La AUGC exige al Gobierno "un plan de choque contra corrupción" por el 'caso Cuarteles' que salpica a Valladolid
La Asociación señala que "la ausencia y el silencio de los responsables políticos de la Guardia Civil es irresponsable" y carga contra "la inacción que está mostrando el Ministerio del Interior y la Dirección General
Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid.- E. M.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) manifiesta su preocupación extrema a la vista de la proliferación de casos penales en los que aparecen altos mandos de la Guardia Civil como penalmente investigados por supuestos hechos relativos a la corrupción en la contratación pública , con posibles irregularidades en obras en más de una docena de Comandancias de la Guardia Civil y entre las que aparecen algunas de Castilla y León . Cuestión que a criterio de AUGC, se ha convertido en el mayor problema de corrupción en el Cuerpo desde los tiempos de Luis Roldán, volviéndose a repetir un posible foco de corrupción en la licitación de obras destinadas a los cuarteles de la Guardia Civil, tal y como señalan a través de un comunicado. Por este motivo, AUGC ha remitido al Ministerio del Interior un "plan de choque contra la corrupción y por la regeneración democrática" del cuerpo.
AUGC tiene entre sus fines estatutarios ejercer la acción popular ante los Tribunales de Justicia, especial y principalmente en aquellos procedimientos que puedan revestir carácter de corrupción.
"Precisamente por ello y por el compromiso indeleble y permanente que tenemos en la defensa del trabajo en favor de la ciudadanía que hacen los miles de mujeres y hombres que integran la Guardia Civil, no podemos permanecer impasibles, mudos e inactivos ", señalan desde la AUGC, que confirma que se ha personado como acusación popular, además del caso “mediador” en Tenerife, en dos causas más.
Por un lado, en la investigación que lleva a cabo el juzgado número 3 de Madrid, por el denominado 'Caso Cuarteles' por el amaño e inflado de obras en diversas instalaciones del Cuerpo que según lo conocido afecta a más de 13 Comandancias de la Guardia Civil donde se encuentra “investigado” el que fue Subdirector General de Personal en la Guardia Civil , el Teniente General Vázquez Jarava, por presuntos delitos de cohecho y malversación por la que se investiga su gestión en el Cuerpo así como su patrimonio.
Y, por otra parte, también en la causa judicial abierta en el juzgado de instrucción número 3 de Valencia, donde un teniente Coronel de Cuerpos Comunes destinado en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia se encuentra investigado junto a dos familiares por supuestas adjudicaciones irregulares en obras.
En el comunicado de la Asociación, recogido por este periódico, también se pone de manifiesto que "la ausencia y el silencio de los responsables políticos de la Guardia Civil es irresponsable", al tiempo que carga contra "la inacción que está mostrando el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil que aún no ha tomado medidas para suspender en funciones a los múltiples altos mandos de la Guardia Civil que están siendo investigados por corrupción acusados de graves delitos penales por supuesta pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho".
Tan solo se ha cesado en el destino al coronel jefe de la Comandancia de Tenerife, la cual consideran "una medida muy laxa" . "Desde AUGC nos preguntamos a qué están esperando los máximos responsables de la Guardia Civil para tomar medias tras la grave alarma social y trascendencia de estos hechos", añaden.
Por otra parte, pero siempre entorno a este mismo asunto, "AUGC pide la urgente comparecencia en sede parlamentaria de los máximos responsables de la dirección política de la Guardia Civil", al tiempo que anunciar que va a adoptar una serie de iniciativas en cumplimiento de sus fines estatutarios y en defensa de la imagen de la Guardia Civil, que se concretan en el ya mencionado Plan de Choque y que parte de Tolerancia Cero a la corrupción en la Guardia Civil.
Este Plan se crea de la necesidad imperiosa de proveer a la Guardia Civil de un nuevo sistema de gobernanza, que genere un marco normativo específico de lucha contra la corrupción. En la actualidad ninguna de las leyes que establecen el estatuto de la Guardia Civil contienen ninguna referencia a la corrupción. Por tanto, la lucha contra la corrupción está ausente de las leyes de derechos y deberes , de régimen disciplinario y de la de régimen de personal.
