¿Nadie vio en 10 años el infierno que vivió Irene?: violada por su padre y obligada a abortar tres veces

Más de 3.600 días de oscuridad en la que habitaba un monstruo y donde la luz del día no significaba ninguna salida. La niña vivía sometida a un infierno en su casa y no encontró una mano tendida hasta que su sufrimiento ya se había prolongado más de una década. Diez años aterrada, de desamparo, en los que nadie hizo nada por la pequeña de la que su padre abusaba sexualmente con asiduidad en su domicilio de Valladolid .

 

Ni una voz de alarma desde que empezó el calvario cuando apenas había cumplido los nueve años (en 2010) hasta que por el confinamiento de 2020 dejó de forzarla sexualmente al perder la oportunidad de estar solos. Ninguna persona de las que se cruzaron en la vida de esta menor se percató o se quiso percatarse –y no por falta de señales– del terrible drama que había detrás de ese gesto serio y triste « que no tenía la alegría de las muchachas de su edad », según sus profesores.

 

Sólo su tutora del instituto intervino (aunque ya llegaba diez años tarde) y terminó con la espiral de violencia sexual a la que estaba sometida Irene, de ahora 22 años, que fue reconocida legalmente como hija por su hermana biológica Micaela y su marido Teodoro «cuando ella era muy pequeña» antes de venir de Bolivia a vivir a España.

 

Todos son nombres ficticios que les adjudica el Tribunal Superior de Justicia en la sentencia en la que ratifica el fallo de la Audiencia Provincial de Valladolid en la que se condena a Teodoro a 14 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual y con prevalimiento («consentimiento viciado de la víctima por la superioridad») sobre su hija desde los 9 años, a la que dejó embarazada en tres ocasiones , cuando era menor. Las mismas en las que la llevó a una clínica de la capital vallisoletana para que le practicaran tres abortos.

 

Que una niña de solo 13 años acuda a interrumpir el embarazo, sea examinada por un psiquiatra que no identifica ningún problema que se deba comunicar a las autoridades, puede resultar, como poco, llamativo. Pero que esto se repita hasta en dos ocasiones más, ya es más que cuestionable. Que la misma menor regrese dos años después (en 2016 y 2017, con 15) para someterse a la misma intervención y que no haya un profesional de ese centro sanitario que identifique que padecía una situación de abuso no deja en buen lugar el desempeño profesional de quienes la atendieron en esa clínica en una escalada de inverosimilitud para cumplir con un simple deber de humanidad.

 

Sin contar con que, como quedó establecido en el juicio, la autorización llevaba la firma de la madre falsificada . Una persona ausente en todos los aspectos y en el mejor de los casos.

Pero si esto, el que siendo tan joven acudiera dos veces para interrumpir su embarazo, no fuera de por sí singular y extraño, la situación se repitió una tercera vez. Con los mismos quince años. Y, de nuevo, nada trascendió, no percibieron ningún síntoma de que aquella niña sufría abusos, ninguna sospecha que les hiciera comunicarlo a alguna figura de autoridad que la pudiera haber amparado.

El psiquiatra que la atendió la primera vez escribió en su informe que Irene padecía «un claro trastorno afectivo con un intenso síndrome ansioso-depresivo» . Pero ninguna diligencia se practicó más allá de aprobar la intervención.

El facultativo reconoció en sede judicial, «en cuanto a su forma de actuar en estos casos», que «si es una menor, habla con la solicitante a solas para que no haya presiones y antes o después habla con un familiar». Aunque «imagina que lo vio», tampoco recuerda si llegó a hablar con Teodoro, que la acompañó en cada una de las tres traumáticas interrupciones del embarazo.

En su declaración ante la Audiencia Provincial, tal y como consta en la sentencia, este sanitario reconoce que el informe lo realizó él, afirma que «sólo la vio en esa ocasión» y que «no recuerda si en los dos siguientes embarazos la vio». Las peculiaridades del caso llevan a pensar que si se atendiera a una menor de tan temprana edad para abortar tres veces en el lapso de tres años fuera al menos para recordarlo.

El gerente de la clínica justificó el haber aceptado una autorización en la que se falsificó la firma de la madre afirmando: «Nosotros no tenemos medios para comprobar si era una falsificación », y precisó que «el psiquiatra la vio una vez, la primera que fue», e indicó que «con 14 semanas no es necesario informe médico». Los dos últimos embarazos los interrumpió con 14 y 6 semanas de gestación. En ambos apenas tenía 15 años.

