Vecinos de Nuevo Hospital señalan que el centro de refugiados de Valladolid no les «aporta nada»

Repartir la solidaridad entre todas las zonas de la ciudad y que la inversión de 15 millones de euros se realice en servicios necesarios para el barrio. Son las principales demandas de la Asociación de Vecinos Nuevo Hospital ante la perspectiva de acoger un centro de refugiados en una parcela cedida por el Ayuntamiento. Un suelo de 10.381 metros cuadrados ubicado justo frente al Río Hortega , en la calle Dulzaina. La entidad, perteneciente a la Federación de asociaciones vecinales Conde Ansúrez, sostiene que si es necesario construir centros para refugiados, «que sean más pequeños y más repartidos, en beneficio tanto de las personas que vivan cerca de donde se construya, como de las que vivan allí, porque al final un centro tan grande es mucho más difícil de gestionar, de que luego esas personas se integren».

Así lo pone de manifiesto la presidenta de Nuevo Hospital, Laura Martínez. La asociación demanda que el dinero de esta inversión se utilice en otros servicios que necesita el barrio: «Demandamos más autobuses, más limpieza, y también que arreglen las aceras , que están todas levantadas. Este es un barrio que desde que se construyó, no se ha invertido en su mantenimiento ni en su desarrollo y lo único de lo que hemos tenido noticia de que se va a invertir es en esto», lamenta la representante de los vecinos.

El barrio cuenta con dos zonas urbanísticas de poca extensión, una de ellas denominada Canterac y la otra Zambrana, que los vecinos han agrupado con el nombre de ‘Barrio Nuevo Hospital’. La asociación vecinal argumenta, en contra de la construcción del nuevo centro de refugiados, que en la zona cuentan con varios centros asistenciales como el de menores, Zambrana , la casa de acogida Paulo Freire, y cerca está el complejo de viviendas de Las Viudas «que aunque no es lo mismo, todos sabemos la conflictividad que lleva aparejada», apunta. Centros como el Zambrana o el de acogida «no le dan, por ahora, ningún problema al barrio, aunque haya algún vecino que se haya quejado de alguna molestia de vez en cuando», reconoce Martínez, pero «la parte de solidaridad la cumplimos ya con creces en comparación con otros barrios», argumenta. «Si se habilitaran centros más pequeños y no dan problemas, sería una opción que se busquen otras zonas y no todo en la misma».

En cuanto al uso que los vecinos de Nuevo Hospital preferirían para la parcela que el Ayuntamiento está en trámite de ceder para la edificación del centro de refugiados, la asociación propone: «Es una parcela dotacional y puede tener muchos usos, educativos, sanitarios, asistenciales… Se puede construir un ambulatorio, porque el único que hay para cubrir Delicias; Ciudad de la Comunicación; Arcas Reales; todo lo nuevo de Artillería; Pinar de Jalón y Nuevo Hospital, que es bastante gente, es el de Juan Carlos Primero , el único. Si se hiciera otro ahí, podría descongestionar la atención sanitaria. O también se pueden hacer residencias de ancianos, que no hay en el barrio, o residencias deportivas, colegios, institutos, guarderías públicas... Un montón de cosas que no tenemos y que estaría bien que hubiera».

Beneficio vecinal

«Un centro público que fuera a elección de las autoridades, pero algo que redunde en un beneficio para la zona, porque otra cosa que nosotros decimos es cuál es el beneficio que va a traer aquí un centro de refugiados. ¿Cuál es el beneficio que va a traer a los vecinos? No lo encontramos», remarca Martínez. La asociación Nuevo Hospital presentó alegaciones en el periodo de exposición pública del trámite de cesión de la parcela. Al igual que presentó alegaciones la federación de la que forma parte, Conde Ansúrez, que tampoco está de acuerdo con la construcción del centro de refugiados en ese lugar. «Que quede claro que nosotros no estamos en contra de la construcción del centro de refugiados, sino de su ubicación en uno de los barrios más degradados de la ciudad como es el de Delicias», apunta en respuesta a este periódico la presidenta de la Federación Conde Ansúrez, Elvira Yáñez . 

La primera de las quejas de la entidad es que el anterior equipo municipal de Gobierno, el de Óscar Puente, ahora en la oposición, «no informó a la Federación ni a las asociaciones vecinales de la zona afectadas por el expediente», explica Yáñez. Además, el expediente «no informaba del número de personas a las que se prestaría atención» , aunque «de palabra» el Ayuntamiento habló de «entre 250 y 300 personas con familias».

