El cajero ambulante permitirá sacar dinero con el móvil, consultar movimientos o recargar tarjetas

El cajero ambulante destinado a facilitar la retirada de efectivo en los pueblos que no disponen de sucursal ya calienta motores para arrancar en breve las rutas por la provincia. Será en los primeros días de enero , como muy tarde, cuando  comience a recorrer la geografía vallisoletana, una vez que la Diputación ha formalizado ya la contratación del servicio con la empresa Prosegur para que los vecinos de las 175 localidades sin entidad bancaria puedan sacar dinero y, además, realizar otras operaciones adicionales.   

Entre las posibilidades añadidas que ofrece la adjudicataria destaca el uso de tecnología NFC para retirar billetes a través del teléfono móvil, la posibilidad de consultar los últimos movimientos , comprobar el saldo en las cuentas , cambiar el PIN de identificación y recargar tarjetas prepago . 

Se trata de opciones que la institución provincial proponía como mejoras funcionales a tener en cuenta en el segundo pliego de condiciones que sacó a licitación en el mes de abril, después de un primer intento fallido que ha dilatado un año su puesta en marcha . Finalmente esas opciones ‘extra’ sí estarán operativas porque, una vez resuelto ahora el procedimiento, así lo contempla en su propuesta la empresa seleccionada. 

Ha sido, en todo caso, la rebaja de precio la que ha inclinado la balanza en favor de Prosegur frente a Cardtronics, la otra empresa que presentó su oferta y que se encargó el año pasado de la instalación de cinco cajeros automáticos en Alcazarén, Matapozuelos, Valdestillas, San Miguel del Arroyo y La Pedraja de Portillo.  

En concreto, para impulsar el cajero itinerante en el medio rural la Diputación de Valladolid ‘reservó’ un millón de euros pero, gracias a la rebaja de precio, desembolsará 872.168 euros (un 14% menos de lo previsto) a lo largo de cinco años –hasta 2027–, en aras de posibilitar a los vecinos que puedan sacar dinero en efectivo ‘a la puerta de casa’ sin tener que desplazarse a otras localidades. 

Según el estudio realizado por la institución provincial para saber las necesidades de cada enclave y, por tanto, para diseñar la propuesta de contratación, en Valladolid hay 175 pueblos donde no existe este servicio en la actualidad –el 80% de los 224 que conforman el territorio–, bien porque las sucursales que en su día funcionaron han ido cerrando o bien porque nunca han existido.

El cambio ya está próximo, con la cuenta atrás activada. Y es que el cajero tiene que estar en servicio en un plazo máximo de cuatro meses desde la formalización del contrato. Puesto que dicha formalización se produjo la semana pasada, los primeros días de enero ya estará rodando . Podría estrenarse antes, incluso, si Prosegur no agota el ‘tope’ de tiempo marcado. 

A partir de entonces el cajero móvil tendrá que acercarse una vez al mes a todos los enclaves incluidos en el listado que no lleguen a los 125 habitantes , y dos veces al mes a aquellos que superen esa cifra, con rutas programadas por la mañana y por la tarde, entre las 8:30 y las 21:30 horas. 

Teniendo en cuenta el padrón de habitantes a 1 de enero de 2021, que es el que se ha tomado como referencia para definir las frecuencias, Aguasal es el más pequeño de los beneficiarios, pues cuenta con 17 empadronados, y Villanueva de Duero el más grande, con 1.227 habitantes. En total, más de 33.000 vecinos de la provincia podrán disfrutar de un servicio que a día de hoy no tienen , y el número podría crecer, pues el contrato contempla que puedan añadirse más paradas, en caso de que cierren sucursales en municipios donde actualmente sí las hay. 

Algo que parece que podría suceder, a tenor de la tendencia experimentada en los últimos años. Baste comprobar que ahora están incluidos 175 ejemplos en los que el vehículo adaptado debe hacer parada, mientras que cuando la Diputación comenzó el año pasado a diseñar este servicio, contabilizó 171. En apenas unos meses, el número ha experimentado un incremento. 

Ese primer pliego preveía 116.600 euros de inversión para un periodo de un año, pero la convocatoria quedó desierta y la institución provincial tuvo que modificar las bases, tanto a nivel presupuestario, hasta elevar el cálculo al millón de euros, como a nivel de plazos, con un plazo alargado a cinco años. 

Resuelto ya el contrato, la comisión estándar que abonarán los usuarios del dispositivo ambulante será de 1,35 euros , según la media calculada por Prosegur. Algo superior a lo que pagan los vecinos que utilizan los cajeros fijos instalados en las localidades mencionadas gracias a otro programa de la Diputación –Alcazarén, Matapozuelos, Valdestillas, San Miguel del Arroyo y La Pedraja de Portillo– pues el precio promedio de retirada es de 0,71 euros por reintegro, según el estudio realizado por la Diputación, correspondiente con el primer trimestre de este año. 

Los datos analizados reflejan que el 86% de los reintegros de efectivo se realizan por titulares de tarjetas bancarias de entidades con los que la empresa encargada del servicio  (Cardtronics, en este caso) tiene acuerdos para la reducción de comisiones, que en el 42% de las retiradas efectuadas se aplica una comisión de 0,50 euros y que sólo un 14% de los reintegros corresponden a entidades con las que no se tiene acuerdo, por lo que la Diputación considera que «el impacto a nivel de coste promedio por usuario es sustancialmente bajo, y representa un número reducido de usuarios finales». 

El medio rural pierde la mitad de sus oficinas en la última década

El incesante cierre de oficinas bancarias en los últimos años ha provocado que muchos vecinos que antes sí gozaban de servicios financieros en sus lugares de residencia tengan que desplazarse ahora varios kilómetros para, simplemente, poder hacer un ingreso o sacar dinero en efectivo. Las cifras son contundentes: de las 61 sucursales operativas en el medio rural que había hace una década, ya sólo quedan 27 .

En números absolutos supone que a lo largo de los últimos diez años han echado el cierre más de una treintena de ellas y en términos relativos se traduce en un desplome que roza el 56% . Se han clausurado, por tanto, más de la mitad de las oficinas, según los datos del anuario estadístico de la Banca en España.

Con el foco puesto en la capital vallisoletana ese índice es aún más elevado, pues el paso de las 134 sucursales de hace una década a las 52 actuales (con datos a 31 de diciembre de 2021 del mencionado informe) indica que en este periodo hay 82 menos, lo que supone una caída del 61,2%.

Teniendo en cuenta la cifra global, sin distinción entre ámbito rural y urbano, la reducción se concreta en 116 oficinas menos, al pasar de las 195 a las 79, con un desplome que roza el 60%.

El goteo de cierres se palpa también atendiendo a la estadística de las dos últimas anualidades, con el cerrojo puesto el año pasado en quince oficinas de la capital y en otras seis de pueblos de la provincia, en comparación con el ejercicio 2020. En términos relativos la caída se cifra en el 22% y el 18%, respectivamente. 

La consecuencia, más allá de que los ciudadanos tengan que recorrer mayores distancias para acceder a los servicios bancarios, es el recorte en las plantillas. Sólo el último año el número de empleados ha descendido más de un 9% en la provincia vallisoletana, con 79 menos al pasar de los 837 de 2020 a los 758 de 2021.

Con la vista puesta una década atrás en el tiempo, la reducción es de 546 menos (una caída del 42%). Y si entonces había 2.743 habitantes por oficina, ahora el número llega a los 6.554.