Si los profesionales sanitarios que la atendieron en tan extrema y delicada situación no se involucraron ni percibieron el agónico trance en el que se encontraba, en su casa, en la que vivía con su madre, su tía, sus dos hermanos y su abusador, tampoco.

Su madre legal –que también es hermana biológica– y tiene 20 años más que Irene, declaró que no se percató en ningún momento de la delictiva conducta que mantenía su marido sobre su hija. " Nunca he visto nada ", aseveró.

Pero no solo asegura que no notó que a Irene le sucedía algo que trastocaba su ánimo, pese a convivir con ella durante todo el tiempo en el que el padre obligaba a la hija de ambos a mantener relaciones sexuales completas, sino que tampoco percibió que estuviera embarazada, a pesar de que una de las gestaciones llegó hasta las 18 semanas. Es decir, casi la mitad de una gestación media que llega a término. De cuatro meses y medio estaba cuando tan sólo tenía trece años y su padre, ahora condenado, le acompañó a la clínica para que abortara y mintiera sobre quien la había dejado embarazada. Dijo que fue un novio suyo. Uno que no tenía.  

Únicamente encontró un salvavidas y fue en la escuela, aunque no en los primeros diez años de tortura. Su tutora del instituto en el que cursaba un ciclo de Formación Profesional se interesó por las razones de que estuviera «tan retraída».

Le preguntó una vez en una tutoría, en noviembre de 2020. Se dio cuenta de que algo estaba mal en esa niña «que no tenía la tontería que tienen los adolescentes» , declaró en la Audiencia, pero no logró que se abriera. Le manifestó que «esperaba que tuviera alguien para recibir ayuda». No lo había.

«No la veía normal. Estaba muy retraída. Los profesores sospechábamos que algo le pasaba . Estaba muy hermética. Pensábamos que había algún problema. No quería hacerse la orla, no quería aparecer en las fotos, ni en las redes sociales». Por ello, unos meses después, ya en mayo de 2021 volvió a insistir de nuevo. «Ella empezó a llorar» y le contó que su padre abusaba de ella desde hacía mucho.

La creyó y le animó a denunciar. «No me hubiera contado si yo no hubiera insistido e intentado sonsacarle. Yo di credibilidad a los que me contó porque sospechábamos que había algo detrás. Había notado al padre una conducta de protección algo rara. Según la vi a ella, la creí», declaró, según consta en la sentencia de la Audiencia, a la que ha tenido acceso este diario y que el TSJ ratificó de forma íntegra desestimando el recurso de apelación del condenado, que tiene 43 años en la actualidad.

El alto tribunal concluyó que los testimonios, tanto de la profesora como de la víctima, «fueron sinceros y verosímiles», mientras los del condenado no tenían «credibilidad».  

La docente reconoció que el ambiente familiar parecía tóxico: «Nosotros notábamos muchos puntos negros», detalló sobre una familia de la que el equipo docente del centro educativo no conocía a la madre - «no sabíamos nada de ella porque nunca fue al centro» - y veían una influencia del padre negativa. «Cuando hablé con él parecía autoritario. Decía que a su hija había que tenerla firme, la descalificaba y yo le decía que era buena alumna». Desahogarse con su profesora y recibir su consuelo fue el revulsivo que necesitó Irene para presentar una denuncia el 14 de mayo de 2021. Ella ya tenía 21 años.

Pero lo más desgarrador de este crimen que parecería inconcebible en este siglo es el relato de la propia víctima del que solo podemos deducir el alcance del daño causado. Simple y llanamente Irene explicó que ocultó los abusos porque «no quería pasar por todo eso y separar a la familia». «Sabía que iba a reventar la familia y además pensé que se iba a acabar, pero no se acababa» , contó la víctima durante el juicio en febrero de este año. Pero no dejó de forzarla sexualmente hasta que llegó el Covid y el confinamiento obligado que impedía el ocultamiento. «Tuvimos relaciones sexuales completas un montón de veces en todos estos años, una vez por mes o algo así. Me manoseaba y me penetraba. No había nadie en casa», expuso Irene.

«No lo denuncié antes porque no se me pasaba por la cabeza denunciar a mi padre, tenía miedo de separar a mi familia. No estaba en la idea de contárselo a nadie, surgió. Se lo conté a mi profesora porque me preguntó qué me pasaba y me fue sacando información. Me dijo que no podía seguir callando y que tenía que denunciar.  No pude aguantar más y lo denuncié». Y solo entonces el mundo que le rodeaba abrió una puerta que nunca debió estar cerrada.