«El problema que tenemos en la PAC es que hay 17 autonomías y solo CyL defiende al sector»

Acaba de coger las riendas de Coag Castilla y León tomando el relevo del histórico Aurelio Pérez. Agricultor y ganadero zamorano, estará al frente de la Organización Profesional Agraria los próximos cuatro años con «seriedad, responsabilidad y valentía», aseguró el pasado día 7 en el IV Congreso de la organización. Lleva ya 35 años en Coag.

Pregunta.– Se acaban de reunir los consejeros de Agricultura en la conferencia sectorial pero no han aprobado el nuevo marco de la PAC...

Respuesta.– El problema que tenemos es que Castilla y León es la única que se ha quedado con la voz de los profesionales para defender una diferenciación de las ayudas. Agricultor activo aquí es todo Cristo, ahora. 17 comunidades autónomas y solo una defiende al sector, al profesional.

Si al final acuerdan lo que parece que van a acordar, será malo para Castilla y León, que es la Comunidad más profesionalizada. Francia o Alemania tienen 400.000 solicitudes o 350.000. En España, con 265.000 cotizantes, aceptaríamos esos números, pero tenemos 650.000 solicitudes.

Nos extraña que en Castilla-La Mancha no defiendan esto, porque Extremadura y Andalucía es más lógico. En Aragón se han emperrado con los derechos históricos, y eso que dentro de seis años va a desaparecer todo eso de los derechos.

P.– Para más inri, cada año la PAC tiene menos presupuesto.

R.– De entrada el presupuesto va a ser un 2% menos. Pero la inflación se va a disparar y calculamos que perderemos un 12%, de lo que cobramos hoy a lo que cobremos en el año 26-27. Pero además todos los condicionantes que pone la nueva PAC en el Plan estratégico, si es que se aprueba, todos los ecoesquemas, o los cumples o pierdes un 23%. 

Los pagos redistributivos también nos afectan principalmente a nosotros. Explotaciones de 5, 10, 15 hectáreas, que no viven de la actividad agraria, se van a llevar todo lo que se nos detrae a los demás.

P.– Lo de la PAC nació para que hubiera abundancia de alimentos y fueran económicos, pero el 70% de los ingresos del agricultor, que llega del mercado, está comprometido por los bajos precios de los productos y los altos costes de producción. ¿Servirá la Ley de la Cadena Alimentaria para solucionar esto?

R.– La PAC es un pacto verde. La lucha contra el cambio climático, la mejora del medio ambiente, se enfoca a la reducción de emisiones, y nos exigen cumplir esos ecoesquemas. Esa PAC verde lleva consigo una disminución de la producción. Por otra parte, si tenemos acuerdos comerciales con América del Norte, América del Sur, Mercosur, los acuerdos del Ceta y todos los que hay con los países árabes y del arco mediterráneo, como Marruecos, ¿qué se va a hacer con todo eso? Qué decir de lo que se está haciendo en Latinoamérica con los latifundios, donde están echando todo lo que aquí está prohibido hace muchos años. Y todo modificado genéticamente, transgénicos…

Si nosotros no podemos producir porque se nos reducen fertilizantes, fitosanitarios y un montón de condicionantes, pero nadie se compromete a controlar todo lo que viene de fuera, no tiene sentido. ¿Es hipocresía pura y dura o una intencionalidad de verdad para luchar contra el cambio climático?

P.– Ahora el cambio climático lo producen las vacas.

R.– Dicen que el sector agrario es responsable del 14% de los gases de efecto invernadero. ¿Pero cuándo se nos contabiliza a nosotros el efecto sumidero de nuestros cultivos, nuestros pastos y nuestros árboles para contrarrestar en nuestra explotación? Lo mismo que contaminamos ese 14%, que se nos reste el efecto sumidero, que según los estudios quedamos prácticamente neutros, alrededor de un 1% de contaminación. 

¿Somos responsables con un 1% de todo esto que está pasando? Hay un error y quizás es hipocresía verde el llamarle pacto verde a esto.

P.– ¿Ha cambiado entonces el espíritu con el que nació la PAC?

R.– Totalmente. Las reformas hasta ahora sí estaban dirigidas a una compensación, que hubiera una remuneración justa para todos los agricultores y ganaderos. Todo eso lo han dejado, Todo eso se ha quedado en una arquitectura verde diseñada por los países del norte de Europa, que la agricultura no supone en su PIB lo que supone en España. No puede ser que Dinamarca, Holanda o Noruega marquen el ritmo. Nosotros somos la huerta de Europa y no tenemos que tener sus dogmas. Pero como esto es café para todos, nos coartan tanto que al final no hay capacidad de maniobra.

