Un abogado y otros cuatro personas encausados por fraudes en la Seguridad Social
Seguirán procedimiento abreviado por la treintena de altas fraudulentas en cinco años para cobrar así prestaciones públicas
Edificio de los juzgados en la calle Angustias de Valladolid. - ICAL
El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha acordado seguir procedimiento abreviado contra un abogado vallisoletano y otras cuatro personas por una treintena de altas fraudulentas en la Seguridad Social en cinco años para cobrar así prestaciones públicas.
En su auto, la juez instructora resuelve continuar la tramitación de las presentes diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado por si los hechos imputados a Víctor J.M.A, Endika C.G, Julia I.A, Fátima Q.M. y Verónica A.A. pudieran ser constitutivos de infracción penal y da traslado a fiscal y las acusaciones particulares personadas a fin de que en el plazo común de diez días formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
De la instrucción judicial se infiere la realización de altas fraudulentas en la Seguridad Social, ya que con ellas se perseguía el cobro de prestaciones públicas de personas que carecían de vida laboral anterior o que causaron baja voluntaria en sus empleos estables .
A tal fin se "crearon" contratos "ad hoc" que carecían de objeto y que servían de base a los fines fraudulentos perseguidos por los interesados, todo ello a cambio de una cantidad de dinero indeterminada que cobraba el investigado principal Víctor J.M.A .
La operación, explotada en el verano de 2022, fue fruto de la colaboración con la Tesorería General de Seguridad Social e Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, en el marco de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular.
La investigación se centró en Víctor J.M.A, abogado y asesor, quien contaba con la infraestructura de una empresa unipersonal con su propio nombre que le permitía contratar trabajadores de forma aparentemente legal.
El abogado, con despacho en Las Delicias, llegó a contratar a 32 personas en un periodo de tiempo de cinco año s, la mayoría de ellas sustentadas en la limpieza de portales comunitarios o de su propia oficina, si bien fruto de la investigación se tuvo conocimiento de que para esas labores se contaba con empresas externas.
Durante la investigación se encontraron contratos rocambolescos para realizar funciones dispares tales como elaborar felicitaciones de Navidad pasadas las fiestas, o contratar a una persona para limpiar exclusivamente su vehículo particular careciendo el empleado de carné de conducir, así como la contratación de una persona para limpieza de su oficina la cual no acudía al puesto de trabajo o no realizaba sus funciones, por lo que contrataba una segunda persona para que desarrollara esas mismas funciones manteniendo el alta en la Seguridad Social de la primera, ya que le daba pena despedirla.
Altas de un solo día
La mayoría de las altas tramitadas en la Seguridad Social eran de un solo día, y los beneficiarios de estos trámites fraudulentos habían causado baja voluntaria en su empleo anterior, por lo que necesitaban el alta para poder acceder al cobro de prestaciones públicas .
También se detectaron supuestos en los que el interés por generar esa relación laboral fraudulenta radicaba en la necesidad de disponer de un contrato de trabajo que garantizara medios de vida para regularizar la situación administrativa de los interesados o familiares.
En la investigación también se localizaron múltiples ingresos en efectivo en las cuentas bancarias del principal investigado , llegando a figurar ingresos en efectivo a nombre de alguno de sus presuntos "trabajadores" en beneficio del letrado para seguidamente esa transferencia ser reembolsada al "trabajador" figurando en concepto de nómina mensual, recoge Europa Press.
Es decir, el empleado le ingresaba al empresario el importe de su propia nómina en efectivo para que posteriormente éste se la devolviera vía transferencia bancaria descontando su comisión correspondiente .
De los 32 trabajadores que llegó a dar de alta en la Seguridad Social el letrado, fueron anuladas de oficio 28 y se pudo localizar y detener a algunos de los trabajadores.
Las detenciones fueron practicadas por agentes de la UCRIF, Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Brigada Provincial Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Valladolid.
El SEPE resolvió imponer una sanción de reintegro de las cantidades percibidas por resolución dictada el día 20 de julio de 2020.