El Gobierno frena el centro de refugiados de Valladolid por la negativa municipal a ceder el suelo

La negativa del Ayuntamiento de Valladolid respecto a la cesión de un suelo municipal  junto al hospital Río Hortega para construir allí un centro de refugiados , ha llevado al Gobierno central a paralizar el expediente , que ha quedado en 'stand by', a la espera de aclarar si el Ejecutivo buscará otra ciudad en la que levantarlo o si, quizá, puede retomarlo más adelante en el terreno de la calle Dulzaina, en caso de que finalmente el Consistorio se pronuncie de forma favorable, después de meses sin dar el paso definitivo . 

Continúe aquí o no, lo cierto es que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha echado el freno al proyecto y no ha formalizado el contrato con la unión temporal de empresas que debía encargarse de diseñar el futuro edificio –de 7.000 metros cuadrados sobre un solar de 10.381–, «al haberse interrumpido por parte del Ayuntamiento de Valladolid el procedimiento de cesión definitiva de la parcela destinada a la construcción del CAPI» , recoge un documento oficial en referencia a este Centro de Protección Internacional.

En concreto, el pasado 11 de septiembre de 2023 tenía que haberse rubricado el contrato con los arquitectos seleccionados para realizar el proyecto de las nuevas dependencias, pero el órgano de contratación, es decir, el citado Ministerio, no llegó a firmarlo. Varias semanas después, el 20 de noviembre, «se recibe la memoria justificativa aportada por la unidad responsable del contrato haciendo constar la necesidad de proceder a la no celebración del mismo, ante la imposibilidad de ejecutar la prestación que constituye su objeto». 

En la práctica, significa que el Gobierno central no puede continuar avanzando con la construcción del centro de refugiados de Valladolid y paraliza su tramitación porque el Ayuntamiento tiene bloqueado su desarrollo . Y es que el anterior equipo de Óscar Puente realizó una cesión provisional del suelo, pero sin la cesión definitiva no se puede continuar, y el nuevo equipo liderado por Jesús Julio Carnero se resiste a despejar la incógnita .

En todo caso, aunque el concejal de Urbanismo, José Antonio Zarandona, haya reiterado en varias ocasiones que el Ayuntamiento tiene que realizar una «reflexión pausada» y que dispone de plazo hasta septiembre de este año para responder, la reciente decisión adoptada por el Ministerio inclina la balanza hacia el ‘no’ . De hecho, la cancelación del contrato para la redacción del proyecto constructivo incluye también la cancelación de la dirección facultativa de la obra completa y de las labores de coordinación de seguridad y salud durante el proceso de ejecución. Ya se ha acordado hasta la devolución de la fianza que habían depositado.

Era la unión temporal de empresas formada por Paredes y Rivas Arquitectos, Ana Isabel Jiménez y María de la O García quien debía encargarse de estos trabajos, por un precio de 223.850 euros (IVA incluido), según la adjudicación acordada en mayo de 2023 . Una fecha ya dilatada sobre las previsiones iniciales del Ministerio, porque el procedimiento tuvo que paralizarse después de la interposición de una ‘denuncia’ ante el Tribunal de Recursos Contractuales. 

Según la resolución de este órgano administrativo, se descartó que fuera Navarro Conde Arquitectos quien redactara el proyecto constructivo del centro de refugiados de Valladolid, como se había decidido al principio, y se eligió a la mencionada UTE. El expediente , por tanto, iba con retraso y esa demora, además, ha resultado ser clave .

Clave porque la primera adjudicación se realizó en diciembre de 2022 y, si no se hubiera producido la reclamación ante el tribunal –al que pueden acudir las empresas cuando se consideran perjudicadas en un procedimiento de contratación pública–, la formalización habría sido más ‘rápida’ (teniendo en cuenta el ritmo administrativo). Pero el requerimiento ante el tribunal paralizó el expediente, y la adjudicación definitiva a la UTE no llegó hasta mayo de 2023. Momento electoral . 

El resultado en las urnas dio un vuelco al gobierno municipal de la capital vallisoletana, y la construcción del centro de refugiados quedó en una especie de limbo, puesto que se trataba de un proyecto acordado con el Ministerio por la anterior corporación (PSOE y Toma La Palabra), pero es la nueva (PP y VOX) quien debe resolver el futuro de estas dependencias , pensadas para acoger a 200 refugiados. 

Además de este punto de inflexión marcado por los comicios, empezaron a alzarse voces en el barrio de Delicias en rechazo a la construcción del Centro de Acogida de Protección Internacional, porque consideraban que su instalación ocasionaría «problemas». Incluso vino personal del Ministerio al centro cívico de Canterac para explicar su funcionamiento y aclarar dudas, en una tensa reunión en la que los asistentes no dieron tregua y pidieron que, al menos, se proyectara en otro barrio de la ciudad. 

Cierto es que, para contrarrestar la posición contraria a la edificación del centro de refugiados en la parcela del barrio Nuevo Hospital-Delicias, surgió otro movimiento favorable formado por 47 colectivos, entre los que estaba el Arzobispado , que llegaron a firmar un manifiesto el pasado mes de noviembre en aras de meter prisa al Ayuntamiento para que diera el visto bueno a las dependencias. 

También el PSOE, ahora en la oposición, ha urgido al Consistorio para que se pronuncie, y ha recordado que su construcción estaba vinculada a los fondos europeos. Puesto que se trata de una partida finalista, que no puede aprovecharse para otro destino, el Ministerio tendrá que buscar otro emplazamiento si no quiere perder los 17 millones consignados para el centro de refugiados previsto en Valladolid. Porque aquí la puerta parece prácticamente cerrada.