P.– Todas esas políticas verdes también han entrado en la Confederación Hidrográfica del Duero. ¿Cómo ven el próximo Plan Hidrológico?

R.– El cambio climático no lo negamos, y a los que más afecta es a agricultores y ganaderos. Pero si llevamos desde la Revolución Industrial, 200 años contaminando sin control, es apresurarse querer arreglarlo todo en 30 años, deprisa y corriendo.

La Confederación, si lo que pretende con esto es más restricciones, vamos mal. Hay que modernizar los regadíos y aumentarlos. El regadío en España produce el doble que todas las hectáreas de secano, porque hay garantía de producción y porque fija población. Somos los más eficientes en riego en todo el mundo después de Israel, pero habría que empezar hablar de recarga de acuíferos, para que todos los regadíos de pozos de sondeo se puedan mantener, pero no se hace nada. Quieren limitar incluso la plantación de choperas en los márgenes de los ríos, donde no generan ningún problema en caso de inundación.

P.– La remolacha está de actualidad. Ha empezado la campaña y sigue el pulso Acor - Azucarera.

R.– Con Acor se llegó a un acuerdo hasta la campaña 2026-2027 de 42 euros la tonelada, y este año ha ofrecido tres euros más porque abonó 180 euros la hectárea por la semilla. Roza 46 euros por remolacha entregada en esta campaña. Pero en Azucarera van racaneando, y así se van quedando sin hectáreas. ¿Cómo van a esperar los cultivadores un año y medio a ver si sube o baja el azúcar para cobrar? Llegó a tener en el año 17-18 en Castilla y León 26.000 hectáreas de remolacha, ahora hay 20.100, de las que 11.500 tiene contratadas Acor, y solamente 7.400 tiene Azucarera. Esto demuestra que el agricultor no es tonto, se va adonde tiene los costes de producción garantizados y unos beneficios mínimos.

P.– ¿Qué tal va la Interprofesional de la Patata ahora que acaba de empezar? ¿Cumple las expectativas?

P.– Se debía haber aprobado hace mucho tiempo. Creemos que es la solución para poner orden en el sector. No solo en los precios, sino también en las variedades y de la cantidad que se siembra. Muchos de los problemas que arrastra la patata es que se está haciendo lo que el sector industrial está queriendo hacer con los cultivadores. Y es bueno que los cultivadores tengan su propio diseño, planifiquen su explotación, las hectáreas y variedades. 

P.– Hace unos meses se hizo un estudio oficial sobre el precio de producción de la leche, lo determinaba en algo más de 37 céntimos por litro. No han hecho ni caso…

R.– La ley ahora solo exige que en el contrato se ponga que el precio pactado cumple los costes de producción. El ganadero se ve obligado a firmar lo que le exige la industria, porque si no, no le recogen la leche. Lo que tenemos que exigir es que se aplique ese estudio que tiene hecho el Ministerio, que está en 37-38 céntimos. Y que la Aica actúe ahí, porque el ganadero no puede hacer fuerza frente a la industria. La mejora de la Ley de la Cadena Alimentaria y ese archivo de contratos va a ser fundamental para que la Aica actúe. Con la nueva ley no hará falta una denuncia previa, la Aica podrá actuar por su cuenta.

P.– Las Opas dicen que se van a reunir y convocar movilizaciones, pero parece que no vuelven las tractoradas de marzo de 2020.

R.– Estamos en conversaciones y está previsto que este otoño, o en invierno, hagamos movilizaciones, porque hay motivos más que suficientes. Pero hay que ser conscientes de que ahora mismo estamos en sementera en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón. Es un momento difícil para llevar gente a Madrid, que es lo que se ha planteado.

P.– Vienen denunciado la ‘uberización del campo’. ¿Eso qué es?

R.– La colonización del campo por grandes empresas de cualquier parte del mundo, generalmente fondos de inversión. Están entrando en las energías y también en el campo. Es el caso del 80% de la uva de mesa. Lo están haciendo en más sectores. El porcino no está uberizado, pero sí integrado en un 95%. Con esta ‘uberización’, el agricultor pone el trabajo y la finca, y las empresas, que tratan directamente con la distribución y contratan con los agricultores, ponen sus condiciones. El mercado de proximidad, de ganaderos individuales ofreciéndole a mataderos, eso ya no existe. 

P.– ¿Coag está por la regulación de las plantas solares?

