Detenidos por explotar a mujeres extranjeras "en semi esclavitud" en una granja de Valladolid

Eran obligadas a trabajar más de 14 horas en una granja de Castrillo de Duero, en Valladolid, y a vivir en unas condiciones de insalubridad total, todo con la promesa de que algún día tendrían un contrato de larga duración que regularizara su situación en España. La Policía Nacional detiene a cuatro personas a las que atribuye los delitos de «trata de seres humanos con fines de explotación laboral y favorecimiento de la inmigración clandestina». Los explotadores captaron a «al menos tres mujeres» y las impusieron unas condiciones abusivas: el poco tiempo que no estaban trabajando en la explotación ovina residían en una casa dentro de la misma finca con absoluta falta de higiene y en régimen de semi esclavitud.

La operación policial comenzó el pasado diciembre, después de que el cuerpo recibiera informaciones que alertaban de que en un municipio de la provincia de Valladolid «podrían encontrarse alojadas y explotadas ciudadanas extranjeras en una granja ovina», tal y como informa la Subdelegación del Gobierno a través de una nota de prensa.

Las víctimas, de nacionalidad marroquí y de entre 40 y 50 años, según fuentes de la investigación, estaban sometidas a «jornadas maratonianas», de más de 14 horas, «empezando a las 4 de la mañana y finalizando a las 18:30 horas» y sin descanso alguno en todo el año: las obligaban a trabajar «de lunes a domingo, sin derecho a descansos ni vacaciones, teniendo que trabajar incluso cuando se encontraban enfermas, por un salario de 700 euros al mes».

Aguantaban para conseguir el ansiado contrato que regularizara su situación. Nunca llegó. «Estas condiciones laborales abusivas y desproporcionadas eran soportadas por las trabajadoras por la promesa, realizada por este clan familiar, de la obtención de un contrato de trabajo a largo plazo que las permitiera poder regularizar su situación en España. Una de las mujeres que fueron víctimas de esta explotación reclamó el contrato prometido, pero entonces «fue desalojada con violencia de la explotación agraria».

Sus explotadores eran tres integrantes de un clan familiar, quienes contaban con la colaboración de una cuarta mujer, que captaba a mujeres de su país para posteriormente introducirlas en la explotación ovina.

Intervinieron en la investigación las unidades UCRIF de Valladolid y BPEF de Burgos, que realizaron "gestiones operativas que permitieron confirmar la existencia de, al menos, tres mujeres extranjeras en situación de necesidad y vulnerabilidad que habrían sido captadas para ser explotadas laboralmente en una finca de explotación ovina".

Esto llevó a una actuación inspectora conjunta con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid que terminó detectando que había "dos trabajadoras en la explotación ganadera en situación administrativa irregular y bajo unas condiciones abusivas que rozaban la semi esclavitud". La situación era tan extrema que se alojaban "hacinadas en condiciones de insalubridad en una infravivienda aneja a la granja vivienda que carecía de calefacción, calentándose a través de una estufa de leña".

Modus Operandi La "contratación" de trabajadoras irregulares y las condiciones de explotación a las que eran sometidas constituía un procedimiento habitual en el actuar de clan familiar, la explotación de la primera víctima data del año 2020, este modus operandi resultaba muy rentable para este clan familiar, ya que el beneficio personal se elevaba exponencialmente al reducir los gastos y costes derivados de contratar trabajadores cumpliendo lo estipulado en la legislación laboral vigente. Durante la investigación ha resultado patente la situación de vulnerabilidad de las víctimas, extranjeras irregulares, sin domicilio ni estudios, careciendo de personas de confianza en nuestro país, en muchas ocasiones desconociendo el idioma y las Leyes vigentes, con cargas familiares en sus países de origen que les llevaba a tener que aceptar cualquier las condiciones impuestas.

La Subdelegación explica que han ofrecido y proporcionado a las víctimas identificadas "todos los servicios y recursos disponibles de atención y protección especializados, en aras de garantizar su protección y seguridad" y recuerda que existe una línea telefónica para alertar de este tipo de delitos: 900 10 50 90.