El Ministerio de Justicia compromete 80 millones para que el Campus Judicial de Valladolid esté en 2031

Las protestas del Ayuntamiento y del colectivo judicial por el olvido de la Campus Judicial en los Presupuestos Generales del Estado parece que surtieron efecto y, este martes, el Ministerio de Justicia firmó un protocolo con el consistorio por el que se compromete a poner 80 millones para que la nueva sede que agrupe los órganos judiciales ahora dispersos por la ciudad esté construida en 2031 . En realidad, el acuerdo contempla dos fases, de manera que la primera empezaría en 2024 y estaría completada en 2027 con la construcción del edificio principal, el que irá en el antiguo colegio del Salvador, para que el traslado de los juzgados repartidos por la capital esté lo antes posible. La dotación para esta primera parte de los trabajos asciende a 50 millones de euros, mientras que la segunda, que se desarrollará entre 2028 y 2031 para terminar las instalaciones, con la construcción de un segundo edificio en los terrenos del antiguo hospital Río Hortega, colindantes con el Salvador, costaría los 30 millones restantes.

La firma del protocolo no contó con la presencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop,  y en su lugar acudió la subsecretaria del Ministerio, María Sánchez Hernández, quien negó que la dotación ahora de 80 millones para el proyecto suponga "una rectificación" y añadió que "siempre" existió la voluntad de construir el Campus, pero "había que limar algunas cuestiones". Al acto en el en Ayuntamiento estaban invitados todos los partidos con representación municipal, aunque el PP no acudió por considerar la firma "una farsa escenificada por Puente y por el Ministerio de Justicia" y una "maniobra desesperada" para "salvar los trastos a Puente ante la proximidad de las elecciones".

El protocolo llega  año y medio después de que el Ayuntamiento comprara el colegio del Salvador por 6,8 millones de euros y tras las reiteradas 'decepciones'  por el olvido  en los presupuestos del proyecto, despachado por el Gobierno con partidas simbólicas que mantenían varado una actuación que se arrastra desde la etapa del PP en el consistorio. El alcalde, Óscar Puente, restó importancia a la ausencia de la ministra y dijo que "lo importante no es la foto", al tiempo que agradeció "la sensibilidad" del Ministerio y "una buena voluntad que hay que reconocer", pese a admitir "las diferencias"  mantenidas con el el departamento que dirige Llop.

La hoja de ruta fijada en el protocolo pasa primero por la cesión de los suelos al Ministerio, un trámite que el alcalde prevé que se materialice en enero. Una vez en poder de Justicia, en 2023 se licitará el anteproyecto y se redactará el proyecto para licitar las obras en 2024 y tener la primera fase en 2027 con el edificio principal ya acabado. La segunda fase empezaría en 2028.

El documento firmado recoge en un apartado que en el caso de durante la redacción del proyecto o mientras se realizan las obras se produjera "alguna circunstancia sobrevenida" que impida la ejecución del proyecto o bien se produjese un retraso del 30% en las licitaciones los terrenos volverán al Ayuntamiento . De la misma manera, en el caso de que el Ministerio de Justicia decidiera no realizar las obras, el consistorio recuperaría los suelos, una manera de curarse en salud en previsión de sorpresas.

Al acto acudió el presidente de la Audiencia de Valladolid , Javier Carranza, quien expresó su satisfacción por lo que consideró "un logro importante para la ciudad" y añadió que la firma de este martes supone "el punto final de un recorrido y el arranque de las obras". Carranza recordó que "pacta sunt servanda", confiado en que el protocolo se cumpla al ser "un compromiso por escrito" y consideró "razonable" un plazo de tres años para construir el edificio principal, al que  deberían trasladarse lo antes posible los juzgados que están en las calles Nicolás Salmerón y San José y en la plaza del Rosarillo.

La presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, emitió un comunicado en el que señaló que " Puente, Saravia y el Gobierno de Sánchez venden humo una vez más en lo que respecta al Campus de la Justicia" . Del Olmo tachó de "tomadura de pelo" la firma del acuerdo y subrayó que "el protocolo no es vinculante". mientras van a aprobarse unos Presupuestos Generales del Estado que sólo contemplan 200.000 euros para el proyecto".