El Gobierno libera los 7 millones de fondos UE para la antigua sede de Hacienda de Valladolid
Las obras de la antigua sede de la plaza Madrid deberán concluirse a finales de 2024 para optar a las cantidades comprometidas por el Mitma para abordar la eficiencia energética en los edificios rehabilitados
Los trabajos continúan en la antigua sede de Hacienda de la plaza Madrid con la estimación de abrir el próximo año.- PHOTOGENIC
A medida que avanzan las obras para que la antigua sede de Hacienda de la plaza Madrid se convierta en un nuevo centro de la Administración autonómica, el Gobierno de España anunció ayer que liberará los casi siete millones de euros comprometidos al proyecto procedentes de fondos europeos, concretamente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Según se detalla en el convenio que publicó este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que recoge el acuerdo entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Junta de Castilla y León, los 6.738.351 euros movilizados van destinados a la eficiencia energética de algunos edificios cuya rehabilitación está proyectada en la Comunidad, entre ellos la antigua sede de Hacienda de la capital vallisoletana.
Los plazos que marca el departamento que dirige Raquel Sánchez indican que los trabajos deben estar adjudicados y concluidos antes de finales de 2024 para aquellos proyectos incluidos en la Fase 1 del programa, mientras que los que Figuran en la Fase 2 tienen de margen hasta el 31 de marzo de 2026. Según fuentes de la Junta consultadas por este periódico, en el caso del edificio administrativo de la plaza Madrid esto no debería ser ningún problema, ya que las actuaciones relacionadas con la eficiencia energética entran dentro de los plazos previstos.
Inicialmente, la previsión que manejaba la Junta de Castilla y León es que en marzo del próximo año este edificio ya pudiera alojar a los 300 funcionarios que desde él ofrecerán servicio a la ciudadanía. El objetivo es agrupar organismos y unidades funcionales dispersas y reducir las cargas en arrendamiento y la liberación de alquileres que actualmente se soportan. «Con la rehabilitación iniciada se conseguirá un edificio público que se integra perfectamente en el entono de centro urbano, reutilizar un inmueble emblemático y reactivar económicamente el centro de la ciudad», tal y como trasladó la Junta en el momento de inicio de las obras.
Pero más allá de este proyecto, el convenio suscrito entre Junta y Gobierno abarca la rehabilitación de otros inmuebles a lo largo y ancho de la comunidad autónoma financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con cargo a los fondos Next Generation. En total, 24,22 millones de euros dirigidos, precisamente, a actuaciones relacionadas con la eficiencia energética.
El objetivo de este programa es conseguir unas tasas de rehabilitación energética significativamente superiores a las actuales que permitan adelantar el cumplimiento de los objetivos de rehabilitación contemplados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE), informa Ical.
Las actuaciones que sean objeto de financiación deberán tener un carácter integrado, en el sentido definido por la Agenda Urbana Española, y responder a los criterios de sostenibilidad, inclusión y calidad estética previstos por la Nueva Bauhaus Europea. Las actuaciones que se ejecuten con cargo a los fondos transferidos se articulan a través de dos fases (Fase 1 y Fase 2), de forma que el coste estimado de cada una de ellas es la suma de los costes de sus respectivas actuaciones. En el supuesto de que finalmente, el coste definitivo de las actuaciones supere al presupuestado, dicho incremento correrá a cargo de la Comunidad.
Los edificios sobre los que se lleve a cabo la rehabilitación deben ser de titularidad pública . En el caso de que existiese un régimen de cotitularidad sobre el inmueble entre distintas Administraciones Públicas, se exigirá que la Comunidad ostente al menos el 51% de la propiedad. Además tienen que estar destinados a uso público, con exclusión de uso residencial vivienda pública (en todos sus regímenes), y mantenerlo destinado, al menos durante los próximos veinte años, al uso público, aportando a tal efecto el documento de Declaración Responsable firmado por el órgano competente. Además, su fecha de construcción tienen que ser anterior a 1 de enero de 2009.