El cuartel de La Rubia de Valladolid albergará 320 viviendas sociales

La iniciativa del Gobierno de España para convertir el suelo del Ministerio de Defensa en desuso en viviendas sociales sigue tomando forma después de que el Consejo de Ministros aprobara en su reunión de ayer destinar más superficie a este fin. En concreto, el nuevo acuerdo entre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) y la Entidad Pública de Suelos (Sepes) contempla en el caso de Castilla y León la construcción de 1.516 pisos asequibles en cinco de sus municipios. Según trasladó ayer el Ejecutivo central, en algunas de estas localidades se contempla más de un proyecto, lo que eleva el total de la Comunidad a siete. En algunos de ellos, la previsión del Gobierno es de apenas un puñado de viviendas, mientras que en otros se cuentan por centenares.

Es lo que ocurre en la localidad vallisoletana de Medina del Campo, donde se prevé construir 750 viviendas asequibles en los terrenos que actualmente ocupa el cuartel Marqués de la Ensenada. Esta construcción, ubicada a menos de un kilómetro de distancia de la plaza Mayor de la Villa de Ferias, cuenta con un perímetro de alrededor de un kilómetro y medio que facilita que se vaya a convertir en uno de los terrenos de Defensa incluidos en el acuerdo del Gobierno que más viviendas acogerá. En la misma provincia, y más concretamente en la capital vallisoletana, el Gobierno ha aprobado un segundo proyecto que afecta al acuartelamiento de La Rubia , además de a dos solares ubicados en la carretera de Rueda y en el callejón de la Maestranza, respectivamente. En total, el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez ha calculado que aquí se podrán construir 320 viviendas sociales , aunque el Ayuntamiento de Valladolid es algo más generoso en sus cálculos.

Tras el anuncio de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) adquirirá los terrenos de Defensa, el consistorio vallisoletano afirma que en ese entorno se podría modificar el PGOU para elevar la cifra de viviendas previstas hasta más de 500 , al tiempo que apuntó ayer a que instará al Gobierno a que actúe también en los terrenos de los cuarteles de San Isidro. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, publicó un mensaje en Twitter en el que destacó que con una operación como ésta se podrá «triplicar o más» el parque público de vivienda social que tiene el Ayuntamiento.

El consistorio se ha comprometido a actuar para facilitar el proyecto y llevar a cabo los trámites que faltan para poder edificar las parcelas: proyecto de urbanización y de actuación. Además, apuntó que podría modificar el planeamiento para posibilitar un «25% más» de vivienda pública, lo que elevaría la cifra total hasta cerca de los 550 pisos , según informa Europa Press. A la vez, el Ayuntamiento apuntó que insta al Ministerio de Defensa a que acelere el traslado de las dotaciones militares de sus instalaciones de San Isidro, a fin de que se pueda actuar también en ese sector del Este de la ciudad con vivienda pública o sometida a algún régimen de protección, ya que el Ayuntamiento dispondrá en breve de una participación de más del 30% de la propiedad.

Según el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia , en ese área se podrían construir hasta 600 pisos más. Una vez fuera de la provincia de Valladolid, la de León es la segunda que más viviendas tiene proyectadas. Por un lado, los terrenos del acuartelamiento de San Marcelo (también conocido como cuartel de Almansa), al norte de la ciudad, acogerán 310 pisos, a los que se sumarán otros 60 ubicados en la zona que actualmente ocupa el conocido como Parque de Material.  A escasos kilómetros de la capital leonesa, la localidad de Valverde de la Virgen será otra de las que acoja viviendas sociales dentro del nuevo acuerdo entre la Sepes y el Ministerio de Defensa. En concreto, se ubicarán en dos parcelas con cabida, según estima el Gobierno, para 30 y 32 viviendas, respectivamente.

Finalmente, la tercera provincia de Castilla y León que se ve beneficiada por el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros de ayer es Ávila , donde un solar que actualmente pertenece al Ministerio de Defensa  acogerá 14 viviendas sociales. Con este balance, Castilla y León es la tercera comunidad autónoma que más pisos de este tipo acogerá por detrás de Cataluña y la Comunidad de Madrid, la cual acaparará más de la mitad de las 19.876 previstas y que cuentan con un presupuesto estimado para la adquisición del suelo que ronda los 514,3 millones de euros.

La iniciativa, enmarcada en el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible permitirá disponer de suelo público en 36 municipios repartidos por la geografía española para el desarrollo de vivienda de protección pública y así, según traslada el Gobierno de España en la nota de prensa enviada ayer a los medios de comunicación, «contribuir a garantizar el derecho constitucional del disfrute de una vivienda digna y adecuada y que esta disponibilidad sea equilibrada en todo el territorio». En el mismo comunicado, también se anticipa que «tras la adquisición por parte del Sepes, la entidad preparará los suelos para que sean urbanizables y facilitar la edificación residencial a través de fórmulas público-privadas que impliquen la cesión del suelo».

Por otra parte también se trasladó que la Sepes, entidad dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, «tiene actualmente quince actuaciones residenciales firmadas que permitirán el desarrollo de 15.957 viviendas sobre suelo público, lo que sumadas a los nuevos acuerdos con Defensa dan un total de 65 actuaciones repartidas por toda la geografía para levantar unas 35.900 viviendas asequibles ». Nos obstante, de estas quince actuaciones firmadas con anterioridad ninguna se ubica en Castilla y León. La apuesta del Gobierno de España por aumentar el parque público de vivienda en todo el país está siendo el hilo conductor de muchas de los anuncios que está realizando en las semanas previas a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

También recientemente fue el propio presidente Pedro Sánchez el que hizo pública la intención de su ejecutivo de recuperar viviendas en propiedad de la Sareb para destinarlas, precisamente, al alquiler social. No obstante, esta medida recibió numerosas críticas por parte de varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, en las que aseguraban que la mayoría de estos inmuebles se encuentran en un estado que dista mucho de ser habitable. Conviene recordar que la Sareb, el conocido como banco malo, es una entidad creada a raíz de la crisis económica de 2008 para hacerse cargo de aquellas promociones inmobiliarias que no se terminaron de construir o que, después, no lograron encontrar comprador. Es por eso que entre su parque de inmuebles se encuentran chalets abandonados, edificios que apenas disponen de la estructura de hormigón e incluso solares en los que no se llegó a colocar ni un solo ladrillo. 

Precisamente, poner al día estas edificaciones implicaría un desembolso económico que parte del resto de administraciones no están dispuestas a asumir , más aún cuando algunas comunidades, como es el caso de Castilla y León, ya tienen en marcha sus propios planes de vivienda para habilitar alquileres asequibles a la población más vulnerable y siempre de acuerdo a unas partidas presupuestarias que permiten la compra de activos de manera progresiva, así como su rehabilitación e incorporación al parque autonómico de vivienda. En este caso, y hasta el momento, las críticas no han sido más evidentes, algo que puede deberse a que, en principio, será el propio Gobierno de España el que se encargará de comprar el suelo del Ministerio de Defensa . No obstante, siguen existiendo algunas dudas acerca de si también será la Administración central la que se haga cargo de construir esas viviendas sociales o si, de nuevo, derivará esa responsabilidad hacia las comunidades autónomas y las entidades locales.