La Sareb destapa la realidad de la lacra de la ocupación: 10 meses para echar el enjambre de okupas de Arroyo

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) destapa con su propio caso de Arroyo de la Encomienda, lo que supone la lacra de la okupación: tardará no menos de diez meses en vaciar sus 89 viviendas de inquilinos ilegales (80 de ellas).

Recordemos: en el residencial Arroyovereda, una promoción de viviendas en forma de ‘U’ situada en las calles Narciso Monturiol y Arturo Duperier, son 200 las viviendas heredadas  de la promoción que construyó Realia en 2012. Los portales impares, de 100 viviendas, están en regla de todo tipo de  titularidades y gastos. El problema se centra en los bloques pares (números 2,4,6,8 y 12) que son los que mayoritariamente están okupados. De cien casas, Sareb posee 89 y de éstas, 80 están con inquilinos okupas .

El desahucio programado a no menos de diez meses, en el mejor de los casos, es la estimación de la Sareb, propietaria de las viviendas, y máxima interesada en tomar posesión cuanto antes de sus pisos sin inquilinos ilegales dentro. La maquinaria no es tan ágil y, para empezar, el banco malo aún no tiene ni siquiera registrados los pisos a su nombre , aunque toda la documentación ya está en el Registro de la Propiedad.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) aporta este dato a DIARIO DE VALLADOLID para replicar al Ayuntamiento de Arroyo, a vecinos que reclaman una «solución inmediata» y, en general a la opinión pública «que cree que echar a la gente de un inmueble es solo cuestión de decisión». «La realidad es muy distinta. La ley es muy garantista con los moradores de pisos, aunque sean ilegales y, cada paso para el desalojo tiene que estar acreditado ante la Justicia» , señalaron fuentes del llamado ‘banco malo’.

Un proceso tan garantista como que el tiempo medio que tardan en España los procedimientos para desalojar viviendas es de nueve meses y medio, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su estudio de 2021 sobre tiempo medio de duración en asuntos civiles. Una demora que ahora se ampliará notablemente tras las huelgas de letrados, personal funcionario y quizá también de jueces y fiscales.

Grado de vulnerabilidad

En el caso de Arroyovereda el procedimiento de desahucio ya llevaría a marzo de 2024 en el mejor de los casos. Pero hay más plazos que deben cubrirse antes. Sareb tarda 100 días de media en poder preparar toda la documentación necesaria «para iniciar el procedimiento de desahucio con garantías de que el Juzgado de Primera Instancia lo vaya a autorizar», recalcan las fuentes.

De ahí que el trabajo de campo que Sareb realiza en estos momentos es el de ir puerta por puerta para averiguar si se dan casos de personas con indicios de vulnerabilidad. En este caso, Sareb recuerda que dispone de un equipo con trabajadores sociales cuya primera labor es acreditar que realmente existe esa situación de escasez de recursos .

Después, si se confirma, se les ofrece participar en un programa de acompañamiento que consiste en tramitar las ayudas que les correspondan y entrar en una bolsa de trabajo que controla Sareb. 

Alquiler social

«Si aceptan colaborar, se les ofrece un alquiler social con duración de siete años. La firma de ese alquiler lleva aparejada la supervisión por parte de los trabajadores sociales de la situación de esas familias y por tanto, en estos casos, son personas que cumplen con las normas de convivencia» , recuerdan las fuentes.

En el caso de que los moradores sean okupas conflictivos, como denuncian los vecinos, Sareb está obligada a acreditar ante el juez que no son vulnerables para poder solicitar el desalojo .

«Todos los desalojos se tienen que realizar por orden judicial y con la colaboración policial. Con este protocolo inicial de Sareb se agiliza el acopio de la documentación necesaria para que el juzgado estime el desalojo. No obstante, los tiempos no dependen de Sareb, sino de la agilidad de la Justicia . Si el juez permite el desalojo, Sareb incorpora seguridad en las viviendas para que no vuelvan a ser ocupadas”, agregan desde la sociedad de gestión de activos inmobiliarios.

Deuda con los vecinos

Sobre  la deuda con la comunidad de propietarios que llega a 270.000 euros por cuotas de comunidad y derramas impagadas , Sareb informó a este diario que su objetivo «es saldar todas las deudas que hereda». 

No obstante, la sociedad que se ha hecho cargo de los 89 inmuebles  puntualizó que es un proceso que lleva un tiempo para cuestiones como contactar con el administrador y comprobar la documentación del dinero que reclaman, entre otras verificaciones. «Sareb es una empresa pública y como tal, debe ser cuidadosa con todos los procedimientos. Por experiencias pasadas, los plazos medios para saldar estas deudas rondan los 90 días . Todo está en el plazo legal», concluye.

La entidad de activos bancarios  continúa tirando de argumentario para explicar que «si el juez permite el desalojo, Sareb procede a incorporar seguridad en las viviendas para que no vuelvan a ser ocupadas». Claro que para que un juez permita un desalojo antes hay que denunciarlo, algo que la Sareb aún no ha hecho, según destacan los vecinos.

«Además, en este tipo de procesos, Sareb siempre colabora con los ayuntamientos locales dentro del marco de relaciones institucionales que tiene abierto con las administraciones públicas», finaliza.