El informe económico de la zona de bajas emisiones se incluirá con las alegaciones
El estudio y las alegaciones aceptadas deben incorporarse a la ordenanza para volver a la junta de gobierno / La concejala María Sánchez asegura que se mantienen los plazos
![Dos policías municipales controlan el tráfico en la calle Estación, recién cortada. J. M. LOSTAU](https://imagenes.diariodevalladolid.es/files/image_large/uploads/2024/03/14/65f32b88b7e8e.jpeg)
Dos policías municipales controlan el tráfico en la calle Estación, recién cortada. J. M. LOSTAU
La puesta en marcha de la zona de bajas emisiones, la zona de exclusión para vehículos contaminantes que el Ayuntamiento pretende estrenar en fase de prueba a finales de año, requerirá de un informe previo de impacto económico.
Así lo recoge el Real Decreto aprobado el pasado mes de diciembre por el Gobierno, en el que se regula esta figura de nueva creación y que supone un trabajo añadido y una repetición del proceso administrativo, aunque la ordenanza se mantiene en los mismos términos, para todos los ayuntamientos que, como el de Valladolid, tienen el proyecto ya en fase avanzada.
El pleno del Ayuntamiento dio el visto bueno el pasado 13 de diciembre, en una sesión extraordinaria, a la aprobación inicial de la ZBE , un área que se extenderá por un radio de 3,1 kilómetros en torno al centro de la ciudad.
Tras la aprobación inicial faltaba la aprobación definitiva, de nuevo en el pleno, una vez incorporadas las alegaciones que se aceptaran entre las presentadas durante el periodo de exposición pública. Tras la obligación de realizar un informe previo sobre el impacto económico que tendrá la zona, en especial en el comercio, todo apunta a que la tramitación debe retrotraerse para que la ordenanza pase de nuevo por la junta de gobierno antes de ir, por segunda vez, al pleno para su aprobación inicial.
Pese a reconocer que debe incorporar «los informes complementarios» que se requieren, además de algunas precisiones técnicas, y añadir también las alegaciones que se acepten, la concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez , aseguró ayer que no trastoca las previsiones iniciales. «Es algo con lo que ya contábamos», dijo Sánchez, y añadió que en el último pleno municipal ya explicó, ante la moción del PP para retirar la ordenanza e iniciar de cero la tramitación, que analizarían el decreto para ver qué había que incorporar, pero en modo alguno significaba que tuvieran que empezar de nuevo.
Sánchez señaló que mantienen la fecha de fin de año para la entrada en vigor de la zona y añadió que, de no haber contado con la necesidad de actualizar la ordenanza con incorporaciones como la excepción por bajos ingresos, copiada de la ZBE de Barcelona, la habrían puesto en marcha «en el verano».
La aplicación de una medida recogida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021, obligatoria para las ciudades que superan los 50.000 habitantes, no será un camino de rosas para el Ayuntamiento y la prueba está en las alegaciones recibidas. Por parte del comercio, de Fecosva y Avadeco, se considera «injustificada» la ampliación del área delimitada, que pasó de un radio de 1,4 kilómetros en torno al centro a 3,1.
A las protestas de los comerciantes, plasmadas en alegaciones, se han sumado las de algunos colegios que están dentro de la zona de bajas emisiones, que piden que los padres puedan llevar y recoger a los hijos al centro sin riesgo de ser multados, una excepción que se sumaría a las ya contempladas en la ordenanza.
En el lado opuesto, un grupo de colectivos y asociaciones, entre los que están Asamblea Ciclista, Ciudad Sostenible, Comisiones Obreras, Confederación General del Trabajo, Ecologistas en Acción, Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, Federación de AMPAS de Valladolid y Greenpeace, consideran que la zona delimitada se queda corta y hay que ampliarla .
De mantenerse la prevista, tal y como confirmó en días pasados el alcalde, Óscar Puente , su control se realizará con un circuito de 49 cámaras, instaladas en 33 calles. Las multas para la conductores que accedan a la zona con vehículos no autorizados empezarán a imponerse a partir de 2024 y su cuantía será de 200 euros.