La Inspección del Ayuntamiento de Valladolid destapa un fraude de 1,9 millones en tributos impagados

Lo llaman irregularidades u omisiones en el pago de tributos, pero muchas de las anomalías detectadas por el Servicio de Inspección Tributaria del Ayuntamiento pueden definirse como fraude fiscal, entendido como tal el acto de eludir la obligación de contribuir al  sostenimiento de los gastos públicos. El pasado año, el 2022, la inspección fiscal municipal destapó un fraude que alcanzó 1.928.278 euros , la mayor cuantía en los siete últimos ejercicios.  Es un dinero que no se ingresó  por parte de los contribuyentes y que ahora se destapa tras la campaña de inspección  que lleva a cabo todos los años el consistorio en busca de quienes evaden sus responsabilidades con el fisco local.

La campaña de la concejalía de Planificación y Recursos persigue la detección de errores en el pago de tributos, que puede haberlos, pero también busca descubrir a los morosos que tratan de ahorrarse una parte de lo que les corresponde pagar al Ayuntamiento. Cada campaña se centra en unos tributos, aunque los hay fijos, y el resultado de la última arrojó la apertura de 356 actas y 177 expedientes sancionadores , la mayoría de estos últimos por  no abonar la deuda tributaria procedente de una autoliquidación y, en menor medida, por  no atender un requerimiento.

Dos tributos, el Impuesto de Actividades Económicas , el IAE, y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras , el ICIO,  centraron  en especial la investigación de la Inspección Tributaria y acapararon el  81% de la cantidad recaudada para las arcas del Ayuntamiento: 1.575.909 euros.

En el caso del IAE, el de mayor morosidad,  con 956.902 euros , el objetivo es siempre el mismo: comprobar que la actividad por la que se tributa se corresponde con la que se presta y que el titular del negocio paga por la superficie real que tiene el establecimiento y por la potencia energética instalada, elementos que sirven para fijar la cuantía a ingresar.  

La inspección suele realizarse en  centros comerciales y grandes superficies, tras detectarse que en algunos casos no están actualizados los metros cuadrados por los que se paga, pero también en empresas con naves de dimensiones importantes para verificar que se tributa por la superficie real del inmueble. 

La investigación requiere de un trabajo complejo de medición de los locales, tanto de la superficie total como del reparto por actividades, ya sea de almacén, aparcamiento y depósitos exteriores. Los datos se cotejan luego con los planos aportados por las empresas y los extraídos del catastro. Para determinar los epígrafes por los que debe tributar la empresa  se toman fotografías, con el fin de determinar la actividad o actividades a las que se dedica, y se contrastan con las que figuran en la página web de la titular del negocio.

El director del servicio advierte, en el informe en el que da cuenta del trabajo realizado, que el cálculo de este impuesto se efectúa de forma manual, al no existir una aplicación informática o un programa que permita cuantificar las cuotas de cada epígrafe ni el cálculo de los intereses, lo que entorpece la regularización del tributo.

Junto la IAE, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el ICIO y las tasas por servicios urbanísticos,  estuvieron también bajo la lupa de la inspección y ocuparon el segundo lugar por la cuantía de las irregularidades detectadas, con 66 actas levantadas que sumaron  619.007 euros . 

En este caso, el objetivo de la investigación se centra en comprobar que la base imponible del impuesto se corresponde con el coste real efectivo de la construcción, instalación u obra realizadas, con el fin de conseguir la correcta liquidación. La revisión se realizó en aquellas obras ya terminadas en las que estaba a punto de prescribir el impuesto y supuso la apertura de 247 expedientes. 

Aunque no todos los años se inspeccionan todos los tributos locales  uno que suele ser fijo en todas  las campañas es el vados, en este caso para detectar entradas de vehículos que no pagan la correspondiente tasa. Aquí la investigación va por barrios y se centra cada ejercicio en una zona. En 2022 se repitió la inspección realizada hace cuatro años en La Overuela, Las Villas, Girón, el Pinar de Antequera, Las Flores, barrio de España, Arca Real y la calle Zúñiga para comprobar si los vados que no estaban entonces al tanto del pago de la tasa habían regularizado la situación. Cuatro años después, todavía hay propietarios que no habían solicitado el vado, lo que llevó a la apertura de 110 actas por un importe de 40.950 euros.

Una cantidad  inferior, 37.599 euros, se recaudó por impago de la tasa por ocupación de la vía pública con obras, vallas y andamios . Fueron 60 las obras visitadas  y dieron como resultado la apertura de 25 actas.

Además de los vados, la inspección municipal tiene entre sus cometidos habituales de cada año la persecución de la picaresca que se da con la exención del impuesto de vehículos para personas con minusvalía. La tarea en este caso se centró en detectar a aquellos usuarios que se aprovechan, de forma indebida, de la exención tras fallecer el beneficiario titular y arrojó la apertura de 20 actas por un importe de 8.728 euros.

El importe liquidado en 2022 supera con creces  los 1,4 millones de 2021 , una cantidad en la línea de los 1,3 millones de 2019. La estimación para 2023, transcurridos ya cinco meses, apunta a una cantidad similar a la del ejercicio pasado, en esta ocasión con el  Impuesto de Obras a la cabeza y una recaudación prevista de 1.100.000 euros

Uno de los tributos fijo casi todos los años en la lista de la inspección era el impuesto del incremento del valor de los terrenos, el de plusvalías, que grava la transmisión de inmuebles o de terrenos a un tercero, bien sea por herencia o por venta, y que se autoliquida por parte del beneficiario. En 2021 el Tribunal Constitucional declaró la nulidad  del sistema de cálculo del impuesto, con lo que dejó de cobrarse y además el Ayuntamiento tuvo que devolver tres millones . Con la nueva regularización del impuesto, el pasado año se analizaron 2.393  transmisiones, pero el sistema informático de la inspección no está todavía adaptado para la nueva forma de cálculo del tributo.