Guerra abierta en la Enfermería de Valladolid y Castilla y León: viajes de lujo, acusaciones de acoso y de coacciones

El conflicto, enquistado desde hace más de dos años, entre los colegios de Enfermería de Valladolid y León con el nacional, el autonómico, más del de otras provincias como Ávila o Burgos , se recrudece con nuevas acusaciones: de "coacciones" por un lado y de "acoso" por otro. 

Se suceden los cruces de denuncias, acusaciones de coacciones, de supuestos viajes pagados a cargo de la cuota de los socios (en el caso del consejo estatal), comunicados en contra de la otra parte y casi una decena de procedimientos judiciales abiertos en los que se cuestiona incluso si el presidente del Colegio de Castilla y León es el legítimo ‘dueño’ del cargo. Será el juez el que dictamine al respecto.

El hasta ahora último capítulo se ha vivido este fin de semana. Bajo el membrete de Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León el sábado se envió una nota de apenas dos párrafos que llevaban por título " incoadas diligencias previas contra la presidencia del Colegio Oficial de Enfermería de Valladolid, que declara este lunes como investigada por un presunto delito de coacciones".

Este lunes el Colegio de Enfermería de Valladolid respondió aclarando que su presidenta, Silvia Sáez, no declararía, al menos este lunes, y denunció "una campaña de acoso, desprestigio e informaciones falsas desde hace más de dos años por haber denunciado al Consejo General de Enfermería (CGE) ante la Fiscalía de Valladolid hechos presuntamente delictivos que han sido investigados por la UCO y que ahora están en el juzgado de lo penal 31 de Madrid". En concreto, el colegio vallisoletano denunció en su día   "supuestas irregularidades en la utilización de las cuotas de los colegiados por parte del Consejo General de Enfermería", el nacional, con las que se habrían "realizado viajes de lujo de placer y comprado a otros presidentes autonómicos", según relata a este diario la presidenta vallisoletana Silvia Sáez. Desde entonces, la tranquilidad en el seno de estos órganos colegiales saltó por los aires.

El consejo autonómico informó este sábado de una denuncia presentada por ese consejo contra Sáez «por no permitir por medio de una empresa de seguridad el acceso a la sede del consejo a miembros del comité ejecutivo ni a los trabajadores». Y proseguía asegurando que «el juzgado entiende que los hechos denunciados presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de coacciones y por ello el próximo lunes -por ayer 9 de mayo- está citada para prestar declaración como investigada».

Tras la negación del colegio de Enfermería de Valladolid a través de un comunicado de que Sáez tuviera que declarar este lunes, el colegio autonómico ha enviado a las nueve de la noche una nota desmintiéndole. "No dice toda la verdad omitiendo que ha sido ella quien ha solicitado la suspensión de su declaración , alegando 48 horas antes, no haber podido preparar su defensa porque no ha recibido a tiempo la contundente prueba documental que contenían los autos", expresa el comunicado.

La aludida, la presidenta provincial de Valladolid, Silvia Sáez, asegura a este diario que ella "no ha impedido ningún acceso, sino que se trata de una comunidad de propietarios" y que "unos señores entraron por la fuerza y cambiaron las cerraduras ".  Afirma que recibe «presiones de todo tipo» y asegura que estos movimientos responden a la estrategia de tratar de  «silenciar a las personas que se atreven a solicitar transparencia al consejo nacional» , respecto a «esa supuesta apropiación indebida y tráfico de influencias de la cúpula general con sobresueldos y viajes de lujo con familiares a cargo de los fondos del consejo». 

Explica Silvia Sáez que se trata de "un paso más en el conflicto enmarañado" que mantienen abierto. Indica que hay, solo interpuestos por su parte, siete procedimientos judiciales en marcha. Varios de ellos impugnando "la totalidad del proceso de renovación de cargos en el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León". "Varios presidentes de Castilla y León, entre ellos el de Ávila, han disfrutado de esas ventajas que denunciamos del nacional y esos supuestos viajes de placer para comprarlos y que no les cuestionen", explica. 

Otro enfrentamiento surgió hace un año cuando el anterior presidente autonómico Alfredo Escaja interpuso una querella contra los seis presidentes de los colegios de enfermería de Zamora, Salamanca, Palencia, Soria, Burgos y Ávila por presuntos delitos de "usurpación de funciones públicas y prevaricación de funcionariado público", al entender que el presidente del Colegio de Ávila, Enrique Ruiz Forner , "ocultó que había presentado su baja por jubilación lo que entiende que le impedía ser presidente del Consejo de Ávila y por tanto del de Castilla y León". El juzgado de Instrucción de Ávila procedió a archivarla. 

Pero la confrontación sigue. Desde el Colegio de Valladolid entienden que su presidenta es víctima de una campaña de difamación después de que el Consejo General de Enfermería nacional (CGE) "desestabilizó el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León apoyando una candidatura inhabilitada para ejercer la representación de la Enfermería, al tratarse de enfermeros jubilados y por la cual están denunciados y sus cargos pendientes de ser confirmados por resolución judicial”, sostienen, e insisten en que "estas personas buscan legitimar de todas las maneras posibles sus cargos, con el fin de silenciar a las personas que se atreven a solicitar transparencia al CGE". 

El enfrentamiento se mantiene en alto y serán los tribunales los que irán desenredando esta maraña de acusaciones mutuas que no parecen, por el momento, estar cerca del fin.