Cuentas exige a la Diputación que firme un convenio con Arroyo, Laguna y Medina por el servicio de bomberos

Un convenio. Eso es lo que tiene que firmar la Diputación de Valladolid con los ayuntamientos de Laguna, Arroyo y Medina del Campo para seguir prestándoles el servicio de bomberos. Así se lo exige la resolución del Consejo de Cuentas, después de la denuncia presentada por el Partido Socialista, en la que se deja claro que no se les puede excluir del servicio por tener más de 20.000 habitantes, pero le obliga a que "regularice la situación". Y eso pasa porque la Diputación firme ese convenio con estos tres municipios de Valladolid, ya que al tener más de 20.000 habitantes estarían obligados a contar con un parque de bombero propio.

Si hasta ahora no se había firmado ese convenio entren la Diputación y los ayuntamiento es porque, y así lo recoge el Consejo de Cuentas, existía un acuerdo entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Diputación, por el que esta última le pagaba una cantidad que rondaba el millón de euros por la prestación del servicio de bomberos por parte del Ayuntamiento de Valladolid fuera de su área municipal.

Desde el PSOE de la Diputación, a través de una nota de prensa, se señala que el Consejo de Cuentas les da la razón en la gestión del servicio de extinción de incendios por parte de la Diputación - Este Organismo ha notificado que la Diputación de Valladolid tiene que “regularizar la situación jurídica de la prestación del servicio de extinción de incendios de forma inmediata”. El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha dado la razón al Grupo Provincial Socialista, que denunció el servicio de extinción de incendios que presta la Diputación de Valladolid en Medina del Campo, Arroyo de la Encomienda y Laguna de Duero.

En la notificación remitida, el Consejo de Cuentas deduce, por la documentación aportada, que “la situación jurídica ha de regularizarse en los términos contemplados en la Ley de Bases de Régimen Local de forma inmediata”. En conclusión, el Organismo Autonómico acuerda no solo “comunicar a la Diputación de Valladolid la necesidad de que regularice la situación”, sino que la advierte de que “esta denuncia ha sido puesta en conocimiento del órgano de tutela financiera” (la Consejería de Economía y Hacienda).

Al mismo tiempo, ha acordado comunicar también a esta Consejería la denuncia, “para que proceda a realizar las actuaciones necesarias dentro de sus competencias si así lo considera”, reza el informe. El portavoz del Grupo, Francisco Ferreira, ratificó el pasado mes de noviembre ante el Consejero Delegado del Consejo de Cuentas que el Grupo Provincial Socialista apelaba con esta acción a la función fiscalizadora que debe ejercer el Consejo de Cuentas. Y se referían en el Grupo a la posibilidad de que “existiera una responsabilidad contable” por parte de la Diputación de Valladolid, ya que “se podrían estar gestionando de forma incorrecta los caudales públicos.

El portavoz del Grupo Provincial Socialista, Francisco Ferreira, insiste en que “los municipios de más de 20.000 habitantes tienen que prestar el servicio de extinción de incendios de forma propia o bien suscribiendo un convenio para que se les preste este servicio. Por ahora lo sigue haciendo la Diputación Provincial sin ningún título habilitante que legitime esa prestación, y sin percepción económica”.

Conviene recordar que el Grupo Socialista presentó una proposición en el pleno de diciembre de 2020 a fin de que se regularizase la prestación del servicio de extinción de incendios por parte de la Diputación a los municipios de más de 20.000 habitantes, y fue aprobada por todos los grupos políticos. Se preguntó sobre ello en el pleno de marzo de este año y se registró un escrito dirigido al Presidente en el mismo sentido en septiembre. “La respuesta”, declara Francisco Ferreira, “fue darnos largas y no solucionar el problema después de diez meses. Ante esta inacción del Equipo de Gobierno decidimos, finalmente, instar al Consejo de Cuentas a que hiciera una labor fiscalizadora en todo lo referente a estos hechos”.