El jurado aprecia como atenuante la ludopatía de la empleada municipal de Tordesillas acusada de malversación

El jurado en el caso de la que fuera empleada municipal de Tordesillas, Esther M.R, juzgada por haberse quedado con cerca de 160.000 euros de fondos públicos procedentes de la entidad local, considera probada la culpabilidad de la encausada, algo que ella misma ya había reconocido, aunque aprecia como atenuante el problema de ludopatía que sufre.

Es la respuesta al objeto del veredicto integrado por una treintena de preguntas en las que, como clave de este caso, se planteaba si la ludopatía de la acusada alteró de forma total, grave o tan solo levemente sus facultades volitivas e intelectivas, cuestión a la que el jurado ha respondido inclinando la balanza por la tercera y última de las alternativas citadas.

El jurado, en un veredicto casi relámpago por unanimidad recogido por Europa Press, horas después del comienzo de su deliberación en la mañana de este miércoles, estimaba ya por la tarde probada por parte de la acusada la comisión de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con otro continuado de malversación, si bien se han pronunciado, por mayoría, a favor de conceder a la acusada la remisión condicional de la condena y de la posibilidad de indulto habida cuenta del carácter "excesivo" de las penas pedidas por las acusaciones.

La acusadora pública, que había pedido una condena de cuatro años, seis meses y un día de prisión, junto con la devolución de la cantidad malversada, por los citados delitos, ha anunciado su intención de mantener la petición de pena y, al mismo tiempo, se ha mostrado en contra de conceder a la encausada cualquier posibilidad de indulto o de remisión de la condena.

En el caso del acusador particular, en representación del Ayuntamiento de Tordesillas y de sus dos pedanías, el letrado se había situado en los ocho años de privación de libertad--no consideraba creíble la ludopatía--y en la reclamación del pago de la preceptiva indemnización por delito de malversación de caudales públicos, si bien ahora, conocido el veredicto, ha mantenido también su escrito de calificación y, al igual que la fiscal, se ha opuesto a cualquier posible suspensión de la pena.

Por su parte, la defensa, pese a reconocer un delito de apropiación indebida o, alternativamente, de estafa, había demandado del jurado un fallo absolutorio--pedía la eximente completa al considerar inimputable a su clienta--y en caso de condena reclamaba una pena mínima de dos años y la suspensión de la misma al estimar como aplicable una atenuante, ha solicitado una condena mínima por cualquiera de ambos delitos y la aplicación de la remisión de la condena.

Emitido ya el veredicto, será ahora la magistrada que ha presidido estos días el jurado popular la encargada de dictar sentencia ajustada a lo dictaminado por los nueve miembros del jurado.

A lo largo del proceso judicial el grado de imputabilidad de la empleada pública, aplicable a la ludopatía, se había convertido en la principal incógnita que debía de desvelar el jurado, después de que la propia Esther reconociera en su declaración, sin ambages, que en 2011 fue contratada como auxiliar administrativa en ambas entidades menores y que desde ese cargo de confianza llegó a desviar en beneficio propio cerca de 160.000 euros.

De tal cantidad, 80.917 euros procedentes de fondos de Villavieja y otros 76.114 de dinero público de Villamarciel se los embolsó en dos cuentas de su propiedad y otra de su entonces pareja mediante transferencias que realizó fingiendo pagos a proveedores por distintos servicios, cuantías a las que hay que sumar otros mil euros--inicialmente se le imputaban 15.178 euros--que la fiscal entendía que se ha podido acreditar que obtuvo en mano de los vecinos por el cobro en metálico de distintas tasas que también se embolsó y no ingresó en las arcas municipales.

En su descargo, la trabajadora alegó que su actuación se vio condicionada por la grave adicción al juego que padecía, en exclusiva por la compra incontrolada de décimos de lotería y cupones en la creencia de que más pronto que tarde obtendría algún premio que le permitiría devolver con creces todo el dinero público desviado.

Pero además, de esa forma podría resolver todos sus problemas personales y familiares marcados desde su infancia por un padre alcohólico que la abandonó con tan solo tres años y en el presente por encontrarse al cuidado de una madre impedida y de una hermana con parálisis cerebral.

Todo ello, como así había esgrimido Esther, le provocaba una profunda ansiedad que de forma incontrolada la llevaba a jugar a la lotería y a realizar compras, con predilección por los vestidos, los bolsos y las cremas que adquiría en El Corte Inglés.

Durante el juicio, el secretario interventor delegado del Ayuntamiento de Tordesillas, a quien en junio de 2019 se encomendó revisar las cuentas de Villavieja y Villamarciel, llegó a asegurar que al iniciar su labor de control se percató de que la situación en ambas pedanías era de "bancarrota", sin prácticamente fondos para pagar las más simples facturas, lo que incluso había llevado a Iberdrola a cortarles la luz.

Fue a raíz de esa "situación catastrófica" detectada cuando en agosto de ese mismo año puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Valladolid para el inicio de la investigación oportuna, proceso en el que, tal y como criticó el técnico municipal, no había encontrado colaboración alguna por parte de la acusada sino más bien la colocación de "palos en las ruedas" con el fin de dificultar las pesquisas y no dejar rastro de su actuación delictiva.