Justicia ningunea el proyecto del Campus Judicial de Valladolid con apenas 200.000 euros para 2023
De acuerdo con la previsión del Ministerio, tampoco en 2024 habrá grandes avances al contemplar, en las proyecciones que realiza para los próximos ejercicios, una partida de 300.000 euros
Nueva decepción con la asignación de los Presupuestos Generales del Estado para el proyecto del Campus Judicial de Valladolid . Si para 2022 fueron 100.000 euros lo consignados por el Ministerio de Justicia, las cuentas para 2023 contemplan el doble, 200.000 euros, pero no deja de ser una cantidad simbólica para un proyecto de gran calado que, casi con toda seguridad, obligará a demoler el antiguo colegio de El Salvador, en la plaza de San Pablo, para construir la nueva sede judicial.
De acuerdo con la previsión del Ministerio, tampoco en 2024 habrá grandes avances al contemplar, en las proyecciones que realiza para los próximos ejercicios, una partida de 300.000 euros. Si las previsiones se cumplen, en 2025 ya sí habrá un salto en la cantidad consignada, 880.000 euros, y habría que esperar hasta 2026, año en el que la cantidad ascendería a 5,2 millones de euros, para ver el final del proyecto.
En conjunto, la asignación prevista hasta 2025, incluidos los 100.000 euros del ejercicio vigente, asciende a 6,9 millones de euros , cuando en los presupuestos de 2022 el coste total previsto era de 8,9 millones y el final se contemplaba en 2025. Menos cantidad y un año de retraso sobre lo previsto.
La concentración en un mismo emplazamiento de los órganos judiciales que ahora están dispersos por la ciudad es uno de los proyectos del Ayuntamiento de Valladolid, aunque acumula ya un retraso de años desde que se proyectó, durante la etapa del PP al frente del consistorio, en una parcela del barrio Girón. Con la llegada del PSOE y Valladolid Toma la Palabra al equipo de gobierno municipal en 2015, optaron por parar el proyecto inicial y cambiar la ubicación para trasladar la sede al antiguo colegio de El Salvador al considerar que servirá para revitalizar el centro de la ciudad tras el cierre de algunas sedes administrativas como la sede de Hacienda, trasladada a la Avenida de Salamanca, y la oficina de la Seguridad Social de Gamazo.
El Ayuntamiento contempló en un principio realizar una permuta de terrenos con la Sareb, propietaria del Salvador, pero al final optó por comprarlo por 6,8 millones de euros, una operación muy criticada por los grupos de la oposición municipal.
Con la propiedad en manos del Ayuntamiento, ahora es el consistorio el que debe ceder el edificio al Ministerio de Justicia para que elabore el proyecto y ejecute las obras
Además del colegio El Salvador, el Campus Judicial ocupará también una parte del aparcamiento del antiguo Hospital Río Hortega, propiedad de la Seguridad Social, con la que el Ayuntamiento ya tiene un acuerdo para la cesión de una franja colindante con el antiguo centro escolar.