Otro reproche de la Federación Conde Ansúrez se refiere a la gestión económica municipal, puesto que «el Grupo Tragsa efectuó una valoración de esa parcela en abril de 2023, que estableció en 1.878.518 euros, y sin embargo el Ayuntamiento contempla cederla gratuitamente al Ministerio» . Se trata una «pérdida económica para toda la ciudadanía de Valladolid», por lo que la federación demanda que sea abonado por el Ministerio el precio de valoración. También propone la entidad que se revierta la cesión gratuita y se aproveche la ocasión, junto a la Diputación y la Junta de Castilla y León, para llevar un centro de esas características a alguno de los muchos pueblos de la provincia o de la Comunidad en recesión demográfica, algo que esos pueblos «seguramente agradecerían y valorarían».

Radicalmente distinta es la visión de la otra gran entidad vecinal de Valladolid, la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado . Y es que ambas suelen defender posturas políticas opuestas en la mayoría de los principales asuntos de la ciudad. Su presidenta, Margarita García Álvarez , admite que no tienen ninguna asociación específica del barrio, pero sí la Asociación Familiar Delicias, «que no es exactamente la zona, pero esa parte no deja de ser Delicias». «Nuestro planteamiento es de apoyo al centro de refugiados. Esta federación siempre ha sido solidaria y receptiva con las necesidades de la gente más vulnerable y que más necesidades tiene», explica García Álvarez. 

Especialistas

«Creemos que es mucho mejor que esta gente tenga un sitio de referencia con personal especializado, con una solución de alojamiento y con profesionales que puedan atenderles, a que anden deambulando sin saber dónde acudir y sin tener una solución habitacional, ni social ni de ningún tipo». Al fin y al cabo, apunta, «las personas refugiadas son mayoritariamente gente que tiene que salir de sus países por el motivo que sea, muchas veces incluso por temas políticos o por razón de género u otras cuestiones».

Dentro de ese colectivo de refugiados «muchas veces hay gente que tiene su carrera universitaria, su trabajo; que son profesionales, y no creemos que un espacio de este tipo vaya a generar ningún conflicto, sobre todo teniendo en cuenta que va a estar atendido por profesionales . Hay que dar solución a estos problemas, porque no estamos solos en el mundo». En cuanto a los vecinos de Delicias y la asociación vecinal del barrio, «es gente que ha participado siempre en Red Delicias y en colectivos de apoyo a gente vulnerable, por lo tanto, entendemos que estarán en la misma filosofía. Yo creo que la Red Delicias, que agrupa a bastantes organizaciones, incluso a la parroquia de Santo Toribio, Médicos del Mundo… Hay distintos colectivos que trabajan en red, incluida la asociación vecinal, y tiene ya una trayectoria larga de este tipo de trabajo con personas vulnerables», detalla.

Margarita García deja claro que «nada tiene que ver» el asunto de los refugiados con la problemática de los inmigrantes sin papeles: «Una persona que pide refugio es por un motivo, del tipo que sea, casi siempre tiene que ver con cuestiones políticas de diversa índole». Sin embargo, «incluso en el caso de los inmigrantes sin papeles, nos vienen muy bien cuando buscamos alguien que cobre poco y que pueda atender a nuestros mayores o limpiar nuestras casas, pero luego no nos gusta tenerlos cerca. Entonces hay que ser consecuentes también», reprocha.

La construcción de un centro de refugiados en el solar del número 18 de la calle Dulzaina, frente al Hospital Río Hortega, es un proyectos heredado del anterior equipo municipal. Ante el temor de que los ayuntamientos gobernados por PP y Vox, como el de Valladolid, paralizaran este tipo de instalaciones, el Gobierno central pidió explicaciones por carta el 17 de julio, urgiendo la aprobación en Pleno de la cesión definitiva de la parcela. El 28 de julio el Ayuntamiento respondió al Ministerio para reclamar «alguna información técnica sobre el edificio» previsto y así poder dar respuesta «a las alegaciones presentadas en el periodo de información pública por diversas asociaciones vecinales y particulares». El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, niega que vaya a paralizarse el centro.

La inversión prevista para la construcción de las instalaciones, con una capacidad para 200 personas, asciende a 14,9 millones de euros y contará con espacios deportivos «tanto para los residentes del centro como para el conjunto del  municipio». Si se suman las tasas y las licencias, el coste subirá a 17,8 millones. El Ministerio cifra en 20 los puestos de trabajo directos que se crearán y otros 40 indirectos .

Como el de Valladolid están previstos otros 11 centros en el país, uno de ellos en Soria. El de la capital soriana tendrá una superficie de 7.000 metros cuadrados y una capacidad similar a la de Valladolid: en torno a 200 plazas. El número de solicitantes de asilo en España se ha multiplicado por veinte en los últimos seis años.