación del proyecto, publicada en el Bocyl del 30 de diciembre de 2019 «no se ha llevado a cabo actuación alguna dirigida a la ejecución de sus determinaciones. Habiendo transcurrido ya más de cuatro años desde la aprobación del proyecto, esta situación comporta un incumplimiento de las condiciones del Decreto de su aprobación y de la propia naturaleza de este tipo de instrumentos de ordenación territorial». 

Por ello, la Administración autonómica advirtió a la empresa promotora que, transcurridos tres meses desde la recepción de esa documentación, se procedería «a la declaración de caducidad del proyecto regional». En respuesta, el promotor remitió un escrito fechado el 16 de abril de 2024, en el que solicitaba que no se declarara esa caducidad, tras exponer una relación resumida de las actuaciones que ha desarrollado para poder llevar a cabo el Proyecto Regional, referidas a los trámites de su autorización ambiental y evaluación de impacto.

La Consejería no ve suficientes las razones del promotor y finalmente, vista la propuesta formulada por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, declara la caducidad del proyecto, acto que pone fin a la vía administrativa, pero contra el cual el promotor podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses.