La Fiscalía arremete contra la inspección en el caso del médico de Medina: «Es diabólico pretender que haya denuncia»

La Fiscalía arremete con dureza contra la inspección sanitaria que dio carpetazo a la investigación interna abierta para valorar si hubo encubrimiento u ocultación por parte de la dirección del Hospital de Medina ante las acusaciones de un comportamiento irregular de carácter sexual del traumatólogo Alfonso Díez. Este médico falleció en un accidente de tráfico el mismo día –el 3 de junio de 2021– en el que el gerente le notificó que 26 compañeros habían registrado un explosivo escrito en el que le acusaban de graves delitos de abuso y acoso sexual a pacientes, incluidas niñas, y a empleadas de Sacyl.

La inspección de Sanidad, bajo el mandato de Verónica Casado al frente de la Consejería, inició una información reservada el día después de que el traumatólogo perdiera la vida en la carretera y  esta se cerró doce días más tarde con la conclusión de que el entonces gerente del hospital, el dimitido José Manuel Vicente, y los jefes de servicio actuaron «con diligencia». El inspector rechazó abrir «un expediente disciplinario» y estimó el «sobreseimiento de las actuaciones», según el informe al que ha tenido acceso este periódico por fuentes judiciales.  

Sin embargo, la Fiscalía determina todo lo contrario. Mientras el inspector de Sacyl esgrime, entre otros razonamientos, la falta de denuncia de las pacientes contra el traumatólogo Alfonso Díez porque subraya que las mujeres «estaban conscientes» al ser la anestesia parcial, la Fiscalía replica que «pretender una denuncia de esas pacientes es poco menos que imposible o diabólico». Así lo recoge la denuncia formulada, con fecha del 2 de noviembre, contra los responsables del hospital y directores de servicio por un delito de omisión.

La fiscal jefe de Valladolid, Soledad Martín, discrepa en cada uno de los argumentos que llevaron a Sanidad a archivar el caso y sí entiende, por el contrario, que «ha existido una omisión grave que debe ser investigada». «No se hizo nada», reitera la Fiscalía sobre la pasividad del entonces gerente José Manuel Vicente, la directora médica y otros jefes de servicio. 

Una omisión que se retrotraería hasta 2019, cuando una enfermera y una TCAE (técnico en cuidados auxiliares de Enfermería) comunicaron que habían presenciado por parte del doctor Díez tocamientos a una niña de 10 años anestesiada en quirófano y lo expusieron a través de un sistema de notificación interno del hospital, denominado SISNOT, que normalmente se emplea para informar de incidentes sin daño, pero del que hubo registro y conocimiento desde septiembre de 2019.

EL DETONANTE

Es más, desde entonces son varios los profesionales sanitarios que reconocen que la posible conducta reprobable del traumatólogo era algo comentado entre el personal, pero no fue hasta el 26 de mayo del año pasado cuando se produjo el detonante que precipitó los acontecimientos. Ese día, tres enfermeras y una estudiante de enfermería comunicaron a la jefa del bloque quirúrgico que habían presenciado «por parte del Dr. Díez tocamientos en cadera derecha, mamas y genitales a una paciente operada de cadera izquierda» .

Al ser informada, redactó el escrito acusador que se registró el día 1 de junio con 26 rúbricas, pero que el gerente no vio necesario abordar con el implicado hasta el miércoles 3, día en el que solía pasar por el hospital. Vicente trasladó al traumatólogo las acusaciones, que este negó, y lo apartó del servicio. Apenas unas horas después, Alfonso Díez perdió la vida en un accidente de tráfico por lo que ni siquiera ha podido defenderse de todas las acusaciones vertidas sobre él y cualquier responsabilidad penal que hubiera podido detectarse por su parte queda extinta. 

Como cruel ironía, fue al día siguiente del trágico deceso cuando Sanidad anunció la apertura del expediente y comenzaron los ceses y las dimisiones en cascada que caían sobre la reputación del fallecido generando, a la par, dolor entre sus deudos y alarma entre las pacientes.

Precisamente por ello, la fiscal es radicalmente crítica con la falta de actuación del entonces gerente José Manuel Vicente y de su equipo y entiende que si en un primer momento, hace ahora tres años –tras la notificación del SISNOT en 2019– «se hubiera actuado, se hubieran podido eliminar todas las dudas sobre la actuación del doctor Díez o bien ratificadas haber tomado las medidas oportunas evitando graves hechos posteriores, cuya realización era previsible».

De este modo, la representante de la acusación pública desmonta cada uno de los puntos de la argumentación de la inspección sanitaria con la que la Gerencia regional cierra la investigación sin expediente disciplinario alguno ni asunción de responsabilidades por estos dos años de silencio. 

FALTA DE DENUNCIAS PREVIAS: "DIABÓLICO" PRETENDERLAS

Entre las justificaciones a las que recurre el médico inspector para desdeñar que haya habido encubrimiento u omisión por parte del equipo directivo está la falta de denuncia de las pacientes . Insiste el inspector en que la anestesia que se les dispensaba era parcial (raquianestesia) y estaban conscientes. «Todas las pacientes eran plenamente conscientes y, por tanto, veían y sentían en la parte de su cuerpo no anestesiado y no ha habido ni una reclamación de ninguna en 10 años», sostiene en su informe.  

La Fiscalía recuerda que «el fallecimiento del Dr. Díez da lugar a la extinción de responsabilidad criminal en la que pudiera haber incurrido». Ante todo, subraya la presunción de inocencia que le corresponde al fallecido, pero con igual contundencia rebate la tesis del inspector sobre la ausencia de denuncias previas: « Pretender una denuncia de esas pacientes es poco menos que imposible o diabólico cuando en ningún momento fueron informadas». Por si esto por sí solo no fuera suficiente, amplía su explicación: «Partiendo de la base de que la gran mayoría de las pacientes víctimas de los hechos estaban anestesiadas en la zona objeto de tocamientos, en ningún caso pudieron detectar/sentir las maniobras realizadas por el doctor Díez ni valorar si respondían a una actuación profesional o no».

DOS TESTIMONIOS DE PACIENTES

Lo que sí ha surgido después son los testimonios de dos mujeres posteriores a la muerte del traumatólogo. La representante del Ministerio público revela en sus diligencias que el 17 de junio del año pasado, casi dos semanas después de que se destapara este caso, se efectuó la primera denuncia de una paciente. La presentó ante la Policía el 17 de junio de 2021 y hace referencia a episodios ocurridos en 2019. 

Esto lleva al Ministerio Fiscal, de nuevo, a contradecir otro de los puntos del informe con el que la Gerencia Regional, entonces encabezada por Manuel Mitadiel, descartaba tomar acciones sobre las posibles irregularidades cometidas por los mandos del hospital al correr un tupido velo en este asunto. Y es que el inspector arguye además que «los denunciantes, –al no ser médicos– carecen de competencias profesionales para enjuiciar exploraciones de un traumatólogo». 

La fiscal toma la moneda por la otra cara. «Precisamente, el que haya testigos personalmente afectados da lugar a que el fiscal no comparta el argumento de la inspección sanitaria en la que directamente descalifica las declaraciones realizadas con relación a los incidentes relativos a las pacientes por falta de cualificación médica de las personas que lo presenciaron, personal de enfermería, TCAE y celadores».

ALERTA SOBRE UNA NIÑA DE 10 AÑOS

La discrepancia va más allá. Para Sanidad no había un relato de «hechos concretos», sino «conjeturas, suposiciones, valoraciones y hechos ni siquiera presenciados». Sin embargo, la notificación registrada en 2019 sobre la atención a una niña de diez años detalla un incidente preciso y así lo entiende la representante el Ministerio público: «Se da cuenta en el SISNOT por escrito de un relato muy concreto de fecha 30 de septiembre de 2019, del que los responsables médicos del hospital tuvieron conocimiento y n o realizaron actuación alguna, ni lo comunicaron a la inspección (pues la comunicación verbal que se afirma se realizó ni consta ni se sabe en qué términos se hizo)». Critica también que «no se notificó a los padres de la menor para que estos pudieran ejercer las acciones que hubieran tenido por convenientes ni se remitió al Juzgado de Instrucción o en su caso a esta Fiscalía para la investigación de tales hechos».

