Las academias acusan a Veganzones de poner en riesgo 14.000 empleos en Castilla y León

La Federación de Asociaciones Castellano y Leonesas de Academias de Enseñanza (Cecap) acusó este martes a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de convocar las ayudas a la formación para el empleo abiertas a entidades sin experiencia y de ser la “única” Comunidad “donde la calidad y la eficiencia en la formación no están presentes en los criterios de valoración de las entidades solicitantes”. Ello motivará, continuó, “una peor formación entre los alumnos” y pondrá en riesgo a cerca de 14.000 empleos que genera este sector en la autonomía, que serán “dirigidos desde otras partes de España”.

En un comunicado, Cecap, miembro de CEOE Castilla y León, lamentó que “lo que no consiguió la pandemia del Covid lo van a lograr las nuevas convocatorias de formación para el empleo de la Junta” ; y advirtió de que “esto es cerrar a las empresas castellanas y leonesas del sector”. Si durante los meses más difíciles de 2020 y 2021 los centros colaboradores del Ecyl “invirtieron un gran esfuerzo personal y económico en mantener las aulas abiertas y al alumnado formado porque creían en el futuro del sector y en la necesidad que tiene la Comunidad por contar con personas preparadas para el mercado laboral, las políticas que se están evacuando desde la Consejería van a conseguir” una “peor formación” .

La patronal del sector puso como ejemplo a qué establecimiento acude un ciudadano “cuando necesita que le arreglen el coche o quiere que le atienda un médico” “¿A quién acudiríamos? ¿A un taller o una consulta que tiene sus instalaciones abiertas todo el año y donde podemos comprobar si está capacitado para satisfacer nuestras necesidades? ¿O por el contrario confiaremos en alguien que nos firma una declaración jurada prometiendo que cuando lo necesitemos, ‘seguro seguro’ que lo tendrá todo montado , pero que por ahora no ha firmado ni el alquiler del local donde presumiblemente va a ejecutar su actividad?”, cuestionó Cecap, postura que, a su juicio, pretende el departamento dirigido por Mariano Veganzones.

La organización denunció que tras estudiar todas las normativas semejantes en España se puede asegurar que Castilla y León es la “única” Comunidad “donde la calidad y la eficiencia en la formación no están presentes en los criterios de valoración de las entidades solicitantes”. Cecap prosigue que esta evaluación “se puede realizar en función de la experiencia previa con la administración adjudicataria o con otras, y cuando ésta no es posible, en el resto al menos se obliga a la entidad solicitante a realizar un proyecto que acredite sus capacidades”. Es más, si “aun así todo ello se considera que no es posible, se le concede la media provincial o regional para que compita con equidad con el resto de entidades” , un requisito “esencial para conseguir que el alumnado tenga acceso a la mejor formación para conseguir un trabajo con el que salir del paro”.

Subvención, incluso sin instalaciones

La patronal también afea al departamento de Veganzones que Castilla y León es la “única” en la que los centros solicitantes pueden disponer de una subvención “sin que la administración adjudicataria tenga la seguridad de que la entidad beneficiaria dispondrá de instalaciones homologadas en las que el alumnado pueda cursar sus estudios con las condiciones de seguridad e higiene mínimas y con los medios suficientes para que su formación sea segura y de calidad”.

Cecap recordó que estos criterios se encuentran recogidos en la orden IEM/1003/2022, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras dirigidas a las subvenciones del Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI) destinado principalmente a personas desempleadas. También en la orden IEM/1071/2022, de 20 de agosto, de subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas de formación transversales, para trabajadores ocupados en Castilla y León; y en la orden IEM/1070/2022, de 20 de agosto, con ayudas para la financiación de programas de formación para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital de la economía, para trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León.

A todas estas dudas, el Ecyl ha respondido a la patronal que se modifican los requisitos para “cumplir”, entre otras, sentencias de abril de 2021 y de febrero de 2022 , del TSJ de Castilla y León, donde “se anulaban parte del articulado de las bases reguladoras anteriores porque la sala entendía que iban en contra de la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado”.

Sin entrar en la “discusión” de por qué en su momento no se recurrieron esas sentencias que “eran claramente contrarias a la jurisprudencia tanto regional como del resto de España” , Cecap expresó que las bases reguladoras anteriores han hecho una “interpretación poco ambiciosa de las sentencias, ya que lo que indicaban era que no se había justificado suficientemente las razones para marcar las condiciones que las entidades solicitantes deben cumplir”.

Pone como ejemplo la orden EFP/705/2022, de 20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales dirigidas a las personas trabajadoras, y se realiza la convocatoria de ámbito estatal para el año 2022, publicada el 26 de julio. En ella figuran “completamente legales” todos los baremos que las sentencias anulaban, “simplemente porque se justifican de forma adecuada” .

“Sabíamos que estábamos en un momento de cambio en las personas de la Administración”, sostuvo Cecap en relación al Gobierno de coalición de PP y Vox, “y por ello en vez de hacer públicas nuestras quejas por las primeras bases reguladoras publicadas, nos pusimos a trabajar para encontrar una interlocución con la Consejería y así tratar de mejorar las convocatorias para que sus beneficiarios, los trabajadores, tuvieran la mejor formación posible, y con ello lograr la prosperidad para esta tierra”. Pero, añadió, “desgraciadamente eso hasta el momento no ha sido posible” , motivo por el que denuncian unas convocatorias que “sólo van a conseguir fracaso al alumnado y ruina a las empresas y sus trabajadores”.

Cecap Castilla y León es la organización mayoritaria del sector de la formación para el empleo en la Comunidad, que cuenta con más de 14.000 trabajadores y representa a entidades de formación que cuentan con más de 160 centros abiertos durante todo el año.