CCOO recoge en su ERE que Puente y De la Rosa compensarían las ayudas que le quitó la Junta

La confianza puesta en que ganara la izquierda en distintos territorios de Castilla y León en las pasadas elecciones municipales. Algo así como a cara o cruz con una moneda lanzada por otros y sin tener una propia para ser independientes. Si salía cara y ganaban las formaciones progresistas en los principales ayuntamientos de Castilla y León se podría evitar el despido colectivo. Y si salía cruz y perdían habría –como hay– un despido colectivo de 58 personas en CCOO en la Comunidad. Esta es la explicación peregrina e insólita que se extrae de la memoria justificativa presentada por el sindicato ante la Dirección General de Trabajo de Castilla y León para argumentar la presentación de su ERE. 

El sindicato confiaba –y no disimula en plasmarlo en un documento– en que los socialistas Óscar Puente y Daniel de la Rosa revalidaran sus mandatos en Valladolid y Burgos, respectivamente, y compensaran las ayudas que le quitó la Junta:  «Se pretendía cubrir los déficits generados por la supresión de fondos [de la Junta] mediante el recurso aotros medios , tales como la rúbrica de convenios de colaboración con entidades locales – Ayuntamiento de Valladolid, Burgos y Ávila, entre otros– así como las negociaciones que se habían venido dando a nivel estatal al objeto de recuperar por otras vías, los recortes orquestados a nivel autonómico, como en materia de prevención de riesgos laborales, mediante su continuación a través de la implementación de observatorios financiados a través de los presupuestos generales del Estado». Así reza el documento de 38 folios rubricado este 6 de julio por Enrique Castillejos Martín, secretario de Administración y Finanzas de la central sindical, al que ha tenido acceso EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN.

Si en la escueta nota de prensa que enviaron para informar del despido colectivo con el que se concluye el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentado el 3 de mayo culpaban directamente a VOX, en la figura del consejero de Industria, Mariano Veganzones, por su «política sectaria, ilegal y demoledora», en su memoria explicativa se extienden en cómo el resultado electoral ha dado al traste con sus expectativas para cuadrar el balance económico interno. Pero no sólo. Lejos de asumir responsabilidad o culpa por la ausencia de ingresos propios que garanticen su labor, también dan un subjetivo diagnóstico sobre la situación del Gobierno autonómico y reconocen que esperaban que los «síntomas de agotamiento» que advertían en él surtieran efecto: «El ERTE había partido de un análisis optimista de las circunstancias concurrentes, estimando posible su reversión a corto plazo. Así circunstancias que, a priori, pudieran resultar definitivas –supresión de programas subvencionados, eliminación de subvención nominativa– se estimaban que tendría un carácter coyuntural, ante los síntomas de agotamiento que estaba dando el Gobierno de la Junta de Castilla y León y las negociaciones que se habían venido manteniendo con la parte moderada del gobierno», indican. 

Ahondan más en este argumento asegurando que «no obstante, los resultados electorales de las elecciones municipales en Castilla y León, además de lo que suponen a nivel local –véase Burgos y Valladolid– han supuesto un espaldarazo a las políticas regresivas implementadas por la Junta de Castilla y León, permitiéndoles agotar la legislatura, con lo que ello supone para los sindicatos de clase, al habernos convertido en el enemigo a batir». 

Prosigue el sindicato insistiendo en el argumento político para sostener el despido colectivo: «Estos resultados electorales han tenido impacto a nivel estatal: [...] suspendiéndose las vías de diálogo abiertas al objeto de paliar regresivas en nuestra comunidad. Este cambio en el ámbito político tiene un indudable impacto en las previsiones que había valorado el sindicato a la hora de implementar el ERTE, para el que se tuvo en cuenta un escenario mucho más optimista que el escenario actual. A mayor abundamiento, las cuentas del segundo trimestre del 2023, han evidenciado un agravamiento de la situación económica de CCOOO, aumentando el volumen de pérdidas aun a pesar de las medidas de recorte ya implementadas».  

Entre argumentos y culpables a Comisiones también le da tiempo a comentar la situación de UGT y de la patronal. Señala que «es público y notorio que  el procedimiento de despido colectivo iniciado por UGT», pero sobre la patronal no se limita a reflejar lo sucedido, sino que augura que tendrá que recurrir también a la misma herramienta, la del despido: «Así, a diferencia de CCOO y UGT, ésta [CEOE] ha aceptado una ayuda directa cercana a un millón de euros que no encuentra amparo en los presupuestos de Castilla y León, circunstancia que ha sido puesta en manos de la fiscalía, dado su presumible carácter ilícito. Si bien esta ‘ayuda’ permite paliar a corto plazo los efectos nocivos de la eliminación de la subvención nominativa que venía percibiendo como agente social, no descarta idénticas medidas colectivas, dado el desequilibrio generado en las cuentas por la eliminación de las restantes partidas vinculadas al Diálogo Social».