La macrocausa de la Perla Negra sentará en el banquillo 23 días a la ex cúpula de Economía
El fiscal pide 11 años de cárcel, a cada uno, para los exviconsejeros Delgado y Hernández y el responsable de Gesturcal, Sacristán / Las irregularidades en el edificio de Arroyo y en Portillo se prolongaron de 2005 a 2011
Begoña Hernández y Rafael Delgado. E. M.
La vista por el denominado caso de la ‘Perla Negra’ ya tiene fecha y mimbres de récord en la historia judicial de Valladolid por el número de sesiones de juicio. Arrancará en la Audiencia de Valladolid el próximo 14 de marzo y se prolongará durante 23 jornadas, plusmarca solo superada en Castilla y León por el juicio de Isabel Carrasco celebrado a primeros de 2016 en León.
Así, hasta el 29 de abril de 2022, la sección segunda del tribunal vallisoletano sentará en el banquillo a los 12 encausados, entre los que se encuentra la excúpula de la Consejería de Economía en los tiempos del fallecido Tomás Villanueva, los ex viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el ex responsable de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán.
Se da la circunstancia de que tres de los procesados, el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, y los empresarios Francisco y Alberto Esgueva y José Martín Giraldo, figuran también inmersos en la denominada ‘trama eólica’. Un caso que la pasada semana conoció las calificaciones de la Fiscalía, ministerio que solicita para los 17 presuntos implicados penas que suman 138 años de prisión.
El auto actual de la Audiencia de Valladolid viene a poner fecha al juicio, ya que el de apertura de juicio oral se conoció en el mes de enero. Fue dictado por el titular del Juzgado de Instrucción 2 tras una petición de 79 años de cárcel interesada por la Fiscalía, los 221 solicitados por el PSOE de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 que pide globalmente la Junta de Castilla y León (acusación particular) para ocho de los doce investigados,
Aquel auto del juez César Gil Margareto, llegó a fijar además, una insólita fianza de 18 millones de euros, a la que los doce investigados debían de hacer frente en apenas 24 horas para asegurar las responsabilidades civiles por el caso del alquiler y posterior compra del edificio de Arroyo, conocido como Perla Negra, y los terrenos del parque empresarial de Portillo.
En el caso de la Fiscalía, de cara al próximo juicio de marzo, las penas más elevadas se solicitan para la ex cúpula de la Consejería integrada –junto con el fallecido Tomás Villanueva– por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández. Pide para cada uno de ellos 11 años de prisión por los presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, revelación de secretos; otro de tráfico de influencias y dos más por cohecho y fraude a la administración. Rafael Delgado y Begoña Hernández son, junto con Alberto Esgueva, a quienes más delitos se les imputan, seis en concreto. Y les reclama más de 16,1 millones de indemnización por el daño causado a las arcas públicas por las operaciones de compra del edificio de Arroyo y los terrenos del polígono de Portillo que se desarrollaron entre mediados de 2005 y diciembre de 2011.
El Ministerio Público denuncia que la Junta de Castilla y León pagó 23,6 millones de más por las operaciones de alquiler y posterior venta de la Perla Negra, y los terrenos del polígono de Portillo. «La actuación de los acusados dio lugar a que la empresa pública –Gesturcal y posteriormente ADE Parques Tecnológicos– pagara por el inmueble 60.499.800 euros, cuando su valor no debió superar los 50.000.000 euros, detalla el escrito de acusación de la Fiscalía, en el que remarca que, además, la administración autonómica hizo frente al abono de 9,7 millones «correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de Urban Proyecta».
Sólo la operación de la Perla Negra le supuso al Gobierno autonómico un agujero de más de 20 millones. Una cantidad al que debe sumarse el desvío de dinero público desde las arcas públicas en el caso de los terrenos de Portillo, que sumarían en torno a los 3,4 millones, en palabras del fiscal, que es contundente: «Por lo que atañe a los terrenos adquiridos en Portillo, las actuaciones concertadas por los acusados no sólo determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por ADE Parques –sin perjuicio de su concreción final– sino también el pago de otros conceptos que, dejando al margen los que pudieran ser dudosos, supusieron al menos 3.351.438 euros». Al mismo nivel que los ex viceconsejeros de Economía, la Fiscalía sitúa a otro ex alto cargo de la Junta, el que fuera consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, para quien también reclama los once años de cárcel y 20 de inhabilitación.
Al resto de los acusados les acusa de un delito continuado de violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias. Así para Alberto Esgueva, ex director de la División de Internacionalización de ADE; para Germán José Martín, en aquel momento administrador de Urban Proyecta, y para los empresarios Ángel Román Montes, Carlos González Maestro, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Francisco Esgueva, la fiscal pide seis años de prisión. Además, reclama que todos los acusados, de forma, conjunta y solidaria, indemnicen a la Junta en más de 16,1 millones. Había interés por ver a quien acusaba más la Junta y la respuesta nítida es a Delgado y Hernández, para los que pide 11 y cuatro años, respectivamente.