El PP califica de "chapuza" la Zona de Bajas Emisiones y exige su retirada por "irresponsable"

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este lunes una quincena de alegaciones respecto a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con el objetivo de "paralizar la tramitación de la Ordenanza y que se inicie un nuevo procedimiento para determinar una ZBE", ha expuesto Irene Núñez , la portavoz del Grupo Municipal Popular.

La formación se acoge a la implantación de la ZBE bajo las directrices y recomendaciones de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, además del Real Decreto 1052/2022 , que según Irene Núñez, la ordenanza que quiere aprobar el equipo de gobierno de Óscar Puente "no lo hace".

La portavoz ha señalado, en primer lugar, que lo incumple desde el ámbito temporal, porque la ZBE que se planteó se fijó en el Plan de Calidad de Aire del 2 de marzo de 2022, mientras que el Real Decreto que regula cómo se debe tramitar y cómo se debe hacer la ZBE es de diciembre de 2022, por lo que esa diferencia de diez meses ejemplifica una implantación "imprudente y prematura" , y al respecto ha añadido que el equipo de gobierno "debería haber esperado a conseguir el desarrollo reglamentario para hacerla de manera fidedigna".

La segunda cuestión planteada en la sesión al incremento sustancial del área de la ZBE, que en primera instancia planteaba 1,4 km2 y "sin motivación razonada ni razonable" se pretende ampliar hasta los 3,1 km2. Por ello, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha considerado que "se debería haber iniciado un nuevo trámite de exposición pública , puesto que se trata de una gran alteración de un instrumento de carácter especial, por la relevante incidencia que va a tener en la vida económica y social de la ciudad".

En tercer lugar, se ha nombrado que el expediente general de la ZBE "no cumple con los contenidos que marca el Real Decreto que se requiere para su determinación y su aprobación". Irene Núñez ha hecho referencia a la ausencia de estudios e informes científicos ni técnicos , por ejemplo, del impacto económico y social sobre el mercado y la competencia porque "tenemos que saber si implantar una ZBE supone una barrera de entrada y si afecta al mercado", ha indicado la portavoz popular. Como también falta de informes sobre los costes y beneficios, sobre el coste de cargas administrativas, o de la proporcionalidad y de falta de alternativas .

Además, ha recalcado que la ZBE "no cuenta con un estudio del impacto en el tráfico y movilidad de la ciudad" , por lo que se trata de una decisión "arbitraria e irresponsable". Por ello, ha resultado paradójico para Irene Núñez no saber los "perjuicios que se van a ocasionar a los comercios y diferentes negocios" pero que sí haya valoraciones sobre la recaudación del Ayuntamiento de Valladolid con la ZBE, cuyas estimaciones se aproximan a las 2,2 millones de euros y 50 multas al días .

Ante ello, ha denunciado que Óscar Puente únicamente se ha basado en los datos del PIMUSSVA , "que se elaboró antes del año 2015, por lo que estamos hablando de hace más de ocho años y por mucho calibrar que hayan sufrido esos datos, no se ha podido tener en cuenta la pérdida de población de la ciudad o el paso de la pandemia", como también "el teletrabajo o los sustanciales cambios en la movilidad". A raíz de ello, la cuarta alegación incluye que "no procede aumentar a más del doble la zona propuesta amparándose en el PIMUSSVA".

Asimismo, Irene Núñez ha reflejado que "la delimitación que fija la Ordenanza en su artículo 8 incumple el PIMUSSVA" al proponer otras tres posibles alternativas "que en nada se corresponden con la ZBE propuesta por el Ayuntamiento de Valladolid".

Respecto a las trece restantes alegaciones del Partido Popular, la tercera y cuarta tienen relación con el artículo 3 y 4 de la Ordenanza; la quinta trata "sobre el criterio de clasificación de los vehículos basados en etiquetas DGT" ya que no puede corresponder al valor real de sus emisiones según el estado del vehículo, potencia, peso, tamaño, uso o mejoras incorporadas para reducir sus emisiones.

La sexta alegación se basa en la aplicación de valores guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a que ha decretado que "no tiene capacidad legislativa". La séptima versa sobre el plan de comunicación que se exige en las guías del Ministerio para la transición ecológico y el reto demográfico para confeccionar la ZBE, del cual se debe informar de todas las consecuencias, "tanto positivas, si las hay, como negativas", y de las restricciones a la movilidad . La octava alegación tiene relación con los vehículos clásicos y antiguos, donde el Grupo Municipal Popular ha considerado "necesario" incorporar sus permisos en la Ordenanza. 

La novena alegación hace referencia al artículo 14.3.I de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética ( Integrar los planes específicos de electrificación de última milla con las zonas de bajas emisiones municipales ), el cual no está contemplado en la presente Ordenanza. La décima alegación demanda un articulado preceptivo si la puesta en funcionamiento de la ZBE produce graves consecuencias para el tejido económico y social de la ciudad .

La undécima alegación incluye os eventos de interés dentro de la ZBE, como Pingüinos o el paso de las Cabalgatas, donde los vehículos que forman partes de los mismos "deben quedar excluidos de la prohibición de circulación" . La duodécima alegación trata sobre la reducción del Impuesto de Circulación; la decimotercera sobre las directrices y marco regulatorio que establecerá el procedimiento para la tramitación de excepciones y permisos temporales; la decimocuarta propone que se autorice temporalmente el acceso a la ZBE a vehículos de profesiones a los que les resten siete o menos años para jubilarse, vehículos que realice tareas de mantenimiento en talleres o garajes, vehículos en estado de reposición si se acredita la compra de un vehículo nuevo, vehículos de transporte de animales o vehículos militares; y la decimoquinta expone la falta de medidas alternativas en relación al acceso a la ZBE.

"La Ordenanza que está tramitando el equipo de gobierno es una chapuza en su gestión y solamente obedece a criterios subjetivos y arbitrarios", ha sentenciado.