El juzgado archiva la investigación del explosión de gas de la calle Goya de Valladolid
El magistrado considera que la deflagración fue "accidental" por una fuga en la vivienda de la fallecida
No hay responsabilidad penal en la explosión de gas que se produjo el pasado 1 de agosto en el número 32 de la calle Goya y que causó la muerte de Teresa Bergondo, de 53 años , la residente en el piso primero C, el lugar de la deflagración, además de otras 14 personas heridas. En un auto conocido ayer, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid concluye que la explosión fue el piso 1º C y tuvo un carácter accidental, sin que se aprecien por tanto indicios de delito, pro lo que acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones, aunque deja abierta la posibilidad de que los afectados acudan a la vía civil si así lo consideran. «La etiología del siniestro es accidental, no otra . Es por ello que no se aprecian indicios de delito, sin perjuicio de posibles responsabilidades civiles, a tratar en la jurisdicción civil», concluye el auto del juez José María Crespo, remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La decisión del juez se basa en el informe elaborado por la Brigada Provincial de la Policía Científica, que el magistrado considera «detallado, profesional, prolijo» y «con un rigor muy destacable». En el informe se señala que el consumo de gas detectado en el 1º C por la empresa suministradora fue de 52 hectómetros cúbicos, cuando la media tanto para esta vivienda como para las demás con contrato era de 2,5 hectómetros cúbicos.
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El análisis de la conducción de gas de la vivienda en la que vivía la víctima reveló la existencia de «una ‘T’ con uno de los empalmes sin soldar», de donde el juez señala que fue «en la fuga por ese punto donde se sitúa el origen de la explosión, dado que el gas fluye a presión baja, y no es fácilmente detectable» . A renglón seguido, y a la vista del informe judicial, el juez añade que «no falló en años, pero por la colocación de encimera nueva se pudo producir la pérdida de estanqueidad de la conducción». Para dar una idea de la magnitud de la explosión, el auto del juzgado revela también que la ventana de la habitación derecha de la vivienda en la que se produjo la explosión fue desplazada a más de 80 metros de distancia .
La instalación de gas en el 1º C se realizó en el año 2000, pero el juez recoge en el fallo que no se realizó «la prueba o simulación de presión (a unos 16 bares) que habría hecho saltar el tubo no soldado». Tampoco consta, prosigue el juez en su auto, registro de datos entre el año 2000 y el 2012 «sobre quién pudo modificar la instalación en su caso, con la ausencia de soldadura». Explicaciones que vienen a demostrar el carácter «accidental» de la explosión y que, por tanto, descartan el ilícito penal. «A partir de este momento se podrá discutir si existe responsabilidad de la suministradora, instaladora, empresa de mantenimiento, de quien dependía comprobar las revisiones o realizar las inspecciones oportunas, etc.», puntualiza el titular del juzgado.
El auto, contra el que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días ante el propio Juzgado y de apelación en el de cinco, recoge que, «a la vista del contenido del informe sobre instalación, reforma, mantenimiento, revisiones, con posibles responsabilidades no penales, procede remitir testimonio del mismo a la Consejería de Industria, Comercio y empleo de la Junta de Castilla y León, para actuación administrativa, y al Ayuntamiento de Valladolid, en relación al local de uno de los bajos del edificio». Más allá de las consideraciones legales, el juez destaca que «la labor de investigación policial ha sido ardua», lo mismo que la actuación de los bomberos y el resto de los técnicos «a la hora de asegurar el edificio y determinar su viabilidad».
Cinco meses después de la explosión, los afectados que sufrieron más daños en sus viviendas todavía no han podido volver a casa. En las ultimas declaraciones del concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, el pasado 14 de noviembre, el edil dijo que «el plazo para que los dueños e inquilinos puedan acceder a sus viviendas no será ya muy largo» y añadió que «se buscarán presupuestos y acometerá con rapidez su reparación», aunque recordó que todavía no había « conclusión definitiva por parte de la policía científica». Unas conclusiones que ahora ya se conocen.
Zarandona se mostró optimista y señaló que «la estructura puede llegar a ser reparada y valorando la caja de escaleras, la mitad del inmueble que se encuentra con daños menores se puede llegar a habilitar por las aseguradoras» . El edil apostó por «una recuperación del edificio, ya que por un lado es lo mas rápido y económico que da mejor solución». El concejal realizó las declaraciones el mismo día que regresaban a sus viviendas los afectados por la explosión de gas que se produjo el 29 de agosto, apenas tres semanas después de la de Goya, en la calle Juan de Valladolid, en el barrio de Parquesol, y que dejó también un fallecido Diego H. H., de 57 años, quien resultó herido de gravedad y murió en el hospital dos semanas después.