Empleo recuerda que "no tiene obligación" de financiar el Serla: "Si hubieran ahorrado, tendrían dinero"

La polémica en torno al Servicio Regional de Mediación Laboral de Castilla y León (Serla) sumó este lunes un nuevo capítulo cuando la Dirección de la Fundación elaboró un plan de contingencia ante la imposibilidad de citar a las partes de los conflictos por no disponer de fondos suficientes para pagar el servicio de Correos. Una situación límite ante la que ahora la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que dirige Mariano Veganzones ha salido al paso para recordar, a pesar de las reclamaciones que principalmente mantienen las organizaciones sindicales, que "la Junta no tiene obligación de financiar al Serla" y reprochar que "si hubieran hecho algún ahorro de los que se les han propuesto, tendrían dinero suficiente" .

De esta forma responde la Consejería a un plan de contingencia que, además, aseguran no haber recibido, y en que se detallaba que se facilitará a las partes un certificado de no celebración de los actos de conciliación para quienes lo deseen puedan acudir a la vía judicial. Sin embargo, desde Empleo responden que el departamento de Veganzones "está en plena capacidad de asumir todos los expedientes de mediación que el Serla no pueda , desde las Oficinas Territoriales de Empleo de Valladolid, tal y como se hace en el resto de provincias". Eso sí, aclaran que "para ello se necesita que desde Serla se decida derivar los expedientes que no pueden asumir a la Consejería, evitando así el perjuicio de los ciudadanos".

Por otro lado, y ahondando en esa negativa de que la Junta tenga la responsabilidad de financiar el Serla, también defienden que "cualquier organización, de ámbito público o privado, puede otorgar fondos al Serla y éste puede buscar vías alternativas de financiación" . Añaden, en este sentido, que el acuerdo sobre resolución de conflictos laborales (ASACL) "es de obligado cumplimiento para los firmantes -CEOE, CCOO y UGT-, no para la Junta".

En relación con el mencionado plan de contingencia anunciado por la Dirección del Serla, desde la Consejería de Empleo destacan que "el servicio administrativo de la Junta de Castilla y León de Mediación, Arbitraje y Conciliación está plenamente operativo en todas las provincias, y lo ha estado desde su creación, y puede realizar el servicio de mediación de los conflictos individuales  en todos aquellos procedimientos que los signatarios del ASACL decidan derivar a este servicio"

"Hay que recordar que los signatarios del ASACL modificaron el citado Acuerdo interprofesional en febrero de 2019 a efectos de establecer la exclusividad del SERLA para la tramitación de la mediación de los citados conflictos individuales", agregan.

A este respecto, apostillan que "por lo tanto, los signatarios del ASACL establecieron la obligatoriedad de la citada tramitación ante el SERLA, aunque no se aplica por ellos mismos nada más que en Valladolid, ya que  la mediación en conflictos individuales se sigue realizando, como siempre se ha hecho, por los servicios administrativos de la Junta de Castilla y León en el resto de las provincias , excepto en Valladolid, sin que los signatarios del ASACL se hayan pronunciado en materia de exclusividad, como así se han pronunciado en la provincia de Valladolid".

"En resumen,  los servicios de mediación de la administración de Castilla y León están en disposición de atender todos aquellos procedimientos que sean oportunos , al igual que se realiza en el resto de las provincias, siempre y cuando desde los firmantes del ASACL no se ponga impedimento para ello", concluyen.

"Gestión majadera"

Más allá de la respuesta de la Consejería de Empleo, uno de quienes se ha hecho eco del plan de contingencia del Serla ha sido el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien a través de la red social 'X' ha responsabilizado del mismo al departamento de Veganzones. "Creo que se puede afirmar sin menor temor de equivocarse que la gestión de empleo de la Junta de Castilla y León es la más nefasta, auto-lesiva, sectaria y majadera, de todas las ejecutadas por cualquier administración pública española desde 1978", ha lamentado.