Los ecologistas acorralan a María Sánchez y exigen ampliar a la avenida Salamanca la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valladolid sigue dando que hablar, y lo que le queda, tanto entre los que están en contra de que se aplique como aquellos que son firmes defensores de la misma. Con el fin de las alegacionies de la ordenanza, cuyo plazo para presentarlas finalizaba este jueves, el Ayuntamiento dispone ya y las está analizando todas las peticiones de los diferentes colectivos, particulares y partidos políticos. Entre estas alegaciones se encuentran las de los colectivos ecologistas que acorralan a la concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, y exigen ampliar la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid.

Ampliación que pasa, según las alegaciones presentadas y la nota de prensa remitida a los medios, por que la ZBE incluya también la avenida Salamanca y suprimir el acceso libre a las 2.800 plazas de rotación de los doce aparcamientos públicos . Las organizaciones Asamblea Ciclista, Ciudad Sostenible, CCOO, Confederación General del Trabajo, Ecologistas en Acción, Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, Federación de Ampas de Valladolid, Greenpeace y Más País exigen en sus alegaciones que esta zona sea «más ambiciosa». 

"La Ley estatal de Cambio Climático establece que todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes deben establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023, con el fin de mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero , promoviendo una movilidad basada en el transporte colectivo y los medios activos peatonales y ciclistas", explican en su comunicado, en el que a renglón seguido remarcan que "la Zona de Bajas Emisiones propuesta por el Ayuntamiento de Valladolid resulta insuficiente para alcanzar estos objetivos".

El porqué entienden que la ordenanza de la ZBE es insuficiente es porque demora esos objetivos a 2030, " los acota a una parte pequeña de la ciudad y permite el acceso a la misma de la mayor parte de los vehículos que entran en la actualidad, mediante un sistema de exenciones y accesos temporales abusivo", puntualizan. 

Según el análisis que realizan todas estas organizaciones y colectivos, "la Zona de Bajas Emisiones propuesta sólo reduciría el actual tráfico motorizado y la contaminación en la ciudad en un 1% en 2024, un 3% en 2025 y un 4% en 2030 , según el calendario de aplicación previsto". Pero que, además, entienden que "los beneficios sanitarios y ambientales del menor tráfico sólo llegarían al centro urbano".

Argumentos, todos ellos, por las que las organizaciones sociales realizan diez sugerencias para mejorar la eficacia de la Zona de Bajas Emisiones, "empezando por la ampliación de su ámbito inicial hasta la avenida de Salamanca y por su extensión en una segunda fase a los barrios , incorporando la estrategia 'Puertas de la Ciudad' de reducción del tráfico de entrada en la ciudad mediante intercambiadores de transporte, contenida en el vigente Plan General de Ordenación Urbana".

Pero no se quedan ahí, ya que los alegantes presionan para al Ayuntamiento y a la concejala María Sánchez y proponen que se adelante el calendario de aplicación de la ZBE , "restringiendo el acceso a su ámbito inicial de los vehículos con etiquetas A y B desde 2024 y C y ECO desde 2025. Medida extendida al interior de la ronda de circunvalación VA-20 en el año 2028". Es decir, mucho más restrictiva que la ordenanza actualmente aprobada.

Dentro de sus exigencias, proponen acompañar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de un programa de mejora del transporte público que amplíe frecuencias y optimice recorridos, con la adecuada conexión con los aparcamientos disuasorios y las localidades del área urbana. Al tiempo que se prioriza y potencia la movilidad activa peatonal y ciclista, y se presta atención especial al desarrollo de formas de movilidad sostenibles en el acceso a los centros de trabajo.

Quieren, también, que se delimite como zonas de especial sensibilidad aquellas que se encuentran en las inmediaciones de los equipamientos escolares, sanitarios, hospitalarios y asistenciales . "El diseño de estas zonas de especial sensibilidad debería incluir requisitos y medidas de reducción de emisiones más exigentes que los que se establezcan en la zona principal, como vigilancia estricta, supresión de aparcamientos y restricciones a las horas de entrada y salida", lo que colisionaría directamente con esa idea que baraja el Ayuntamiento de plantear exenciones, tal y como piden los colegios, en la Zona de Bajas Emisiones para llevar y recoger a los niños.

Con todas estas alegaciones, los colectivos ecologistas y sociales entienden que "se permitirá mejorar sustancialmente la eficacia de esta medida, materializando su aplicación en la próxima legislatura y extendiendo sus beneficios ambientales y sanitarios a los barrios, para lograr un Valladolid más saludable y accesible". "Se trata de medidas -insisten- que se vienen implantando con éxito en centenares de ciudades europeas desde hace medio siglo, incluyendo en España Pontevedra o Vitoria, y que podrían situar a Valladolid en la vanguardia de las urbes con mejor calidad del aire y mayor nivel de vida".

Alegaciones que, más allá de todo lo señalado, argumentan en el hecho de que, según detallan, "la contaminación atmosférica ocasiona en Valladolid más de doscientas muertes, cada año, según el Instituto de Salud Carlos III de Madrid y el Instituto de Salud Global de Barcelona. Los contaminantes responsables de este grave problema sanitario son el dióxido de nitrógeno y las partículas, en invierno, y en verano el ozono, emitidos directa o indirectamente por el tráfico motorizado, principal responsable de la calidad del aire que respiramos en la ciudad".