Pide el indulto Ramón Mazariegos, el único asesino reincidente de Valladolid

Ramón Mazariegos Pelillo , el único  asesino reincidente en la historia judicial vallisoletana, ha solicitado en días pasados el indulto a la sección cuarta de la Audiencia de Valladolid, último tribunal sentenciador, alegando que ya ha cumplido 30 años de cárcel. 

La suma total de condenas que ha recibido en su historia es de 58 años de cárcel y ahora, en concreto, purga pena por el asesinato en enero de 2005 de José Antonio S.L.  con las agravantes de alevosía y ensañamiento (25 años de cárcel) a los que sumó cuatro años y tres meses más por robo con intimidación con uso de arma peligrosa, ya que robó la cartera y las tarjetas de la víctima. 

Este fue su segundo asesinato, ya que el 30 de julio de 1992 mató también por primera vez con las agravantes de ensañamiento y alevosía a la empleada de la hamburguesería Cuchus de la plaza de San Juan, Lidia Rabanillo, de 64 años, cuando ésta le sorprendió robando en el que había sido su puesto de trabajo hasta que le despidieron días antes.  Fue condenado en septiembre de 1993 a 30 años de prisión. 

Con 50 años de edad, e interno en el centro penitenciario de Burgos desde el pasado 18 de marzo –antes estuvo recluido en el penal de El Dueso (Cantabria) y el de Valladolid– tiene todavía por delante 16 años más de estancia en prisión, ya que su salida está prevista para el año 2038. 

Lleva entre rejas desde 1992 , es decir, 30 años (con la excepción de los meses que recuperó la libertad condicional en 2004 antes de volver a matar), y ha decidido jugar la baza del  indulto, aunque no es la primera vez. 

El letrado de la familia de su segunda víctima desveló a este diario que ya en 2010 solicitó la medida de gracia, aunque de forma infructuosa. La Jefatura de Servicios de Indultos del Ministerio de Justicia informó, en fecha de 2 de noviembre de 2010, del rechazo al indulto que se acordó en el Consejo de Ministros celebrado tres días antes. 

Mazariegos solicitó tal medida por acumulación de condenas con un máximo de cumplimiento de cárcel a 30 años, en aplicación, expuso, del artículo 70.2 del Código Penal, recurso que no prosperó. 

Inasequible al desaliento, vio una nueva posibilidad de excarcelación   a raíz de la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) que anuló, en noviembre de 2013, la ‘doctrina Parot’ y que permitió la salida a la calle de asesinos y violadores vallisoletanos como Pedro Luis Gallego, el ‘violador del ascensor’ o Juan Manuel Valentín Tejero. Ambos reincidieron. 

Mazariegos  se dirigió en diciembre de 2013 por escrito a la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid a fin de solicitar «la aplicación inmediata de máximo cumplimiento, en base a la sentencia del TEDH», y se procediese a su inmediata puesta en libertad ya que, según alegó, llevaba entre rejas desde hacía veintidós años y pasaba del límite fijado». Tal solicitud no prosperó. 

En la reciente petición de indulto, los astros tampoco están de su parte, de momento. La Junta de Tratamiento de la cárcel de Burgos ha emitido un informe desfavorable y la familia del asesinado José Antonio S.L. también está preparando un escrito de oposición al indulto. Entre otros argumentos,  recuerda que la evidencia de su no reinserción ya quedó demostrada al asesinar al poco de salir de la cárcel, y lo hizo además con la agravante de ensañamiento, amén del  «ridículo» pago que hizo a los familiares, de unos pocas decenas de euros, a pesar de ser condenado a abonar 90.954 euros a la madre. 

Cuando asesinó a este joven de Santovenia había cumplido ‘solo’ once años de cárcel cuando su condena había sido de 30 años de prisión por el asesinato de la empleada de la hamburguesería, ya que en 2004 obtuvo la libertad condicional tras lograr burlar al sistema penitenciario y hacer creer que era una persona que podía ser reinsertada en la sociedad.

Nada más lejos de la realidad, puesto que al poco de salir nuevamente a la calle premeditó la muerte de José Antonio S.L. por un «miserable móvil económico», que no era otro que hacerse con su cartera y su tarjeta de crédito, según advirtió entonces el letrado de la familia del fallecido, Santiago Díez. 

Para ello, Ramón Mazariegos quedó con la víctima en la noche del 15 de enero de 2005 por teléfono para mantener otro de sus contactos sexuales y le llevó en su vehículo, un destartalado Peugeot 105,  hasta un pinar de Puente Duero, escenario deshabitado y de difícil acceso que garantizaba su total impunidad.

Fue allí, donde el condenado se colocó tras el fallecido y, tras sujetarle por el cuello, le asestó una puñalada que entró por el tórax y siguió una trayectoria ascendente hasta alcanzar casi la base de la lengua, lo que le provocó un shock hemorrágico que, a la postre, terminó con la vida de José Antonio. 

La salida de prisión de Ramón Mazariegos tras su primer asesinato costó 100.000 euros al Estado . La libertad condicional fue concedida por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, pero el letrado sostiene que por encima del juez está la supremacía de la Administración sobre el control de los reos a su cargo. El letrado Santiago Díez, pidió por ello una indemnización para la familia de José Antonio por los daños derivados de su fallecimiento.

Una reclamación que fue atendida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Los jueces dieron  la razón a los familiares y condenaron al Ministerio del Interior a pagar 100.000 euros en concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración.