El bodeguero acusado de esquilmar a su madre declara que retiró dinero para nóminas y cobrarse un préstamo

El juicio presidido por el magistrado Juan Miguel Donis, empezó con una novedad respecto a la parte acusatoria.  El tribunal comunicó al letrado que representa a los hermanos del acusado, Antonio y Teresa, que  no podía ejercer esta acusación particular,  ya que así lo recoge el artículo 103 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prohíbe el ejercicio de acciones penales entre sí a los cónyuges y también a los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza. Así que el letrado Oliver Pascual prosiguió desde ese momento como actor civil, sin posibilidad de ser acusador penal.

La primera sesión del juicio permitió palpar con nitidez que, en el trasfondo de todo, latía y sigue latiendo una animadversión feroz entre Ricardo y sus hermanos Antonio y Teresa. “Era un conflicto fuerte e irreconciliable”, sentenció esta mañana en el juicio una trabajadora de la Fundación Castellana y Leonesa para la Tutela de las Personas Mayores (Fundamay), la misma que puso los hechos, en 2018, en conocimiento de la Fiscalía de Valladolid cuando repasó las retiradas de dinero de las cuentas bancarias de la bodeguera entre 2016 y 2018, cuando su salud mental estaba muy deteriorada.

La visión diametralmente opuesta de Ricardo con respecto a sus hermanos abarcó todos los aspectos, incluido el de la salud de la madre, que murió en agosto de 2020, a los 92 años. Según el acusado, su madre, nacida en 1928, estaba perfectamente de cabeza y de físico hasta que se cayó dos veces en septiembte y noviembre en 2017 y se rompió el fémur y la cadera. “A partir de ahí empezó a tener dificultad para hablar, pero lo entendía todo”, indicó Ricardo, quien agregó que su madre usaba el teféfono con normalidad, tenía licencia de armas y condujo hasta sufrir estos accidentes domésticos, del mismo modo que apenas había visitado nunca un hospital y que solo contaba con una ayuda de un día a la semana de una empleada doméstica en la finca de La Cistérniga Dehesa de Fuentes. Y recordó el acusado que cuando se casó en la finca en septiembre de 2018, su madre conoció y “saludó a todo el mundo”.

“Creía que tenía 10 años”

Los hermanos, por contra, sostenían que su estado mental era de grave deterioro cognitivo. El fiscal recordó que así lo avalaba un informe médico forense de fecha de 30 de octubre de 2018. “Cuando a los 90 años fue preguntada por su edad dijo que tenía 10 años; no se acordaba del nombre de sus padres y al ser preguntada por sus hijos solo se refiera a su hija y al pedir que diera el nombre, contestó dando el suyo y también sus apellidos”, recordó el fiscal sobre el reconocimiento a la progenitora. El acusado replicó que esas manifestaciones de su progenitora fueron fruto de los “nervios” por ir a la prueba. Una respuesta que no convenció al fiscal: “Uno puede dudar, pero decir 10 años no es normal”, dijo.

También existe un abismo entre hermanos en la justificación de la salida de dinero de las cuentas de la bodega. Ricardo, que dejó caer que sus hermanos “no trabajaban en nada” en aquellos años 2016-2018, ya que a Antonio “solo se le conocía poseer un criadero de halcones”, aseguró que su madre accedió a ponerlos en nómina, unos 1.500 euros al mes, “para evitar que estuvieran todos los meses pidiendo ayudas”. “En mi caso personalmente cobraba 3.500 euros al mes”, precisó. También manifestó que sus hermanos habían deseado ser administradores solidarios. “Pero mi madre no quiso”, sentenció.

Y llegó el momento de explicar los reintegros de las cuentas bancarias de la bodega.

El fiscal sostiene que el acusado Ricardo  “aprovechó la vulnerabilidad personal de su madre, ocasionada por la edad y la enfermedad que padecía” y también su condición de administrador social “para realizar diferentes operaciones de disposición de dinero de la sociedad, sin que se haya justificado que tuvieran por destino fines propios de ésta o que tales operaciones se realizaran en beneficio de la bodega, sino con el propósito de obtener un ilícito beneficio patrimonial”.

Así, retiró 72.450 euros de cuatro cuentas bancarias que la sociedad T.F.G. había abierto en Caja Rural, Cajamar y Unicaja, en 40 operaciones de reintegro mediante cheques, retiradas en ventanilla o a través de cajero entre agosto de 2016 y diciembre de 2018.

 Plan de pensiones personal

 Siempre según el escrito de acusación de la Fiscalía, entre agosto de 2016 y octubre de 2019, sin autorización para ello, Ricardo efectuó 31 aportaciones a un plan de pensiones personal con un ‘trasvase’ de 1.550 euros que procedían de la cuenta abierta por la sociedad en Caja Rural, y ocho aportaciones más, por valor de 400 euros, en 2017 desde otra cuenta de la misma cooperativa de crédito.

También entre agosto y noviembre de 2017 se contabilizaron como ‘gastos de personal’ diferentes retiradas de dinero por importe total de 11.300 euros, sin que se justificase su destino.

Además, el acusado, haciendo uso, según la Fiscalía, de la cuenta de Unicaja de la que era titular única su madre, “y aprovechando la llevanza de las cuentas de ésta” transfirió “a cuentas de su exclusiva titularidad 64.000 euros entre diciembre de 2016 y julio de 2017. Finalmente, el 12 de febrero de 2018 transfirió desde la citada cuenta personal de su madre 100.000 euros a una cuenta que había sido abierta once días antes en Cajamar como él y su madre como titulares.