El Ayuntamiento de Valladolid salva el déficit con un superávit de 228.000 euros

La situación económica del Ayuntamiento abrió ayer el debate en el pleno municipal con una noticia buena y otra no tanto. La buena, que el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, aprovechó para presumir de la buena gestión del equipo de gobierno, es que las cuentas del Ayuntamiento del pasado año, excluidas sus entidades dependientes como Auvasa y Nevasa, cerraron con un superávit de 228.234 euros, una cantidad modesta, pero relevante comparada con los 20,3 millones de déficit que auguraba la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, al término del primer semestre.

Lo que ya no dice tanto en favor de una buena gestión es que el tiempo de pago a los proveedores, las empresas y autónomos que proporcionan bienes y servicios al Ayuntamiento, pasó de 10,6 días en 2022 a 27 en 2023, casi el triple. Con todo, este considerable incremento del periodo para abonar las facturas está por debajo del límite de 30 días que establece la ley para las administraciones públicas.

El debate estaba servido. Tras conocerse la liquidación positiva de 2023, el portavoz socialista, Pedro Herrero, acusó a alcalde, Jesús Julio Carnero, de «inventarse una situación catastrófica y utilizar esta mentira para no rebajar el IBI», una de las promesas electorales del regidor. «Usted no cumplió su palabra porque no quiso», prosiguió en referencia al alcalde, quien ayer apenas intervino en el pleno.

Aseguró Herrero que la liquidación de 2023 «es casi calcada a la de 2022», entonces con el PSOE y Valladolid Toma Palabra al frente, «y ustedes no dijeron ni pío» y añadió que «si las cuentas eran buenas hace un año también lo son este», de donde concluyó que el nuevo equipo de gobierno «ha mentido» al insistir en la mala situación económica del Ayuntamiento.

El concejal de Hacienda , Francisco Blanco, evitó entrar en el aumento del periodo de pago a proveedores y se centró en el recorte del déficit previsto gracias a «una gestión de los ingresos más eficaz, una inspección firme y una actividad económica que parece arrancar». Blanco recordó a Herrero que durante su etapa «tuvieron barra libre y ahora hay reglas fiscales» e insistió en que «al cierre del primer semestre de 2023 había una estimación de déficit de 20,3 millones» y seis meses después se dio la vuelta a la situación para acabar con superávit.

Carnero solo intervino al final para zanjar el debate y señalar que lo importante era «el informe de la Airef y los informes del interventor y aquí no hay más que hablar».

Con seis mociones en el orden del día, el de ayer fue un pleno largo en el que no faltaron peticiones dirigidas al Gobierno central y también a la Junta, una práctica habitual mediante la cual se insta a alguna de estas administraciones a adoptar algún tipo de medida, pero que suelen quedar en un brindis, sin traducción práctica, al ser decisiones que no están en manos del Ayuntamiento.

El PP planteó, y fue aprobada con sus votos y los de VOX, y con el rechazo de la oposición, una moción para instar al Gobierno, en colaboración con la Junta, a implantar una prueba de acceso a la universidad única en todo el territorio nacional. También VOX planteó una moción para instar al Ministerio del Interior y que obligue a los usuarios de vehículos de movilidad personal, los patinetes, a sacar un seguro de responsabilidad civil. La moción salió adelante con los votos del PP.

No prosperó, sin embargo, la moción del Grupo Socialista, esta sí con solución en manos del Ayuntamiento, para rebajar el 50% del IBI en aquellos edificios que instalen placas solares y la misma bonificación por instalar puntos de recarga eléctrica.

El concejal socialista Juan Carlos Hernández recordó que en noviembre de 2022 el PP apoyó una moción de Ciudadanos en la misma línea y consideró llegado el momento de aplicarla ahora que está en el equipo de gobierno. Incluso pareció que el concejal de VOX, Víctor Martín, no veía con malos ojos la propuesta, aunque matizó que el IBI es el impuesto que más ingresos proporciona al Ayuntamiento, 71 millones, «y en estos momentos no se puede aplicar (la rebaja)».

Pero fue el concejal de Hacienda el que se encargó de descartarlo, al menos por ahora, al partir de lo que denominó «un error garrafal», dado que, según explicó, lo que el PP aprobó fue elaborar un estudio para analizar la propuesta. Y al final esto es lo que volvió a plantear el PP con una enmienda de sustitución, que fue aprobada, en la que se compromete a elaborar un estudio para «cuando la situación económica y financiera del Ayuntamiento lo permita», poner en marcha las bonificaciones. Rechazada fue también la moción defendida por el concejal del PSOE José Antonio Otero para que el Ayuntamiento solicite a la Junta un centro de salud accesible para los vecinos de la zona centro dentro de la zona básica de salud.

Otero recordó que el centro de salud de Gamazo está fuera de la zona básica de salud y atiende a una población de 18.259 personas, de las que 5.394 tienen más de 65 años y en muchos casos tienen que desplazarse desde una larga distancia.

El concejal del PP Rodrigo Nieto consideró que «un nuevo centro no es prioritario» y planteó una enmienda de sustitución que fue aprobada, para reclamar al Gobierno más médicos.