La inspección municipal destapa 3,8 millones por tributos evadidos en Valladolid

El Servicio de Inspección Tributaria del Ayuntamiento batirá este año el récord de recaudación por impago de tributos municipales . La campaña de inspección de 2023, a falta de los datos de los dos últimos meses, suma ya 537 actas y sanciones por un importe de 3,8 millones de euros , el doble que los 1,9 millones de todo 2022. Es un dinero que no se ingresó  por parte de  los contribuyentes, personas y empresas, y que ahora destapa la inspección en el rastreo que realiza todos los años en busca de quienes evaden sus responsabilidades con el fisco local.

La campaña de la concejalía Hacienda persigue la detección de errores en el pago de tributos , pero también a los morosos que tratan de ahorrarse una parte de lo que les corresponde pagar al Ayuntamiento. El resultado entre enero y noviembre arroja la apertura de 366 actas y 171 expedientes sancionadores, la mayoría de estos últimos por  no abonar la deuda tributaria procedente de una autoliquidación y, en menor medida, por  no atender un requerimiento.

Son dos los tributos que suelen alternarse a la cabeza por el volumen de lo recaudado, el impuesto de actividades económicas, IAE, y el impuesto de construcciones y obras, el ICIO , y es este último el que va por delante con diferencia. El ICIO y las tasas por servicios urbanísticos son dos de los tributos fijos que están cada año bajo la lupa de la inspección y, por ahora, ocupan el primer lugar por la cuantía de las irregularidades detectadas, con 78 actas abiertas y un importe de 1.768.345 euros .  El objetivo de la investigación en el caso del ICIO es comprobar que la base imponible del impuesto se corresponde con el coste real efectivo de la construcción, instalación u obra realizadas, con el fin de conseguir la correcta liquidación. 

La inspección suele centrarse no en las pequeñas obras de particulares, sino en intervenciones de cierta envergadura , por lo general realizadas por empresas, para detectar si hay desviaciones en partidas relevantes que no se reflejan en el presupuesto  o si existen modificaciones de las calidades en la obra o en los sistemas constructivos que tengan una incidencia significativa en la cantidad que se declara y en base a la que se fija el tributo.

En el caso del IAE, el segundo con mayor morosidad,  con 137 actas abiertas y un importe de 1.343.920 euros , el objetivo es siempre el mismo: comprobar que la actividad por la que se tributa se corresponde con la que se presta y que el titular del negocio paga por la superficie real que tiene el establecimiento y por la potencia energética instalada, elementos que sirven para fijar la cuantía a ingresar.  

La inspección suele realizarse en  centros comerciales y grandes superficies , tras detectarse que en algunos casos no están actualizados los metros cuadrados por los que se paga, pero también en empresas con naves de dimensiones importantes para verificar que se tributa por la superficie real del inmueble. 

La investigación requiere de un trabajo complejo de medición de los locales, tanto de la superficie total como del reparto por actividades, ya sea de almacén, aparcamiento y depósitos exteriores. Los datos se cotejan luego con los planos aportados por las empresas y los extraídos del catastro. Para determinar los epígrafes por los que debe tributar la empresa  se toman fotografías, con el fin de determinar la actividad o actividades a las que se dedica, y se contrastan con las que figuran en la página web de la titular del negocio.

Aunque no todos los años se inspeccionan todos los tributos locales,  uno que suele ser también habitual en todas  las campañas es el vado , en este caso para detectar entradas de vehículos que no pagan la correspondiente tasa. Aquí la investigación va por barrios y se centra cada ejercicio en una zona. Valga el ejemplo de 2022, ejercicio en el que se repitió la inspección realizada hacía cuatro años en La Overuela, Las Villas, Girón, el Pinar de Antequera, Las Flores, barrio de España, Arca Real y la calle Zúñiga para comprobar si los vados que no estaban entonces al tanto del pago de la tasa habían regularizado la situación. Cuatro años después, todavía había propietarios que no habían solicitado el vado.  En la campaña vigente son   103  las actas abiertas por una cuantía de 37.197 euros . Una cantidad  superior, 70.619 euros, se recaudó por impago de la tasa por ocupación de la vía pública con obras, vallas y andamios.

Además de los vados, la inspección municipal tiene entre sus cometidos habituales de cada año la persecución de la picaresca que se da con la exención del impuesto de vehículos para personas con minusvalía . La tarea en este caso se centra  en detectar a aquellos usuarios que se aprovechan, de forma indebida, de la exención tras fallecer el beneficiario titular, que arroja la apertura de 16 actas por un importe de 5.531 euros. Además de las 366 actas, la inspección impuso 171 sanciones por una cuantía de 623.054 euros .

Sumado todo, el importe  de las irregularidades detectadas en los diez primeros meses asciende a 3,8 millones, muy  por encima de los 1,9 millones de 2022 y  supera con creces  los 1,4 millones de 2021 y  los 1,3 millones de 2019.  Con dos meses sin contar todavía, todo apunta a que hasta final de año se alcanzarán los 4 millones. 

El concejal de Hacienda, Francisco de Paula , señala que «tanto en los informes y recomendaciones de la AIReF como en el propio informe del Interventor General  se señala la complicada situación económica heredada y se insiste en el aumento de los ingresos no financieros». Añade el edil que «a la vista de los resultados que arroja el servicio de Inspección Tributaria» han decidido «prestarle una especial atención, a fin de que todos los ciudadanos cumplan sus obligaciones en condiciones de igualdad: sin sobrecargar el esfuerzo sobre determinados contribuyentes, distribuyendo equitativamente la carga fiscal sobre el conjunto de los vecinos» .

De Paula  aprovecha para subrayar que este año han «decidido mantener todos los tipos impositivos, conservar un amplio abanico de bonificaciones fiscales y renunciar a la creación de la tasa de basuras , que el anterior equipo de gobierno municipal iba a imponer para 2024 erigiéndose Valladolid como una de las ciudades con los tipos impositivos más bajos en comparación con los municipios del mismo tamaño.   Sobre la tasa de basura, fue suprimida por el anterior equipo de gobierno en 2016 y ahora la Unión Europea obliga a recuperarla antes de 2025.