R.– Sí. Habría que hacer una ordenación para que en superficie agraria útil no se pudieran hacer. Las ofertas que hacen a los propietarios del suelo, muchos con mucha edad o que no son agricultores, de mil o mil quinientos euros la hectárea de renta durante 30 años, no lo produce ya ni el regadío. Así se quedan las parcelas productivas en manos de estas empresas durante 30 años, pudiendo hacerse en otras zonas improductivas. No nos sobra ningún suelo agrario.

P.– ¿Sobre las campañas del ministro Garzón ya se ha dicho todo?

R.– Si es ministro de Consumo, mire usted los etiquetados o controle todas las producciones de los acuerdos comerciales, no nos venga a hablar de si se desforesta la Amazonia. Y la soja y el maíz que vengan de Brasil, si son modificados genéticamente, prohíbalos usted. La dieta tiene que ser equilibrada, y nosotros somos el país que en definitiva menos carne consume de Europa, entre 50 y 57 kilos de carne per cápita. Alemania, Italia y Francia tenían hace poco 70.

P.– ¿Y sobre el lobo?

R.– Estamos judicializando el tema. Se ha hecho un recurso por parte de las cuatro comunidades autónomas donde más lobos tenemos, y ahora las Opas conjuntamente llevaremos un recurso a la Audiencia Nacional. Pediremos medidas cautelares.

Si conseguimos la cautelar estamos salvados. Si no la conseguimos, probablemente se pasen tres o cuatro años hasta que se resuelva el recurso y esto puede ser un desastre. Al final va a haber ataques, y expansión. 

El lobo es muy mediático, pero tenemos un montón de problemas con jabalís, con ciervos, con conejos, que nos están invadiendo los cultivos, atropellos en las carreteras, accidentes de tráfico… Hay que vivir en el medio rural para entender esto. Nosotros no queremos que desaparezca el lobo ni el jabalí, pero tendrá que haber un equilibrio, y ese equilibrio se consigue con el control poblacional.

P.– ¿Algún consejo para el Gobierno autonómico, algo que proponerle al consejero?

R.– Que urgentemente se haga cumplir la Ley de la cadena alimentaria. Coger al sector agroalimentario, al que se ha ayudado mucho estos años atrás, y exigirle que se cumpla la Ley de la cadena alimentaria. En nuestro Congreso el consejero se comprometió a hacerlo. Que agarre a las industrias, las siente en una mesa y las explique bien claro que hay unos costes de producción, que empiezan por el sector primario. Se están comenzando a enviar cuestionarios con preguntas para que los productores respondan a la Aica de Castilla y León para llevar un control. Hay un movimiento ahí que viene bien para que haya más transparencia, y no este ocultismo que hay entre la industria, que hay que acabar con él.

P.– ¿Cómo ve el futuro de la agricultura y la ganadería?

R.– Desde Coag siempre hemos defendido un modelo social y profesional. Toda la vida, y lo vamos a seguir defendiendo. Yo creo que siempre habrá agricultores y agricultoras. Queremos que sigan existiendo. Más modernizada la agricultura, con unas explotaciones quizá más dimensionadas, porque lo exige el mercado, en la ganadería lo mismo, pero somos absolutamente imprescindibles y además estratégicos, que así se nos reconoce.

¿Cuándo dejaremos de ser imprescindibles y podríamos dejar de existir? El día que los laboratorios produzcan la carne, la leche, las verdura y hortalizas en el laboratorio. El día que el coste sea asequible para el consumidor y el laboratorio consiga hacer estos alimentos, ese día nos pasará lo que a los oficios artesanos que se han ido perdiendo.

P.– ¿Hacia dónde cree que va el sindicalismo agrario?

R.– Tengo muy claro desde hace mucho tiempo que en España tres organizaciones son muchas, cuatro todavía más. Sobran organizaciones. Tendríamos que tender, como ocurre en Europa, a dos organizaciones agrarias fuertes. Una defendería un tipo de agricultura, otra otro. 

Lo demás es una locura, meternos en otros procesos electorales como piden algunos. Habrá que hacerlo cuando haya que hacerlo, pero el futuro va por ahí, comprimir más. El sector en cuanto a capital humano va a ir cada vez a menos. Ya lo estamos viendo en los últimos años: van a jubilar en torno a 20.000 agricultores al año por edad en este país y en 10 años van a ser 200.000. Si somos 260.000 cotizantes y solo se están incorporando una media de 6.000 en España, estamos en un déficit que en poco más de 10 años nos podemos quedar en poco más de 100.000. ¿En manos de quién quedará la agricultura en este país? Es preocupante.