El conjunto de estas normas son la esencia del código de conducta de los miembros de la Guardia Civil y no identifican a la corrupción como situación de ataque directo a los valores y principios que han de presidir el cumplimiento de las misiones constitucionales encomendadas a la Guardia Civil. Por tanto, el Plan debe contemplar, tal y como figura en la página web de la AUGC:
- La creación de una oficina de prevención y lucha contra la corrupción, como un órgano especializado interno, que no dependa de la cadena de Mando.
- Debe ponerse en marcha una Comisión de trabajo en el seno del Consejo de la Guardia Civil a fin de analizar, estudiar y evaluar los privilegios que tienen y conservan determinados mandos de la Guardia Civil, incluso cuando han perdido la condición de guardia civil y están retirados, que les permite una relación privilegiada con las unidades del Cuerpo y que es caldo de cultivo de posibles abusos de poder y de extralimitaciones.
- Deben modificarse las normas que regulan la elección de mandos de la Guardia Civil para ser oficiales generales, para que el proceso respete escrupulosamente los principios de igualdad, mérito y capacidad y de cumplimento de los valores éticos y deontológicos de la Guardia Civil. Debe arrumbarse la actual opacidad de estos procesos.
- La persona que esté al frente de la Guardia Civil debe contar y estar rodeado de un gabinete de su elección, dirigido por persona de su confianza, que no sea organizado como si se tratara de una unidad militar más.
- Este Gabinete Técnico de la DGGC debe ser mixto, compuesto por un miembro del Cuerpo y una persona civil, y no solamente un uniformado como sucede en la actualidad. Quien dirija la Guardia Civil debe tener toda la información y la capacidad real de coordinación de todas las políticas públicas que se desarrollan bajo su autoridad política.
- Por último, AUGC pide la urgente comparecencia en sede parlamentaria de los máximos responsables de la dirección política de la Guardia Civil.
- AUGC está estudiando la petición de convocatoria de un pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil para que se dé cuenta a las asociaciones profesionales representativas del estado de esta cuestión ante el silencia incompresible de la Dirección General de la Guardia Civil.
- Debe ordenarse por el Gobierno al Ministerio del Interior a través de la Inspección general de los servicios para que realice una auditoría interna de todos y cada uno de los contratos de obras en dependencias, centros y acuartelamientos de la Guardia Civil de los últimos diez años.
El mecanismo y “contrapeso” para que estas supuestas prácticas delictivas no vuelvan a repetirse es la tramitación de una reforma legislativa que elimine las barreras existentes para que una nueva Ley Orgánica regule los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, permitiendo la creación y pertenencia, con los límites necesarios, de sindicatos en la Guardia Civil.
Tal y como aclaran, en la actualidad no se reconoce el papel de las asociaciones profesionales en la lucha contra actos que atenten contra la deontología profesional, a pesar de que el Poder Legislativo lo ha identificado como un ámbito de trabajo asociativo, y por lo que se debería dotar de medios a las asociaciones y del estatus que permita la efectividad de los derechos y garantías previstos en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
"Un guardia civil de chófer (para ir por puros y a saber qué cosas más), coche oficial de la Guardia Civil, oficina y vivienda oficial de la Guardia Civil es lo que ha trascendido a la opinión pública tras la declaración como investigado del general de división Espinosa, un general que tenía su condición de Guardia Civil en suspenso y que no trabajaba para la Guardia Civil", lamentan.
Sobre esto, señalan que "lo llamativo es que está declarando ante el juzgado que le investiga por varios delitos, y reconoce abiertamente la utilización de medios oficiales para fines particulares con total normalidad, con el convencimiento de no estar haciendo nada malo, de estar haciendo simplemente aquello que se ha hecho siempre, y que ha visto hacer siempre, que no tiene por qué ocultarlo, y mucho menos sentir ningún tipo de vergüenza por ello".
AUGC reivindica el fin de estas prácticas poco éticas de manera definitiva, que se ponga control y erradique la utilización de guardias civiles como chóferes 24 horas al servicio de quienes quieran disponer de ellos. "Una práctica, por desgracia, demasiado extendida en la Guardia Civil", remarcan.
"Precisamente por el abuso de este tipo de prácticas son por las que nació y por las que sigue luchando todos los días una organización como AUGC y por la que muchos de sus representantes han sido dura e injustamente castigados y perseguidos disciplinariamente", apostillan, al tiempo que preguntan abiertamente a la clase política "¿qué Guardia Civil quieren, la de los puros en coche oficial y la de la impunidad absoluta, o la que defiende AUGC, una Guardia Civil moderna, democrática y transparente?".