El patrimonio BIC de Castilla y León no se salva de la ruina

La Catedral de León fue en 1884 el primer bien español decretado Monumento Nacional, antecedente de lo que hoy conocemos como BIC o Bien de Interés Cultural . Esa declaración permitió al Gobierno del general Narváez hacerse cargo de la restauración de un templo que en ese momento se caía a cachos y que de otro modo el Estado no podía tocar por no ser de su propiedad. Al protegerlo asumía el compromiso de conservarlo.

Esa responsabilidad subsidiaria regía en tiempos de Isabel II y sigue vigente en la actualidad. Cada vez que un bien queda protegido, ya sea una iglesia, un palacio privado, un castillo o un conjunto arqueológico, la administración se echa a la espalda el deber de velar por su integridad. Sea o no sea el propietario. 

La propia Constitución recoge la obligación de los poderes públicos de "garantizar la conservación"  y "promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico" cualquiera que sea "su régimen jurídico y su titularidad". También la ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Por descontado que el propietario es el primer responsable de cuidar un bien  –está obligado a " custodiarlo y protegerlo debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro"– pero si el dueño incumple con ese deber la administración puede incluso ordenar una ejecución para velar por su mantenimiento.

La futura normativa autonómica de gestión patrimonial, ahora en tramitación, precisa que "la administración podrá realizar intervenciones directas si así lo requiriere la conservación de los bienes, cuando concurra un riesgo objetivo e inminente de pérdida o destrucción parcial o total de un bien". 

En la práctica, preservar ese inmenso legado se presenta como una misión inabarcable, en especial en un territorio que atesora 2.570 inmuebles declarados Bien Interés Cultural. De ellos, 88 están incluidos en la Lista Roja del Patrimonio, donde figuran, en total, 258 enclaves de Castilla y León (con o sin protección patrimonial, una cifra que sitúa a esta tierra a la cabeza del país en número de bienes con esa alerta colorada). Es decir, un tercio de los bienes ‘en riesgo’ lo están pese a contar con ese alto nivel de protección, según los datos facilitados por la Asociación Hispania Nostra.

En su Lista Roja hay una treintena de castillos de esta Comunidad, catorce monasterios y conventos, nueve palacios, seis torres y otras tantas iglesias, además de conjuntos industriales, enclaves del Canal de Castilla, restos romanos y dos necrópolis, entre otros. 

Atender un patrimonio tan voluminoso y disperso es " un gravísimo problema de todo el país y, en especial en esta España vacía o vaciada", sostiene el arquitecto palentino Javier Rivera, Premio Castilla y León de Conservación y Restauración del Patrimonio 2006 y miembro de la junta directiva de Hispania Nostra. No sólo por el número de bienes sino también por las dificultades para controlarlos. En este sentido, recuerda que en la actualidad la  tecnología emerge como una poderosa aliada, "ahora que se puede poner una cámara en un chopo", para velar por la integridad del patrimonio , como ya están haciendo algunos equipos punteros en gestión patrimonial, como es el caso de la Fundación Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia). 

La consejería de Cultura se ha propuesto esta legislatura engrosar la nómina de bienes BIC en Castilla y León desatascando los más de 80 expedientes que había en el cajón en 2019 cuando el equipo de Javier Ortega tomó posesión de la gestión patrimonial. Su compromiso es resolver la tramitación de todos ellos, algunos iniciados en la era preconstitucional. 

De momento, en estos dos primeros años de mandato, Cultura ha concluido la declaración de catorce BIC, la mayoría en la categoría de conjunto histórico . Es el caso de los municipios de Madrigal de las Altas Torres, Briviesca, Canduela, Presencio, Sasamón, Villasana de Mena, Huérmeces y Villardeciercos. Completan la lista dos iglesias en Villalón de Campos (la de San Juan y la de San Miguel). Y cuatro zonas arqueológicas : tres en Valladolid (la romana Villa de Prado, el yacimiento de la Edad de Hierro del Soto de Medinilla y el sepulcro megalítico de Los Zumacales en Simancas) y otra en Zamora (castro y cisternas romanas del Teso de la Mora, en Molacillos).

Otros 62 expedientes siguen en trámite . Se trata de doce conjuntos históricos, un paraje pintoresco, nueve zonas arqueológicas y cuarenta bienes en la categoría de monumento. Y, a mayores, el equipo de la Consejería de Cultura ha iniciado los trabajos para otras ocho nuevas declaraciones. 

Gumersindo Bueno Benito,  director general del Patrimonio Cultural, explica que "la vocación para esta legislatura es poner en orden todos los expedientes atrasados", pero también promover nuevas declaraciones BIC dentro del patrimonio industrial e inmaterial, "que ha sido muy poco atendido hasta ahora y es una riqueza cultural muy relevante que tenemos que poner en valor y que, además, es muy frágil porque desaparece con facilidad». Es el caso de la Loa de La Alberca y Las Mascaradas de Castilla y León, dos de los expedientes recién incoados en la categoría de BIC inmaterial, que hasta ahora sólo contenía ocho bienes en esta Comunidad. O del conjunto minero de Fabero, ejemplo de enclave industrial digno de protección. 

