La Fiscalía mantiene que existieron filtraciones en las oposiciones de bombero y mantiene las penas

Fiscalía de Valladolid ha anunciado su intención de mantener las peticiones de prisión para los cuatro miembros del tribunal calificador de las oposiciones a bombero-conductor de la Diputación provincial y once opositores al considerar acreditado que el proceso estuvo viciado por la filtración de parte de las preguntas del cuestionario.

Así lo ha anticipado el fiscal del caso, Luis Ortega, al término de la segunda sesión del juicio que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital, con lo que los cuatro vocales del jurado se enfrentan a una posible condena de tres años de cárcel e inhabilitación especial por cuatro años para empleo o cargo público y el resto a dos años y tres meses, inhabilitación por idéntico periodo y a la pérdida del derecho a disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante siete años.

Los informes finales serán expuestos este viernes en la tercera y última sesión del juicio que trata de esclarecer si parte de las preguntas del temario fue filtrado por parte de los integrantes del tribunal con el fin de beneficiar a sus compañeros de banquillo, bomberos interinos, con los que mantenían una relación debido a que eran sus jefes en distintos parques de la Diputación provincial.

El mantenimiento de los cargos contra los acusados, para quienes sus defensas interesan un fallo absolutorio, se ha producido a pesar de que varios técnicos de la Diputación de Valladolid que en su día instruyeron y emitieron informe sobre el caso no vieran acreditada la filtración de parte de las preguntas de la primera prueba , garantizaran que la misma reunía las condiciones mínimas de "validez y fiabilidad" y, sobre todo, que las notas sacadas por la mayoría de los opositores "no fueron especialmente excepcionales".

Así, un técnico del Servicio de Personal de la Diputación, Francisco M.C.S, en su doble condición de testigo y perito, ha ratificado el informe elaborado ante los recursos de alzada presentados por algunos de los aspirantes que impugnaron la prueba , casualmente hoy acusados de los hechos de los entonces que se declararon víctimas, y ha apuntado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que del estudio del cuestionario de aquella primera prueba, celebrada el 2 de octubre de 2016, no se deduce anomalía alguna.

"La prueba tuvo un perfil bajo o medio bajo y lo más curioso es que la media de las notas de los bomberos interinos, que supuestamente tendrían que haberse preparado mejor para conservar el trabajo, fue más baja que las obtenidas por el resto. Ellos sabrán cómo se prepararon", ha advertido Francisco C.S, quien para incidir en la relativa facilidad del cuestionario ha añadido el dato de que el 68 por ciento de los aspirantes respondió bien a la mitad de las preguntas.

"Lo que puedo certificar es que las 55 preguntas podían haber sido contestadas por cualquiera de los aspirantes, pero lo que no puedo concretar es si algunas de ellas fueron o no filtradas" , ha puntualizado el perito.

Aunque los recurrentes de la prueba apuntaban que uno de los aspirantes, Javier T, quien obtuvo un 9, había sido claramente beneficiado por los jefes de los parques de Tordesillas y Peñafiel, Félix del A.P. y Miguel Ángel P.F, respectivamente, ambos integrantes del jurado y supuestamente relacionados laboralmente con el aspirante a través de la empresa Castilla y León Formación Práctica S.L, el técnico de la Diputación ha atribuido su buena calificación a los conocimientos técnicos que poseía.

De hecho, el declarante ha recordado que dicho opositor se limitó a responder a las 45 preguntas de la parte técnica , en la que tenía mayor dominio por su trabajo, y se abstuvo de hacerlo en las cinco de carácter general, dado que estas últimas pudieran penalizarle en caso de no ser correctas. "Si hubiera errado en esas preguntas generales habría tenido una calificación de 7,5, mientras que otros respondieron a las 50 y obtuvieron peor nota", ha indicado.

Otro de los peritos, instructor del expediente de los recursos de los interinos que se sintieron perjudicados, ha rechazado la relación contractual o laboral entre los jefes de los parques de Tordesillas y Peñafiel y el aspirante que obtuvo el 9, pues, como así ha ratificado, los dos primeros ni trabajaban para Castilla y León Formación Práctica ni ofrecían cursos de formación a través de ella, donde sí lo hacía en calidad de empleado el citado opositor.

Denuncia de irregularidades

Esta última aseveración, sin embargo, confronta radicalmente con la postura de dos de los testigos, Raúl R. y Francisco Javier T.G , el primero representante sindical en la Diputación provincial y el segundo bombero, quienes acudieron al notario en 2017, a propuesta de los opositores recurrentes, para hacer constar que parte de los aspirantes a la prueba habían tenido acceso a parte de las preguntas con anterioridad.

"Preferí ir al notario para evitar el trago de estar hoy aquí" , ha justificado Raúl R, quien, al igual que Francisco Javier T.G, ha explicado que su declaración ante notario tenía por objeto apoyar a los recurrentes en su intento de lograr la recusación del tribunal calificador debido a que era manifiesto que algunos de sus integrantes, en calidad de jefes de parques de bomberos, tenían relación con algunos de los opositores interinos a los que impartían formación, sobre todo, Félix del A. y Miguel Ángel P. con Javier T, el 9 del examen.

"Yo veía anómalo que hubiera gente que examina y que a la vez tenga una relación profesional con los examinados. Yo era bombero y, aunque no me presenté a la oposición, únicamente quería que las oposiciones fueran limpias y que todos los participantes tuvieran las mismas oportunidades", ha zanjado Francisco Javier T.G.

Entre los testigos también ha 'desfilado' por la sala el administrador de la empresa Castilla y León Formación Práctica, propuesto por una de las defensas con el único propósito de tratar de desacreditar las incriminaciones vertidas por Raúl R, persona que, según el declarante, "tenía una fijación" con él e "inquina" a la referida mercantil a la que tan solo pretendía "enfangar" con denuncias sobre supuestas anomalías en el mantenimiento de los equipos de respiración autónoma.

Buena parte la prueba pericial ha estado también centrada en la verificación, a instancia del fiscal, sobre la autenticidad y si se había garantizado la cadena de custodia respecto de las fotografías y archivos sonoros recogidos por varios teléfonos móviles, entre grabaciones telefónicas y de ambiente, que en su día presentaron los opositores recurrentes en vía contencioso-administrativa para tratar de acreditar que hubo filtración de parte de las preguntas y que ahora pretende utilizar en su contra el acusador público. Son las pruebas que las defensas han impugnado.