Perla Negra, despilfarro de 23 millones a orillas de Valladolid

Arranca el macrojuicio por la mayor supuesta trama de corrupción en Castilla y León. La Perla Negra . Tras once años de investigación y catorce después de que tuvieran lugar los hechos que han llevado al banquillo a la ex cúpula de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León durante los años 2005-2012, acusada de prevaricación, cohecho, revelación y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración, un total doce acusados se sientan desde el día 26 de febrero en el banquillo .

El Ministerio Público  denuncia que la Junta pagó 23,6 millones de más por las operaciones de alquiler y posterior venta de la Perla Negra, y los terrenos del polígono ‘fantasma’ de Portillo .  Sólo la operación de la Perla Negra le supuso al Gobierno autonómico un agujero de más de 20 millones. Una cantidad al que debe sumarse el desvío de dinero público  desde las arcas públicas en el caso de los terrenos de Portillo, que sumarían en torno a los 3,4 millones, en palabras del fiscal.

La puesta en escena en el Palacio de Justicia de Valladolid será la de los grandes eventos judiciales. Acusados, abogados de la defensa y acusadores coparán la sala de vistas. Los medios de comunicación seguirán el desarrollo del plenario a través de una sala de prensa virtual de YouTube y hasta 90 testigos (entre ellos el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo) y peritos desfilarán en el maratoniano juicio de 26 sesiones en un plazo de 70 días. Es el mayor en duración en la historia judicial reciente de Valladolid.

No es la única excepcionalidad, ya que, al contrario de la tradicional dinámica de los juicios, los acusados declararán en último lugar «a fin de garantizar mejor el derecho de defensa dada la complejidad y especiales características de este procedimiento», acordó la Sala.

A partir del 11 de abril

La previsión es que las cuestiones previas ocupen los tres primeros días de juicio. Posteriormente, comparecerán los 90 testigos y peritos propuestos por las diferentes partes, comenzando por las acusaciones y terminando por las defensas. Tras ellos, previsiblemente, a partir del 11 de abril, tendrán lugar las declaraciones de los 12 acusados . Después, se desarrollarán las pruebas documentales, las conclusiones definitivas, los informes de las partes y la última palabra de los acusados.

En estos días van a sentarse en el banquillo los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado Núñez y Begoña Hernández Muñoz ; el exconsejero delegado de Gesturcal-Ade Parques, Juan Carlos Sacristán Gómez ; el administrador de la promotora Urban Proyecta, Germán José Martín Giraldo ; el director gerente de Gesturcal Salvador Molina Martín ; el director financiero de esta sociedad, Francisco Armero Gutiérrez y Ángel Román Montes López , también de Urban Proyecta.

Con ellos serán también juzgados Alberto Esgueva Gutiérrez , actual empresario y exdirector de la División de creación de empresas e internacionalización de servicios de ADE ; su hermano Francisco, presidente del consejo de administración de Cementos La Bureba y fundador de Parque Empresarial Portillo con Luis Ángel Rodríguez Herrero , administrador; Luis Antonio Recio García , vocal y Carlos González Maestro , que fue secretario de dicha sociedad.

Se da la circunstancia de que tres de los procesados, el ex viceconsejero de Economía, Rafael Delgado , y los empresarios Francisco y Alberto Esgueva y José Martín Giraldo , figuran también encausados en la denominada ‘trama eólica’, causa que aún no tiene fecha de juicio.

El camino hasta la celebración de juicio ha sido tortuoso y muy prolongado en el tiempo, lo cual hace planear que las defensas planteen posibles alegaciones de dilaciones indebidas cuando no prescripciones. Tras siete años de diligencias, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid, César Gil Margareto , dictó en febrero de 2019 el auto de imputación, en el que redujo la lista original de casi una treintena a doce imputados. Se trata de cinco excargos de la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo –de los tiempos del consejero y vicepresidente de la Junta, T omás Villanueva , también investigado pero que falleció durante la instrucción–, y siete empresarios afines al Gobierno regional que se habrían beneficiado de las operaciones.

Todo estaba aparentemente listo para que el juicio arrancase el 14 de marzo de 2022, pero ni siquiera echó a andar, ya que las defensas, en la misma sala de vistas de la Audiencia de Valladolid, alegaron que faltaban documentos y por lo tanto se podría producir una vulneración del derecho de defensa.

La queja fue tan contundente, que prácticamente sobre la marcha el tribunal decidió devolver la causa al juzgado instructor para que completase los archivos que no habían llegado a los abogados. Meses después, la causa de 12.000 folios volvió, esta vez completa, a la Audiencia de Valladolid, tribunal que en noviembre de 2023 fijó para el 26 de febrero el inicio del macrojuicio.

