El PSOE lleva al juzgado la plaza de 'alcalde B' para el coordinador político creada por Carnero

El Grupo Municipal Socialista ha interpuesto este martes un recurso contencioso-administrativo demandando la anulación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid en la sesión celebrada el día 21 de agosto de 2023, en virtud del cual decidió modificar la Relación de Puestos de Trabajo para incorporar el puesto de 'Director/a de Coordinación de Política Pública'  y para crear un puesto de 'Secretario/a de puesto de Habilitación Nacional o de Dirección de Área'  y que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del siguiente día 1 de septiembre.

Según remiten en un comunicado, consideran que este órgano de nueva creación "no está justificado ni contemplado en las normas que regulan la Administración Municipal" . Por ello, el PSOE ha decidido "dar un paso más para defender los intereses generales de la ciudad y evitar el despilfarro que provocará la decisión de Carnero de crear un 'alcalde B'" , con un gasto de 627.048 euros a lo largo del mandato (156.762 euros anuales).

Los socialistas argumentan, en función de los fundamentos jurídicos, que el puesto de 'Director de Coordinación de Políticas Públicas' no existe en el Reglamento Orgánico ni se acomoda a las previsiones del artículo 130 de la Ley de Bases del Régimen Local. “Estas funciones, que exceden de las propias de los Directores de Área, como reiteradamente se reconoce en el expediente, y que han justificado su mayor retribución, constituyen materialmente una delegación de las atribuciones del Alcalde contraria a lo dispuesto en los artículos 23.4 de la Ley de Bases del Régimen Local, 43 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales porque no recae en un concejal", explican.

Asimismo, señalan que en el artículo 140 de la Constitución se encomienda el gobierno y la administración municipal al Alcalde y a los Concejales como manifestación de la opción constitucional para una administración democrática, lo que ha llevado al Tribunal Constitucional a declarar que este precepto constitucional atribuye las funciones de gobierno y administración municipal al Ayuntamiento "compuesto únicamente por Alcalde y Concejales"  y exige, además, que "Concejales y Alcaldes sean elegidos democráticamente" , de modo que "otorga una especial legitimación democrática al gobierno municipal, tanto en su función de dirección política como de administración», lo que supone un "plus de legitimidad democrática frente a la profesionalización".

Por otro lado, aseguran que tampoco se ha emitido el informe de sostenibilidad financiera que exige los artículos 7.3 de la Ley Orgánica 2/2022, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y 23.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento. Mientras que, por último, consideran que el puesto ocupado por Indalecio Escudero  -como anticipó el Grupo Municipal Socialista en el mes de agosto- se produce tras un proceso de selección que "resultó ser una mascarada porque Carnero ya tenía decidido quién ocuparía ese puesto". "Se presentaron 15 aspirantes, pero el nombre y los dos apellidos eran 'vox pópuli' en Valladolid" , concluyen.