Subraya Bueno Benito que "el concepto de patrimonio" se ha ido extendiendo. "Hace treinta años sólo se hablaba del patrimonio monumental –iglesias, castillos o los puentes ‘romanos’– pero no se hablaba de patrimonio industrial o inmaterial". "Ahora la sociedad dice, ‘oye, esta fábrica que estaba funcionando hasta hace diez años es importante para contar la historia de mi pueblo o para contar la historia de la economía de Castilla y León", ilustra.

Que un bien adquiera la condición de BIC conlleva un cambio en su régimen jurídico . Y no hace falta esperar a la declaración definitiva porque la mera incoación del expediente ya supone la adquisición de ese nuevo status. Desde ese momento "los elementos afectados gozan de la misma protección y de los mismos derechos que los ya declarados", explican desde la Consejería de Cultura.

Eso incluye beneficios fiscales o el acceso a subvenciones públicas, pero también ‘cargas’ como tener que abrir las puertas al público como mínimo cuatro días al mes para la visita gratuita , la obligación de pedir autorización a Patrimonio para ejecutar una obra o la prohibición de instalar cableados o carteles que alteren el conjunto o perturben su contemplación. 

Si el régimen de protección es el mismo, ¿qué cambia con la declaración definitiva? Desde la Dirección General de Patrimonio detallan que "en los expedientes antiguos pendientes de resolver, la mayor parte anteriores a la Ley del Estado de 1985, las incoaciones carecen de documentación suficiente según los requerimientos técnicos (estudios históricos, fotográficos, planimetrías, etc), legales y de participación pública que en la actualidad se exigen, reduciéndose, en muchos casos, a un simple enunciado en el Boletín Oficial del Estado".

La actual ley autonómica "supuso un incremento en la seguridad jurídica y una mayor participación social al aplicar una serie de requisitos al procedimiento de declaración, entre otros nuevos informes de las instituciones consultivas, la audiencia al interesado, la información pública, con lo que se pretendía tomar en consideración la opinión ciudadana y la búsqueda de un mayor rigor en el procedimiento", agregan las mismas fuentes al indicar que esos trámites son los que se llevan a cabo en la actualidad "para todos los expedientes", y, también, "para aquellos que iniciados hace muchos años se plantearon sin ninguna de esas diligencias".  Así, la declaración definitiva de un BIC supone dar un paso definitivo y con todas las garantías de la normativa actual hacia su protección .

Gumersindo Bueno sostiene que "en general, la fotografía que podemos sacar del  patrimonio en Castilla y León es buena, a pesar de la Lista Roja, a pesar de todo". Surgen problemas , cuenta, "cuando un elemento pierde el uso que tenía y nadie quiere darle otro uso compatible ". Eso está ocurriendo, por ejemplo, con "monasterios y conventos o con el patrimonio industrial, de la minería o la producción energética, que cuando pierden el uso entran en una situación de riesgo, con peligro de conservación".

Evitarlo requiere recursos. El presupuesto de la Dirección de Patrimonio para este 2021 es de 24,7 millones de euros, un 18% más que el año pasado , pero todavía insuficiente. "De alguna manera, tenemos un saco al que vamos añadiendo nuevas categorías pero el saco del dinero no ha crecido, o no tanto como es necesario", sostiene Bueno Benito, "empeñado" en engrosar esas partidas.

Consciente del impacto que la crisis sanitaria tendrá en las próximas cuentas autonómicas y a pesar de la inyección prevista de fondos europeos, su compromiso, dice, es "luchar para que se incrementen progresivamente las partidas para el patrimonio ". 

El arquitecto Javier Rivera valora el esfuerzo que realiza la Junta para proteger los bienes. Y destaca la importancia de promover nuevas declaraciones porque, además de comprometerse a custodiar ese patrimonio, adquirir la etiqueta BIC tiene un componente de concienciación social : sirve para que "la gente entienda que ese bien tiene más valor". Pone como ejemplo la ‘gran declaración’ de 1931, cuando de una tacada se declararon 789 monumentos en toda España en la mayor actuación para proteger el patrimonio en el país.

Hasta ese momento se habían realizado declaraciones aisladas y ese año, de golpe, quedaron protegidos numerosos edificios religiosos, entre ellos siete catedrales en Castilla y León, y las principales joyas de nuestro mapa patrimonial, como el Acueducto de Segovia, la muralla de Ávila, la Casa de las Conchas de Salamanca, entre otros muchos castillos, palacios, casas consistoriales, yacimientos y ruinas de valor incuestionable.