Petición de 79 años

En la causa de la Perla Negra y los terrenos de Portillo, la petición de cárcel de la Fiscalía para los 12 encausados suma 79 años , frente a los 221 solicitados por el PSOE de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 que pide globalmente la Junta (acusación particular) para ocho de los doce investigados.

En el caso de la Fiscalía, las penas más elevadas se solicitan para la ex cúpula de la Consejería integrada –junto con el fallecido Tomás Villanueva– por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández.

Pide para cada uno de ellos 11 años de prisión por los presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, revelación de secretos; otro de tráfico de influencias y dos más por cohecho y fraude a la  administración. Rafael Delgado y Begoña Hernández son, junto con Alberto Esgueva, a quienes más delitos se les imputan, seis en concreto.  Y les reclama más de 16,1 millones de indemnización por el daño causado a las arcas públicas por las operaciones de compra del edificio de Arroyo y los terrenos del polígono de Portillo que se desarrollaron entre mediados de 2005 y diciembre de 2011.

Delgado fue también presidente del Consejo de Administración de de ADE Internacional Excal entre octubre de 2003 y diciembre de 2007, y vocal del Consejo de Administración desde 2007 a julio de 2011.

El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía incide, en el caso de Delgado, que sus relaciones con Alberto Esgueva (exdirector de la División de Creación de Empresas e Internacionalización de Servicios de ADE y actúa empresario en Portillo),  no sólo fueron en el ámbito de  ADE, sino también de carácter personal/comercial, ya que compró a éste el 27 de enero de 2006 dos fincas en la calle Muelle de Santander que Alberto había adquirido el día 1 de ese mes. No fue la única operación inmobiliaria. El 27 de diciembre de 2006 compró un chalet a a esposa de Esgueva en El Pichón. 

La actividad frenética de adquisición de inmuebles no se aplacó para Delgado. También compró una vivienda en el paseo de Zorrilla a través de su sociedad Samuño Activos. El piso había pertenecido a otro acusado, Ángel Román Montes , de Urban Proyecta. 

Para el ex director de la División Internacional de ADE, Alberto Esgueva, la Fiscalía solicita 6 años de cárcel y de inhabilitación. El PSOE, 34 años de cárcel y 105 de inhabilitación , mientras la Junta su absolución al no constar en la causa del ‘palacete’ y carecer de sentido su implicación.

Al que fuera administrador de Urban Proyecta, Germán Martín Giraldo, la Fiscalía reclama 6 años de cárcel e inhabilitación. La Junta 11 meses de prisión y multa de 10 millones. El PSOE eleva su petición a 34 años de cárcel y 105 de inhabilitación .  

La petición de la Fiscalía para Ángel Román Montes es de 6 años de cárcel, la Junta la rebaja a 9 meses de prisión y el PSOE la eleva a 18 años . 

Para el industrial Luis Ángel Rodríguez, la Fiscalía solicita 6 años de cárcel, la Junta la eleva a 9 y el PSOE a 10 años y 6 meses . En el caso del ex director gerente de Gesturcal, Salvador Molina, la Acusación Pública reclama para el ex director gerente de Gesturcal cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación . El PSOE eleva su petición a 11 meses y medio y a 45 años de inhabilitación para el también ex director general de Proyectos de Polígonos Industriales. La Junta no pide ninguna pena.  

Polígono de portillo

La Fiscalía pide para el empresario Francisco Esgueva (Cementos La Bureba y parque empresarial Portillo) una condena de 10 años y seis meses y solicita 21 años de inhabilitación para recibir subvenciones y contratos públicos. La Junta pide para él nueve meses de cárcel y 2,5 millones de euros, mientras que el PSOE solicita  10 años y medio y 21 años de inhabilitación.  

En el caso del director Financiero de Gesturcal, Francisco Armero, el Ministerio Fiscal solicita cuatro años de prisión para este industrial investigado y el Partido Socialista reclama 11 años y seis meses de cárcel .  Para Luis Antonio Recio (parque empresarial de Portillo), el acusador público interesa seis años de cárcel para este industrial, la Junta reclama nueve meses y el Partido Socialista 10 años de cárcel .  Por último, para el consejero de Parque Empresarial Portillo y asesor en Urban Proyecya PM3, Carlos González Maestro, el Ministerio Fiscal pide 6 años de prisión para este empresario, la Junta nueve meses y el PSOE 10 años y 6 meses .