La reforma de la antigua sede de Hacienda en Valladolid se encarece 2,8 millones y se dilata seis meses

La Junta de Castilla y León tiene que desembolsar casi tres millones de euros más de lo previsto para completar la rehabilitación del edificio de Hacienda de la plaza de Madrid porque los 14 millones que se habían consignado no son suficientes para afrontar la reforma del inmueble debido a «causas imprevistas», referidas a problemas de cimentación y estructura, que se han detectado durante el desarrollo de unos trabajos de remodelación que se dilatarán seis meses más de lo estipulado.

Según se acordó en septiembre de 2022, cuando se formalizó el contrato con la constructora San José, la cuantía para la transformación integral de la histórica edificación se cerró en 14.081.980 euros , como se puede observar en los carteles dispuestos en la vía pública, pero en una reciente modificación presupuestaria se ha aprobado un ‘extra’ de 2,8 millones . Así que, después de este añadido, el total se cifra en 16.887.789 euros . Prácticamente un 20% más respecto a los cálculos iniciales. 

La justificación son «circunstancias sobrevenidas e imprevisibles» cuando se licitó el contrato, «originadas por el inaccesible conocimiento previo de vicios ocultos del edificio y de su realidad constructiva de imposible previsión cierta en el momento de redacción del proyecto arquitectónico, y que hace inviable la ejecución de la obra en los términos previstos». 

Es decir, durante el desempeño de los trabajos de rehabilitación se han encontrado problemas que no se habían detectado en el estudio que se realizó antes de que arrancaran las obras, relacionados con la «necesidad de resolución constructiva de patologías ocultas» y con la «mejora de la estabilidad estructural del inmueble». 

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Esto implica no sólo un mayor desembolso, sino también la necesidad de más tiempo para completar las obras. Y es que, aunque la previsión era que la rehabilitación del edificio se terminara a finales de marzo de 2025, ahora la nueva fecha apunta a finales de septiembre de 2025 . Esto es, seis meses más . 

Según explicaron fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda, que pilota este proyecto, «se trata de un edificio construido hace cerca de cien años, del que no consta el proyecto de ejecución original ni están documentadas todas las actuaciones que desde entonces se han podido acometer por parte de sus diferentes propietarios». 

Estas circunstancias, añadieron, «imposibilitaron conocer el estado real y detallado de la estructura y cimentación del edificio hasta el momento mismo de comenzar su rehabilitación, percibiéndose en ese momento la existencia de vicios ocultos , materiales deteriorados, soluciones constructivas mal ejecutadas y heterogéneas, cuya correcta solución ha requerido de la redacción de un nuevo proyecto modificado y consiguiente modificación del contrato de obra».

En concreto, fue en mayo de 2023, poco tiempo después de comenzar los trabajos de rehabilitación, cuando la constructora encargada de los mismos elaboró un escrito solicitando una modificación de las condiciones, tanto económicas como de plazos, «atendiendo a causas imprevistas ». Entonces la Junta autorizó la continuidad provisional de las faenas, amplió el plazo de ejecución en cinco meses, aprobó un gasto añadido de 2,4 millones de euros y encargó a la UTE G. Cabanillas - Ábalo una nueva redacción del proyecto para abordar el requerimiento. 

Esta unión temporal de empresas de arquitectura e ingeniería a la que recurrió la Junta para la modificación es la misma que se había alzado con el contrato –por 361.300 euros, en noviembre de 2019– para elaborar el proyecto básico y de ejecución, y para que se encargara de la dirección facultativa y de la coordinación de seguridad durante las obras de rehabilitación integral.   

Y han sido estos arquitectos e ingenieros los que finalmente han concluido que serán necesarios seis meses más de intervención (y no cinco) y quienes han considerado que, además de los 2,4 millones que ya había sumado la Junta, habrá que añadir casi 367.000 más. Por eso el ‘extra’ que va a necesitar la reforma asciende en total a 2,8 millones de euros y el global de la intervención en el edificio roza los 16,9 millones.

La importante inversión –sufragada con un ‘pellizco’ de 6 millones de euros procedentes de fondos europeos – servirá para modernizar esta histórica edificación de 7.203 metros cuadrados erigida en 1930, y trasladar allí a 300 funcionarios , según ha calculado la Junta, aunque sin determinar qué servicios se mudarán hasta la céntrica sede. La idea, en todo caso, es que la renovación de estas instalaciones permita «albergar un uso administrativo general» y agrupar así «organismos y unidades funcionales dispersas». 

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Aún falta, y el trabajo es arduo, porque el inmueble presentaba un «estado general de deterioro constructivo y de acabados en el interior, así como de precariedad y obsolescencia en la dotación de instalaciones». En la propia memoria de intervención, la UTE de arquitectura e ingeniería reconocía incluso que su estado de conservación era «lamentable» , por lo que hacía falta una importante inversión para modernizarlo y  poder aprovechar las instalaciones para uso administrativo, después de una década sin actividad .  

Y es que, desde que el Gobierno central trasladara la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valladolid a la avenida de Salamanca y permutara esta propiedad al Gobierno autonómico en el año 2014, las puertas del edificio con acceso desde la plaza de Madrid y laterales en las calles Dos de Mayo y Muro, han permanecido cerradas, a la espera de una intervención que le permitiera volver a ser útil .

Gracias a la reforma, en el semisótano se va a construir un auditorio de 123 metros cuadrados , habrá vestuarios, salas de archivo, zonas de mantenimiento y algún despacho. En la planta baja, por su parte, se han proyectado varias salas de espera, despachos de diferentes tamaños, salas de reuniones, mostrador de atención al público y zona de reprografía, mientras que en resto de plantas se dispondrán sobre todo unidades administrativas con despachos y salas de reuniones de diferentes dimensiones.

La actuación abarca también la renovación de la carpintería, la instalación de tres nuevos ascensores, la ejecución de una rampa en la puerta de acceso, o la instalación de placas solares fotovoltaicas y térmicas en la cubierta de la tercera planta, pues el objetivo es lograr la máxima eficiencia energética y que su consumo sea «casi nulo» . 

«Las actuaciones constructivas previstas afectaran a reconocimientos globales y refuerzos puntuales de la estructura, reacondicionamiento de espacios administrativos interiores, dotación de instalaciones y equipamientos tecnológicamente avanzados y reconocida eficiencia y eficacia energética, mejora de las condiciones de aislamiento térmico y acústico de cerramiento exteriores,.... que puedan hacer calificar al edificio terminado y ocupado como avanzado en términos tanto medioambientales, tecnológicos, constructivos y ergonómicos », resaltó la Junta.

Sin olvidar que la intervención servirá para eliminar los elementos añadidos a lo largo de su historia, pero que no figuraban en el diseño original del arquitecto Manuel Cuadrillero Sáez, como los volúmenes ubicados en la terraza de la tercera planta, porque consideran que suponen una distorsión respecto al resto del inmueble, y el pequeño torreón situado en la terraza del patio interior, que se creó para dar acceso independiente a la vivienda del conserje.

Una vez finalizadas las obras, la Junta tendrá que determinar qué servicios se trasladan a estas dependencias , para ahorrarse el alquiler de locales repartidos por diferentes puntos de la ciudad. Aunque hace años se barajó la remodelación de la antigua sede de Hacienda con el objetivo de ubicar allí la sede de la Consejería de la Familia –la única consejería sin sede en propiedad–, hoy en día se ha descartado esta posibilidad, puesto que la Junta está en vías de construir un bloque en Arturo Eyries .