A juicio por presentar falsos informes de positivo en Covid para retrasar su desahucio
Los acusados son padres de la exedil de Bobadilla condenada por estafa / El fiscal pide cuatro años de prisión para ambos por estafa y falsedad de certificación
Audiencia de Valladolid. -E.M.
La Fiscalía de Valladolid pide cuatro años de prisión por un delito de falsedad de certificación y otro de estafa para dos sexagenarios por aportar falsos informes de positivo en Covid con el fin de retrasar el desahucio de la vivienda en la que residían en la comarca de Medina del Campo.
En el juicio que se celebrará el próximo 31 de enero en la Audiencia de Valladolid el Ministerio Público, en su escrito de calificación provisional sostiene que los acusados, una pareja formada por María Jesús C.M. de 60 años, y Francisco Javier F.S., de 63, exconcejal de Bobadilla del Campo , urdieron presuntamente un engaño para retrasar el desahucio en que el estaban inmersos y que se iba a ejecutar de forma inminente, tras un juicio por la causa 193/20 que se siguió en el Juzgado de Primera Instancia 3 de Medina del Campo.
Los acusados fueron detenidos por la Policía Nacional en Medina del Campo en mayo de 2022 por varios delitos de estafa por valor de 20.000 euros, usurpación de identidad y falsificación de certificados Covid , entre otros. Son padres de la que fuera exconcejal del Ayuntamiento de Bobadilla del Campo, Inés María F.S., que el pasado año fue condenada a dos años y tres meses de prisión por estafa y falsedad, después de tres intentos fallidos de juicio, por desplumar 10.000 euros a una vecina por ‘mediar’ en la retirada de un embargo.
Ahora los padres se sientan en el banquillo por otra supuesta estafa: simular ser contagiados para no tener que abandonar su vivienda . “Con el ánimo de demorar la recuperación de la posesión de la vivienda en la que residían por parte de la actora, confeccionaron varios informes de pruebas Covid-19 en los que hicieron constar que la PCR había dado positivo y los aportaron al procedimiento como justificante para que el lanzamiento programado no tuviera lugar”, recoge el fiscal en su escrito.
En concreto, la acusada, a través de su representación, presentó dos informes a su nombre de fecha de 4 y 18 de febrero de 2021 en los que se hacía constar que era positivo a coronavirus . El otro acusado aportó dos otros de igual fecha y contenido , que provocaron la suspensión de los lanzamientos señalados por el Juzgado para los días 10 de febrero y 3 de marzo de 2021.
La realidad era distinta, porque no estaban infectados. Recuerda el fiscal que, tras indagar en sus historiales médicos se comprobó los acusados se sometieron a una única prueba de Covid, el 24 de agosto de 2021, y en ambos dio resultado negativo. Por todo ello, la Fiscalía de Valladolid solicita, para cada uno, la pena de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 3.000 euros .