La Fiscalía incide en que ante la alerta registrada en 2019 «tenían varias iniciativas posibles», como «solicitar asesoramiento jurídico sobre la tramitación con la Fiscalía de Menores». Pero no se optó por ninguna. « Lo cierto es que nada se hizo , salvo ponerlo en conocimiento de la dirección médica y lo único que manifiesta que es habló con el servicio jurídico de la gerencia que le dijo que como era una denuncia anónima no se podía hacer nada. Ni especificó con quién habló ni en qué términos, pero no se remitió por escrito a la asesoría jurídica, ni a la inspección de la gerencia de salud, ni a esta fiscalía, y, sin lugar a dudas, no era una denuncia anónima como la doctora Carmen Viñas [responsable del servicio de medicina preventiva del hospital, bajo cuya responsabilidad estaba el sistema SISNOT] sabía perfectamente».

La acusación pública niega la mayor: no hay anonimato posible que considerar. «El que los incidentes no se firmen en el sistema informático no significa que sean anónimos, pues fue alertada por la supervisora y ni siquiera se intentó aclarar dicho incidente». 

EL GERENTE, "INFORMADO AUNQUE LO NIEGUE"

Ante la ausencia de medidas ejecutadas ante la mínima sospecha, la fiscal pone nombres a quienes entiende que conocieron los hechos denunciados aunque estos no lo reconozcan: «De tales hechos tenían conocimiento tanto la doctora Carmen Viñas, como la directora médica, Laura Gil, y el nuevo director del hospital José Manuel Vicente Lozano, pero se le dio cuenta de esa situación, pese a que lo niegue, y de hecho de forma reiterada la supervisora de enfermería de quirófano y Rea planteó el problema e insistió en llevara a cabo una reunión que nunca se realizó», enuncia Fiscalía. 

Para el Ministerio público el caso concreto de la paciente de diez años no era el único que debía haber motivado una implicación del equipo de José Manuel Vicente. «No solo había existido dicho incidente, había otros que verbalmente se habían comunicado por la supervisora de enfermería por relatos de sus compañeras que se trasmitieron a los jefes de servicio y a la dirección del hospital, y que describían una situación en la que había un riesgo cierto de reproducción de los mismos». Ante ellos, indica, la actitud fue la misma: desoírlos.

DOS TRAMOS TEMPORALES

La fiscal jefe establece en el discurrir del caso «dos tramos temporales» . El primero en 2019, en el que «los incidentes descritos cesaron con la suspensión de la actividad quirúrgica por las obras a la que se unió la situación creada a raíz del Covid que obligó al uso de trajes de protección completos». y la segunda a partir de enero de 2021, cuando relata «vuelven a producirse incidentes de esta naturaleza, todos descritos con detalles significativos en distintas ocasiones y con distintos pacientes». 

Una vez conocidos todos los testimonios y el informe de Sanidad, la fiscal resolvió que «la omisión de cualquier actuación sobre los hechos descritos en el escrito de 30 de septiembre de 2019 debe ser valorada judicialmente» . Por esta causa, remitió al juzgado de instrucción las actuaciones realizadas a raíz de la comunicación por parte de la Consejería de la denuncia firmada por 26 sanitarios sobre presuntos actos realizados por el médico ya fallecido para su investigación más completa, al entender que a partir de la comunicación en el SISNOT «no solo existía constancia clara de una descripción de los hechos que pudieran revestir caracteres de delito, que tan incidencia no era anónima en absoluto, pues era fácil localizar a la persona que lo había volcado y estaba dispuesta a mantener lo escrito». 

Será el juzgado quien determine ahora si hubo encubrimiento y si hay algún tipo de responsabilidad por parte de la dirección o del propio Sacyl por acción u omisión.