PP y VOX aprueban una auditoría en Auvasa tras acusar al PSOE de dejar las «arcas vacías»

El PP y Vox encargarán un auditoría externa para analizar la gestión de la empresa de autobuses Auvasa entre los años 2021 y 2023 tras encontrarse con «las arcas vacías», en palabras del concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, cuando accedieron a la alcaldía en junio de 2023.

La auditoría de Auvasa estaba ya anunciada por el concejal de Hacienda, Francisco Blanco, y este lunes se aprobó en el pleno del Ayuntamiento con los votos de los dos socios de gobierno en el equipo municipal y el rechazo del PSOE y Valladolid Toma la Palabra, los dos partidos que gobernaban en la alcaldía durante el periodo que se auditara.

Gutiérrez Alberca, defensor de la moción del PP para solicitar la auditoría, explicó que se encontraron «una sociedad tremendamente endeuda» y tuvieron que asumir «las pellas» dejadas por el anterior equipo de gobierno. El edil recordó que «el mayor coste de este Ayuntamiento era el gasto en transporte y por eso merece la pena que se pueda analizar este gasto», a lo que añadió que todavía están «pagando las deudas del anterior gobierno».

En la moción del PP se citaba el informe del interventor municipal, en el que se advertía del incremento de los gastos corrientes de los entes dependientes del Ayuntamiento y en el caso de Auvasa se apuntaba una necesidad de financiación de 16 millones para 2023 y unos pagos pendientes de 10,3 millones, a 31 de mayo de 2023, por la compra de autobuses. Los autobuses se pagaron ya, aunque faltan por abonar 2,7 millones por la liquidación del contrato.

Como consecuencia de la situación heredada, Gutiérrez Alberca recordó que en 2023 tuvieron que solicitar un crédito de seis millones de euros ante los problemas de tesorería, tanto para hacer frente a las liquidaciones pendientes como al pago de las nóminas.

Frente a esta descripción de la situación de Auvasa, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, subrayó que Auvasa «ha superado todas las auditorías y todos los informes son favorables» para concluir que «la sociedad está equilibrada» y acusó al PP de «instrumentalizar la Intervención General» del Ayuntamiento.

Para Herrero, la auditoría es «una excusa» que demuestra que el equipo de gobierno «es absolutamente incapaz de hacerse con la empresa» y, como segunda lectura, dijo que quieren utilizar la auditoría para cargar contra el ex gerente de Auvasa, Álvaro Fernández Heredia, ahora secretario de Estado con el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que los ‘populares’ consideran el ‘ideólogo’ del plan de movilidad que puso en marcha el Ayuntamiento en junio de 2020 y que el nuevo equipo municipal está en fase de revertir.

El que fuera concejal de Movilidad durante la etapa que se auditará, Luis Vélez, añadió a lo dicho por su portavoz que ya se realizaron tres auditorías externas y acusó al PP de intentar «enredar» con la petición de una más, que el edil considera de difícil encaje «legal». En nombre de VTLP, el concejal Jonathan Racionero, hizo hincapié en que una de las señas del anterior equipo del gobierno fue «la transparencia», medida que, según el edil, el PP y Vox no practican en el Ayuntamiento.

El concejal de Vox Víctor Martín defendió la auditoria externa por la importancia de Auvasa y añadió «todos quieren mejorar las condiciones de vida diarias de los vallisoletanos».

La moción de Auvasa fue la única que se aprobó junto a la presentada por Vox para el restablecimiento del legado histórico y cultural del Conde de Gondomar como alcalde perpetuo de la ciudad. La portavoz de VTL, Rocío Anguita, remató su intervención en contra con un comentario jocoso para señalar que ya «hay un alcalde, un alcalde B y ahora otro perpetuo».

Como era previsible, el PP y Vox rechazó la moción del PSOE en la que planteaba que el equipo de gobierno desistiera de la ampliación del puente del Poniente y de la construcción del carril bici por el interior de Las Moreras y destinara los 6 millones que se gastará en ambos proyectos a la compra de autobuses.

También fue rechazada una segunda moción del PSOE en la que pedía que el Ayuntamiento compre las 63 casas que tiene la Confederación Hidrográfica del Duero en la calle Canal para destinarlas a vivienda joven.