Diario de Valladolid

La acusación de Meseta Ski pide las testificales de Medrano y Villazán

El escrito presentado a la Audiencia propone como testigos al ex presidente de la Diputación, al actual subdelegado del Gobierno y saca de la lista de acusados al ex gerente de Sodeva Sánchez-Valdepeñas

Obras en Meseta Ski, imagen de archivo.

Obras en Meseta Ski, imagen de archivo.

Publicado por
Santiago G. del Campo
Valladolid

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El escrito presentado a la Audiencia por la acusación particular del caso Meseta Ski, en el que Ecologistas en Acción y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) solicitan la apertura de juicio oral, pide la comparecencia en calidad de testigos de quien fuera presidente de la Diputación Provincial de Valladolid en el momento de los hechos , Ramiro Ruiz Medrano y del entonces alcalde de Tordesillas y hoy subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez Villazán. 

El documento de la acusación particular, presentado el pasado 26 de abril en Burgos para ser remitido a la Audiencia Provincial de Valladolid, saca de la lista de acusados a uno de los ex gerentes de Sodeva, Luis Alberto Sánchez-Valdepeñas , pues cesó en su cargo y funciones a finales de junio de 2007, y en todo caso «desde el 31 de julio de 2007, no se ha detectado intervención alguna en los hechos que le pueda ser atribuida».

Así, la acusación entiende que «los hechos a él imputables están prescritos por aplicación del artículo 131 del Código Penal». Eso sí, el escrito de Ecologistas y VTLP lo mantiene propuesto para que declare como testigo .

La lista de acusados por un presunto delito continuado de prevaricación queda reducida , así, al entonces y ahora alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, que era vicepresidente de la Diputación y presidente de la Sociedad para el Desarrollo de Valladolid (Sodeva) en el momento de los hechos; el entonces alcalde de Villaverde de Medina, gerente y vicepresidente de Sodeva, Pedro Pariente; el entonces jefe del Servicio de Urbanismo de la Diputación, Luis Torroglosa y el arquitecto y entonces director de Proyectos y Obras de Sodeva, Valentín González Reoyo.

El primer documento sobre los antecedentes del proyecto –que comenzó con un presupuesto de 4 millones de euros y terminó gastando más de 12 sin que fuera terminada la instalación–, data del 23 de enero de 2006, un contrato entre Sánchez-Valdepeñas y el representante de la mercantil Traimer de Negocios, SL donde queda declarada la «decisión» de Sodeva de proceder en un futuro incierto a la construcción de una pista de «esquí seco», detalla el escrito de acusación. Según la misma fuente, a mediados de marzo de 2006 la localización del futuro «complejo» ya está decidida en la pedanía tordesillana de Villavieja del Cerro «sin que conste acuerdo alguno de órgano colegiado».

A lo largo de 22 páginas, la acusación relata todos los hechos que fundamentan, a su juicio, la comisión de un delito continuado de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal , «en la redacción vigente en el momento de cometerse los mismos, que castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un procedimiento administrativo».

También aseguran Ecologistas y VTLP que los cuatro acusados «son autores por aplicación del artículo 28 en relación con el artículo 24.2 del Código Penal», pues aunque hubo muchos otros miembros del consejo de administración de Sodeva, solo los cuatro acusados conocieron los pormenores del desarrollo del proyecto «desde sus inicios hasta el final», y estaban al corriente de «las claves técnicas y negociales con la empresa que resultó adjudicataria».

Así, la acusación particular solicita imponer a los cuatro acusados sendas penas de once años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por aplicación el artículo 404 en relación con el 74, ambos del Código Penal, y por aplicación del 122 «deberán indemnizar conjunta y solidariamente a Sodeva o/y a la Diputación de Valladolid en la cantidad de 11.615.097,72 euros».

La lista de propuestos para declarar como testigos, junto a los ya mencionados, se completa con Santiago González, arquitecto de Estudio Naos contratado por la adjudicataria, Corsán-Corviam, en el momento de los hechos; Enrique Bobo, técnico de Corsán-Corviam; Francisco Álvarez, representante de Corsán-Corviam; Iván Rodríguez, arquitecto del Ayuntamiento de Tordesillas; Rosario Herreros, directora administrativa de Sodeva; Alfonso Paredes, del consejo de administración de Sodeva; Salvador Arpa, miembro del consejo de administración de Sodeva y Ana Vázquez, también miembro del consejo de administración de Sodeva, siempre referidos estos cargos al momento de los hechos. 

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