Los perjudicados temen que la Sareb se alíe con los okupas y use los pisos de Arroyo de alquiler social

Casi un año después de que los vecinos de Arroyovereda denunciarán la okupación que viven en su comunidad, la situación se mantiene. La propietaria de los pisos que tienen inquilinos viviendo de manera ilegal, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), ya ha presentado una denuncia. Desde la propiedad Sociedad explican que ahora «los plazos dependen de un juez». Ahora los vecinos temen que la Sareb se alíe con los okupas y los pisos se destinen para alquiler social.

Si bien, desde la Sareb explican que esta situación no se da en todas las viviendas ocupadas. La propietaria hace una división entre dos tipos de okupas: los conflictivos y los que no lo son. El primer grupo representa a la mayoría de ellos, son aquellos que causan problemas en el día a día y realizan desperfectos en el edificio, según han denunciado en varias ocasiones los vecinos.

En cambio, el segundo grupo es una minoría, menos de 10 viviendas, según ha podido saber este periódico. Es en este segundo caso donde la Sareb quiere destinar las viviendas a alquiler social. Los definen como a personas con «índice de vulnerabilidad». La intención de la Sociedad Bancaria es trabajar junto a los servicios sociales para llegar a ese alquiler social. Para ello, quienes viven en esas viviendas no deben ser conflictivos y tienen que entrar en «un programa de acompañamiento» para llegar a un «alquiler social muy bonificado».

Un plan, compaginado con servicios sociales, según indican desde la Sareb que debe ir acompañado de un «trabajo para complementarlo». El trabajo en cuestión consistirá en guiar a estas personas para que «gestionen las ayudas sociales» como el bono eléctrico o el Ingreso Mínimo Vital. «El objetivo es darles autonomía y que puedan pedir todas las ayudas posibles», recalcan.

A mayores de mejorar sus condiciones sociales, el propósito es que puedan encontrar un trabajo. «Se les ayudará a buscar trabajo a través de Cruz Roja, Cáritas o los servicios municipales, en este caso Arroyo», detallan. De ahí pasarían a entrar en una bolsa de trabajo para futuras oportunidades laborales y se les «revisaría cada año la renta» con el fin de que puedan ser «autónomos».

La propia Sareb confirma que si estos vecinos cumplen estos requisitos, «el alquiler social tendría que ser en la misma vivienda» en la que ahora residen de manera ilegal.

La posibilidad de que estas viviendas okupadas se conviertan en alquiler social preocupa a los vecinos de Arroyovereda. Temen que esta situación se termine dando y «devalúe» sus pisos ya que al compartir urbanización con pisos destinos a alquiler social, el precio de su vivienda puede caer.

La Sociedad Bancaria indica que empezó a trabajar en esta promoción «el año pasado», cuando comenzaron a determinar «quién vive y qué situación tiene». A mayores, afirman que «ya no hay deuda económica con la comunidad de propietarios».

Conflictivos

Convertir las viviendas okupadas en pisos de alquiler es una opción para aquellos vecinos que no son conflictivos y no ponen problemas en la convivencia del día a día.

En cambio, para aquellas personas que sí complican el normal desarrollo de la vivienda este plan de alquiler social no está encima de la mesa. Estas personas «son muy conflictivos y no colaboraron desde el primer momento». Desde la Sareb reconocen que la situación es «complicada».

Apuntan que estos okupas se han negado a trabajar con la comunidad de propietarios. A mayores, afirman que «conocen la legislación». Una situación que complica interactuar con ellos y la posibilidad de recuperar esas viviendas. De hecho, señalan que en algunos casos han tenido constancia de como esas personas «rotan en las viviendas». Una acción que complica las actuaciones porque obliga a la Sareb «a empezar de cero con los nuevos okupas». «La Sareb solo puede denunciar», se afirma desde la Sociedad pese a ser la propietaria de los pisos.

Este grupo de personas es el que más preocupa a los vecinos de la urbanización de Arroyo. Denuncian «desperfectos en el edificio», complicaciones en la convivencia o que «siguen enganchados a la red de gas, luz o agua».

Por parte de la Junta de Castilla y León, las oportunidades de actuar son mínimas: «Es la Sareb como propietario la que tiene que tomar las decisiones que estime oportunas», señala la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo. En esta misma línea, sostiene que este es «el problema más importante de okupación de Castilla y León».

Pardo explica que se pusieron en contacto con la propietaria de los pisos para «poner al servicio de la causa lo que pudiéramos aportar». De la misma forma, a la administración autonómica le consta que «la Sareb ha iniciado los trámites» necesarios para recuperar esos pisos.

A parte de hablar con la Sareb, también lo hicieron con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda para escuchar sus «preocupaciones».

Pardo comenta que la «comunidad de propietarios fue a la oficina antiocupación» de la Junta. Un servicio que presta el Gobierno autonómico para informar y asesorar a aquellos que sufren algún problema relacionado con la okupación. También sirve para «intentar conciliar a ambas partes», explica Pardo. Aunque en esta ocasión no hay partes que conciliar, ya que los okupas no quieren dejar el inmueble ni pagar por vivir allí. A mayores, la directora general de Vivienda apunta que a raíz de la conversación en la oficina antiocupa con los vecinos, «la Junta se puso en contacto con la Sareb».