CERMI reivindica el bienestar y la inclusión de infancia y adolescencia con discapacidad
El colectivo procede a la lectura de un manifiesto con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
La lectura del Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
CERMI Castilla y León reivindicó hoy la necesidad de garantizar los derechos, el bienestar y la inclusión de la infancia y la adolescencia con discapacidad, con especial atención al ámbito educativo, como eje esencial del manifiesto con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual se leyó en el Palacio Pimentel de la Diputación de Valladolid.
El presidente de Comité Autonómico de Representantes de Personas con Discapacidad, Francisco J. Sardón, puso el acento en la “vulnerabilidad que sufren los niños” en la educación, porque se producen a día de hoy situaciones de “bullying derivadas por el motivo de la discapacidad”. Estos niños y niñas “tienen que formar parte del conjunto de la infancia de la sociedad como una parte valiosa que tiene talento y conocimiento, dado que una sociedad no se puede permitir el lujo de desaprovecharlo”, advirtió, según informa Ical.
Valladolid
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Leticia Fernández
“Nuestro reto y el de las administraciones públicas es que de aquí al año 2030 hayamos puesto todas las medidas suficientes para que ningún niño y adolescente con discapacidad sienta vulnerados sus derechos en ningún aspecto de su vida”.
Además, Sardón cargó contra el denominado como capacitismo, que es una forma de discriminación que sufren los ciudadanos por un motivo de discapacidad, razón por la que es necesario luchar entre todos, con las administraciones, el tejido empresarial y el Tercer Sector y la sociedad, para que este problema cese.
“Tenemos la obligación de garantizar que los derechos se cumplan de una manera plena y efectiva. No solo se trata de que las personas con discapacidad no puedan ser relegadas, sino garantizar que puedan asumir en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos la dirección completa de su vida personal y social. No es suficiente luchar contra la discriminación, ya que se trata de posibilitar que puedan tener una mayor participación activa en la vida pública”, afirmó el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.
Para ello, será necesario seguir avanzando en materias como la “formación, concienciación y eliminación de barreras”, y no solo las arquitectónicas, ya que hay que “combatir ciertas actitudes sociales basadas en estereotipos”. Dejó claro que apoyar a las personas con discapacidad “no es una cuestión de caridad, sino de derechos”.
Manifiesto
Bajo el lema 'Construyendo hoy la Agenda Política de la Infancia con Discapacidad hasta el año 2030', el manifiesto fue leído por Cristina Bermejo Gallego, de la Federación de Asociaciones de Padres y Amigos del Sordo de Castilla y León (FAPAS CYL), y Ana Belén Cañibano González, de la Fundación Intras, quienes enfatizaron que es el momento de la infancia y adolescencia con discapacidad, que "desde el principio ha de tener garantizados los derechos, el bienestar y la inclusión".
Para ello, subrayaron que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad “deben ser escuchados y tenidos en cuenta, con todos los apoyos que puedan necesitar y en todos los espacios relevantes para su desarrollo personal, garantizando, asimismo, relaciones y entornos seguros en los que queden preservados su integridad, bienestar y respeto”.
El Movimiento CERMI reclamó la inclusión de la infancia con discapacidad “desde los primeros estadios de vida o desde el mismo momento de aparición de la discapacidad, siendo obligación de los poderes públicos generar las condiciones de todo tipo legislativas, programáticas y presupuestarias para que esta atención reforzada encaminada siempre a la autonomía personal y la plena participación social”.
Todo ello ante entornos “universalmente accesibles, sin segregaciones ni discriminaciones”, donde se proporcionen los apoyos que sean precisos y que sea una realidad en todas las esferas de la vida en comunidad, siendo “obligación de las administraciones públicas”, ya sean nacionales, autonómicos o locales, el “dar una respuesta sostenida, suficiente y efectiva a esas demandas”.