Ratifican la condena de 21 años de cárcel al vallisoletano que asesinó a cuchilladas a su camello en A Coruña
El TSJ de Galicia ha confirmado la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña tras recurrir alegando que no estuvo en la casa de la víctima, donde ven "múltiples indicios de culpabilidad"
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que condenó a 21 años de cárcel al vallisoletano Miguel Ángel A.P. Este maquinista de Renfe asesinó de 19 puñaladas, a su camello Francisco Javier L.F. para evitar que le reclamara el dinero, cerca de 3.000 euros.
Los hechos sucedieron en septiembre de 2021 en la vivienda del barrio de las Flores de A Coruña en la que residía la víctima. Los magistrados, han rechazado que se vulnerase el derecho a la presunción de inocencia del condenado, tal y como alegó su defensa, que llegó a plantear que el vallisoletano nunca llegó a entrar en el domicilio de la víctima.
Los jueces subrayan que lo que la defensa pretende, en realidad, es “imponer su valoración de la prueba respecto de la que fue efectuada por el jurado en su veredicto y por el magistrado presidente en su sentencia”, todo ello “sin tener en cuenta que la potencia probatoria radica en la interrelación de los indicios plurales, que se refuerzan mutuamente en la medida en que apuntan en la misma dirección”.
“De ninguna manera pueden compartirse las tesis de la defensa, pues la multiplicidad de indicios existentes en la causa y su combinación temporal, espacial y lógica permiten sostener la conclusión del jurado como prevalente sobre la alternativa propuesta”, destaca la Sala en la resolución, en la que asegura que “la labor del jurado ha sido exhaustiva y, en absoluto, arbitraria en sus planteamientos y en sus razonamientos, muy alejada en cualquier caso del vicio procesal que le atribuye la defensa”.
Además, añade que la opción consistente en que otra persona hubiese dado muerte a la víctima es “altamente improbable, por mucho que algunos de los indicios no plenamente acreditados por prueba directa puedan apuntar a otros hipotéticos escenarios, mientras que la versión judicial de los hechos constituye sin duda la tesis prevalente a la luz de la potente prueba practicada, plagada de convergentes indicios unidireccionales”.
Ahogado por las deudas
En el momento de los hechos, septiembre de 2021, el vallisoletano Miguel Ángel A. P. trabajaba como maquinista de Renfe en A Coruña pero malgastaba el sueldo en su adicción a la cocaína , de manera que su situación económica era «angustiosa», según consideró probado el jurado. No sólo debía dinero a la víctima (más de 3.000 euros), sino también a otros particulares, distintas empresas de crédito, comerciales y suministros.
Ahogado por las deudas, según el jurado, decidió matar a su camello Francisco Javier L.F. para evitar que le reclamara el dinero . Era el 23 de septiembre de 2021. El encausado concertó una cita con Francisco Javier , a quien conocía desde hacía años, A las 10.31 horas, la víctima telefoneó al encausado y mantuvo con él una conversación de escasos segundos. Media hora después, el investigado envió un mensaje a Francisco Javier en el que le decía: «Salgo para ahí».
Minutos más tarde se desplazó hacia el domicilio de Francisco Javier en coche y apagó su teléfono móvil haciendo imposible con ello su geolocalización. Sobre las 11.26 horas estacionó frente a la casa de Francisco Javier y accedió a la misma. Una vez en el interior, se abalanzó sobre la víctima y, «sin darle oportunidad de reaccionar ni defenderse, le asestó 18 puñaladas en la espalda y una más a la altura del esternón» , la más decisiva para causar la muerte, según relata el apartado de hechos probados de la sentencia 285/2023. El cadáver no tenía señales de lucha o defensa.
Luego, según quedó probado por la Policía, Miguel Ángel regresó a su casa cuidándose de no dejar rastro. El cadáver apareció el 30 de septiembre del 2021 –cuando llevaba una semana muerto– y el procesado fue detenido el 3 de noviembre de aquel año. Francisco tenía 53 años cuando murió y, como familia directa, solo tenía un hijo de 27, que es el que ejerce ahora la acusación particular.
En el juicio, el vallisoletano se declaró inocente y aseguró que el día del crimen acudió al domicilio de la víctima para pagarle la deuda por droga, pero no llegó a entrar porque no le abrieron la puerta. Afirmó que aguardó en la puerta entre 15 y 20 minutos con el dinero que debía pagarle hasta que decidió abandonar el lugar, dado que el narcotraficante no respondía a su llamada.
Aseguró que ambos tenían una relación más allá de las drogas, desde hacía 15 años, y que eran de un mismo grupo y con cierta amistad, además de que le hacía recados y le regalaba ropa para otras personas.
Respecto a los restos de su ADN encontrados en el escenario del crimen, el encausado argumentó que entraba en la vivienda de la víctima «habitualmente» y pasaba allí «en ocasiones, hasta tres o cuatro horas consumiendo».
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«Sin pruebas directas»
José Manuel Ferreiro, abogado defensor del vallisoletano alegó en la vista de apelación del pasado 9 de diciembre que no había pruebas directas de su presencia en el lugar del crimen. Pidió ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la absolución de su cliente al entender que «no hay prueba de ningún tipo de que hubiera estado en la casa esa mañana».
Según su alegato, el jurado tuvo en cuenta una serie de indicios que «no cumplen los requisitos que establece el Tribunal Supremo», por lo que cree que no debe haber condena. En cambio, el abogado de la acusación particular, Diego Reboredo, consideró que todos los hechos «están perfectamente acreditados» y «no son discutibles».
Y que estuvo en el interior de la casa lo afirmó un testigo. Esta persona declaró en el juicio que estaba asomado en la ventana el día del crimen y vio al procesado salir de casa de la víctima y cerrar la puerta con llave, lo que le sorprendió enormemente.
Otro testigo avaló en el juicio la existencia de una deuda de cocaína de Miguel Ángel con el fallecido. Así, manifestó que tenía constancia de que el último llevaba tiempo apremiando al acusado para que le devolviese 2.700 euros.
Con todo, el abogado de la acusación añadió que, en caso de que se descartasen los puntos que señala la defensa, «los indicios restantes son más que suficientes para mantener la condena». Así recordó que en la casa halló la Policía un paraguas que tenía en la punta de acero sangre de la víctima y en la tela el ADN del acusado. También que la Policía detectó una pisada en una mesa de centro junto al cuerpo y el acusado dijo que fue al cambiar una bombilla, «pero el caso es que no había ninguna lámpara sobre la mesa», apuntó el letrado acusador.
En la casa del fallecido también recogieron una colilla de un cigarrillo con ADN del acusado.