Los acusados niegan que filtrasen el examen de la oposición de bomberos de la Diputación de Valladolid

Los cuatro vocales del tribunal calificador de las oposiciones para cubrir doce plazas de conductor-bombero en la Diputación de Valladolid y once opositores que se presentaron a las mismas han rechazado de plano que en la primera prueba, celebrada el 2 de octubre de 2016, se produjera una filtración de parte de las preguntas .

Todos han compartido banquillo en el Juzgado de lo Penal 2 de la capital, donde se ha celebrado la primera sesión del juicio contra ellos, los cuatro primeros acusados por un delito de revelación de secreto y el resto por aprovecharse de tal filtración y expuestos a penas, con carácter provisional, de tres años de cárcel los primeros y dos años y tres meses los aspirantes.

Las testificales de los encausados se han hecho de rogar ya que inicialmente, en fase de cuestiones previas, las ocho defensas personadas en la causa han solicitado el sobreseimiento de las actuaciones al entender que se había producido una nulidad radical de pleno derecho, ya que, como así han coincidido todos, el titular de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valladolid había incurrido en una "prejudicialidad penal".

En concreto, los defensores sostienen que dicho magistrado-juez, que dictó sentencia respecto de la reclamación presentada por algunos de los opositores que se sintieron perjudicados, casualmente parte de los que hoy se encuentran en el banquillo, debería de haberse abstenido del procedimiento contencioso al tener conocimiento de que se había producido una supuesta filtración de las preguntas y debería de haber puesto los hechos directamente en manos de la vía penal, bien en un juzgado de instrucción o en manos de la Fiscalía, informa Europa Press.

Por eso, las defensas han coincidido al indicar que aquel proceso en vía contencioso-administrativa constituyó un "auténtico juicio penal que vulneró el derecho a la tutela judicial efectivo y el derecho de defensa de los que entonces acudieron en calidad de testigos o bien de demandados" , al tiempo que han denunciado también la existencia de nulidad en cuanto a que buena parte de las pruebas fueron practicadas cuando se excedieron los seis meses de la fase de instrucción, entre ellas la toma de declaración en calidad de investigados a los once opositores y la solicitud de incorporación de vídeos y audios.

Sin embargo, ninguna de dichas cuestiones previas, incluida la nulidad del auto de imputación y la de causa ya juzgada esgrimida por una de las defensas, ha sido estimada por la juez titular, Ana Carrascosa, tras advertir a los letrados, como así había alegado el fiscal, que esas supuestas irregularidades tuvieron tiempo de recurrirlas en su momento por la vía ordinaria y no lo hicieron.

Reiniciada por tanto la vista, tras precisar la juez que únicamente se valorará en ejecución de sentencia una posible atenuación de condenas, si las hubiera, por dilaciones indebidas, los quince encausados han ido 'desfilando' por la sala para responder tan solo a preguntas de sus letrados y para rechazar de plano que en aquella fase inicial de las oposiciones se hubiera producido una filtración de parte de las preguntas que podían formar parte del temario oficial.

CUESTIONARIO CUSTODIADO Y EN CAJAS "SELLADAS"

Entre los acusados, los tres vocales titulares del tribunal, Félix del A.P, Miguel Ángel P.F. y Juan Carlos A.C, así como el suplente, José Luis G.S.M, entonces jefes los dos primeros de los parques de bomberos de Tordesillas y Peñafiel, respectivamente, y el último de ellos de Medina de Rioseco, han sostenido que era "imposible" la comisión de irregularidades por cuanto el proceso de confección del temario del examen se realizó dentro de las más estrictas medidas de seguridad.

En este sentido, Félix del A.P. ha recordado que cada uno de los integrantes del tribunal tenía que llevar entre treinta y cincuenta preguntas para que el día del examen entre todos seleccionaran medio centenar y cinco de reserva, algo que hicieron todos ellos sin haber previamente facilitado parte ellas a los interinos opositores que trabajaban en los distintos parques de la Diputación.

En la misma línea, Miguel Ángel P.F, entonces jefe del parque de Peñafiel, ha añadido que el temario fue fotocopiado, "se metió en cajas selladas y éstas se custodiaron hasta la sala donde se realizó el examen", al tiempo que ha recordado que dicho proceso fue seguido al detalle por secretarios y vocales de los sindicatos que también participaron en la confección de las preguntas definitivas.

El testimonio de los acusados viene a rechazar así su supuesta confabulación con los opositores también encausados, y ello a pesar de que el fiscal del caso mantenga que José Luis G.S.M. y Félix del A.P. mantuvieron el día 30 de septiembre de 2016 sendas reuniones con ellos , el primero con seis en el parking del Estado José Zorrilla y el segundo con otros dos en un bar de Arroyo de la Encomienda donde, presuntamente, les facilitaron parte de las posibles preguntas que iban a caer en el examen.

Los opositores, entre ellos Javier T, empleado por aquellas fechas de la empresa Castilla y León Formación Práctica S.L, con sede en Corcos del Valle, y casualmente la persona que sacó un nueve en la prueba, han negado haber tenido acceso al temario con carácter previo.

Dicho acusado ha explicado que la empresa para la que trabajaba mantenía relación con los citados jefes de los parques de bomberos, a los que se suministraba material y se ofrecían cursillos, pero ha rechazado que se hubiera servido de esa cercanía para obtener las preguntas del examen.

Del mismo modo se han manifestado el resto de los interinos opositores, quienes han coincidido en que sus respectivos jefes les pasaron "temarios tipo" extraídos de las redes sociales y de libros específicos así como preguntas genéricas para que prepararan a fondo la oposición.

Dos de ellos, Francisco José P.R. y Rubén R, sí han llegado a reconocer el encuentro mantenido en Arroyo de la Encomienda con su entonces jefe de parque, Félix del A.P, a raíz de una llamada suya citándoles en un bar de la localidad.

La vista oral del juicio proseguirá este jueves y, previsiblemente, concluirá el viernes. Fiscalía de Valladolid tipifica la conducta de los cuatro vocales del tribunal calificador y funcionarios de carrera de la Diputación vallisoletana como un delito de revelación de secretos y de otro delito de aprovechamiento de secretos en el que habrían incurrido los once opositores que, supuestamente, accedieron a las preguntas.

En el caso de los cuatro primeros, la acusación pública solicita para ellos penas de tres años de cárcel e inhabilitación especial por cuatro años para empleo o cargo público, mientras que para el resto interesa condenas de dos años y tres meses, inhabilitación durante idéntico periodo y la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por espacio de siete años.