Explotación en un bazar chino de Pajarillos en Valladolid: 70 horas semanales sin contrato ni descansos

El fiscal pide tres años de cárcel para cada uno de los dos cónyuges chinos que supuestamente explotaron a siete trabajadores en el bazar que poseían en la calle Villabáñez , en Pajarillos. El juicio contra el varón Zhan E., y su mujer Dong L, se celebra este jueves en la Audiencia de Valladolid por un delito contra los derechos de los trabajadores.

El escrito de calificación de la acusación pública recoge que la mujer Dong L., en su condición de administradora única de la mercantil ‘Gran Valladolid SL’ y su esposo, Zhan E., que actuaba como apoderado de la primera, se pusieron de común acuerdo para crear una plantilla sorteando todos los trámites legales en su contratación y sometiendo a sus trabajadores a jornadas de sol a sol .

La pareja no lo hizo con todos empleados. El fiscal recuerda que sí tenían siete trabajadores dados de alta y en regla , pero una visita de la Inspección de Trabajo girada el 2 de diciembre de 2021 al establecimiento descubrió que otros tantos dependientes se encontraban en situación de explotación. Carecían de contrato laboral y ni siquiera estaban dados de alta en la Seguridad Social. Además, trabajan a destajo, sin descansos.

Cuatro de ellos eran chinos con permisos de residencia en España de larga duración en tres casos y permanente en un caso. También detectaron los inspectores en la ‘plantilla’ del bazar a una mujer con autorización de trabajo temporal por cuenta ajena, y dos varones de origen africano solicitantes de asilo, petición en un caso caducada, aunque en vía de recurso.

“Las mencionadas personas”, recuerda el fiscal, “trabajaban diez horas diarias, de lunes a domingo, sin descanso, ni días libres, ni vacaciones”: 70 horas a la semana . Peor aún. “Incluso un trabajador en situación irregular, no sabía cuánto dinero iba a ganar por su trabajo. Por la situación de necesidad personal y familiar se vio obligado a aceptar las condiciones”, puntualiza el fiscal.

Por estos hechos el fiscal pide tres años de prisión para cada uno de los dos acusados tres años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores, además de una multa de 4.500 euros, cada uno.