Piden 5 años de cárcel para el hijo y la exnuera de la víctima del crimen de la Circular por delito contra Hacienda
Cerraban sociedades ganaderas y creaban nuevas para eludir una deuda de 2,1 millones de euros
El fiscal pide cinco años de prisión para J.Á.A.A., hijo de la víctima del Crimen de la Circular, y para su expareja C.A.G., por un delito contra Hacienda, técnicamente denominado como de frustración de la ejecución . En el juicio que se celebrará el próximo martes en la Audiencia de Valladolid, también están acusados otros dos varones: J.P.C. como cooperador necesario y J.L.B.G. como cómplice. El primero se enfrenta a cuatro años de cárcel y el segundo a dos, según el escrito de calificación de la Fiscalía de Valladolid. Es el segundo señalamiento de juicio, ya que el anterior se suspendió por la huelga del personal de Justicia.
Siempre según la calificación del Ministerio Público, J.Á.A.A. hace seis años era deudor a la Hacienda Pública por un importe de 2.134.776 euros que, salvo 9.189, eran consecuencia de un expediente de derivación de responsabilidad de las deudas de una sociedad ganadera.
Antes de esta derivación se habían llevado a cabo otras, ya que, en el momento en el que se notificaban los acuerdos de inicio de los expedientes , las sociedades cesaban en su actividad. El siguiente paso era constituir una nueva que continuaba con la misma actividad y que, a pesar de figurar constituida y/o administrada por distintas personas, “era gestionada por J.Á.A.A., con la colaboración de quién era su pareja, C.A.G., J.P.C. y J.L.B.G.”, precisa el fiscal.
La acusación pública expone que la única forma para conseguir el pago de estas deudas eran el embargo cuentas y clientes cuando se iniciaba a el expediente de derivación de responsabilidad, ya que las sociedades no tenían más bienes que el dinero en cuentas corrientes y los créditos sobre sus clientes.
El escrito de Fiscalía agrega que la Agencia Tributaria también había derivado a C.A.G. las deudas de otra de las empresas (también cárnica) donde figuraba como administradora, “de modo que tanto ella como J.Á.A. estaban trabajando con otras sociedades constituidas para evitar esos embargos , circunstancia que era conocida por los otros acusados que se prestaron a participar en la creación y actividad de esas nuevas sociedades”.
Las sociedades nuevas, todas de ganado, fueron creadas en julio de 2017, con J.P.C., como administrador único; otra en el mismo mes con J.L.B.G. como administrador único. El 9 de noviembre de 2017 se sumó C.A.G. como apoderada.
“La forma en que el dinero obtenido por las operaciones comerciales se dejaba fuera del alcance del principal acreedor, la Hacienda Pública, era el ingreso mediante transferencias o pagarés en las dos sociedades, en principio no afectadas por las derivaciones de responsabilidad, el reintegro en metálico de estos importes, y, en ocasiones el cobro en efectivo a los clientes ”, expone el fiscal. Así, J.P.C. extrajo en ventanilla de su banco entre agosto y diciembre de 2019, 42.000, 50.000, 25.000, 40.000, 12.000 y 18.000 euros. C.A.A. extrajo en ventanilla entre septiembre y diciembre de 2019, 72.418, 30.000 y 73.000 euros.