Interior mantiene en Villanubla un déficit de 38 funcionarios de prisiones

Los centros penitenciarios de Castilla y León acusan la falta de personal, a la par que la necesidad de una reorganización de los puestos ocupados, y exigen al Ministerio de Interior que se reconozca a los funcionarios por su categoría profesional. Aprovechando la visita del ministro Fernando Grande-Marlaska hace un par de semanas, los sindicatos de funcionarios de prisiones volvieron a alzar la voz para reclamar lo que consideran suyo, lamentando la cantidad de años que llevan esperando promesas que se alargan y que, por el momento, no han llegado. 

Y acusan la falta de personal. Exigen que se cubran las plazas vacantes. Porque, para más inri, en el último concurso celebrado en Castilla y León solo se han ofertado un 26% de los puestos que están sin cubrir en las cárceles autonómicas. La relación de puestos de trabajo marcada anota un dato de 2.854 trabajadores, casi 3.000 funcionarios de prisiones que deberían ejercer para completar los puestos castellanos y leoneses. Sin embargo, la dotación real es de 2.171 funcionarios, un déficit de 683 trabajadores. En ese dato se encuentra el grueso de sus reclamos. Si bien, tras el último concurso, celebrado recientemente, el Ministerio del Interior ha ofertado 180 plazas, una cifra que los sindicatos consideran insuficiente, ya que el déficit se mantiene en los 503 puestos, que permanecen sin cubrir.

A la cabeza, las cárceles de León y Salamanca, que acumulan más de la mitad de los puestos libres. Por el contrario, Soria es de los centros penitenciarios con menor déficit. No obstante, ninguna cárcel de Castilla y León puede decir, actualmente, que cubre todos los puestos disponibles.

ÁVILA . El Centro Penitenciario de Ávila, situado en Brieva, actualmente cuenta con una dotación de 142 efectivos, de las 163 contempladas en la relación de puestos de trabajo. Un total de 21 vacantes de las cuáles se ha ofertado el 42%, por lo que el déficit se fija en las 12 plazas.

BURGOS . En la cárcel de la capital burgalesa, el total de plazas contempladas asciende hasta 255, con una dotación de efectivos actual de 201. El déficit, tras el último concurso, donde se han ofertado el 38% de las vacantes, se mantiene en 33 plazas sin cubrir.

LEÓN . El Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, en la provincia León, soporta uno de los mayores déficit de la Comunidad, con 117 plazas vacantes tras el último concurso, donde sólo se ofertó el 19%. Actualmente, la dotación real de efectivos es de 406, mientras que la relación de puestos de trabajo asciende hasta los 551.

PALENCIA . El Centro Penitenciario de Dueñas, en Palencia, también soporta una de las mayores tasas de déficit en Castilla y León. Tras el último concurso de plazas, sólo ofertadas el 19%, se fija en 95 el número de vacantes que soporta la cárcel palentina, con una dotación real de 393, previa a la oferta, y una relación que podría albergar los 511 puestos.

SALAMANCA . El Centro Penitenciario de Topas, en Salamanca, acumula actualmente 162 plazas vacantes, el dato más alto de la Comunidad. La relación de puestos de trabajo es de 626, frente a la dotación real de 423, con una oferta en el último concurso del 20% de las plazas libres.

SEGOVIA . En la cárcel de Segovia, el déficit de funcionarios de prisiones se fija en 39 tras el último concurso, en el que se ofertaron el 36% de las plazas vacantes. Así, el centro penitenciario contaba con una dotación de 253, a los que se incorporan los 22 nuevos, de una relación de puestos contemplada de 314.

SORIA . La provincia de Soria cuenta con la cárcel con menor déficit entre el conjunto autonómico. Actualmente, con 115 trabajadores a los que se incorporan 18 nuevos, soporta un déficit de siete puestos de trabajo, ya que en el último concurso se ofertó el 72% de los puestos no ocupados.

VALLADOLID El Centro Penitenciario de Villanubla, en Valladolid, soporta un déficit de 38 puestos vacantes, ya que tras el último concurso se ofertaron el 32% de las plazas libres. Actualmente, cuenta con una dotación real de 238 puestos, a los que se suman 18, de las 294 plazas disponibles.

Las ocho cárceles soportan datos demoledores, con una dotación real por debajo de la estipulada en todos los casos, en un ambiente como el de un centro penitenciario, donde la seguridad prima por encima de cualquier otro asunto. El Ministerio de Interior sólo ofertó en el último concurso un 26% de las plazas, por lo que las vacantes todavía soportan un dato de 503 plazas vacías entre las ocho cárceles.

Desde los sindicatos son muy claros. Saben lo que quieren y van a exigirlo hasta que alguien del Ministerio se interese por ellos. «Somos siempre los últimos», aseguran desde el sindicato ACAIP UGT, la organización sindical mayoritaria en el sector de prisiones. Y con más motivo alzan la voz. La reciente visita del ministro Marlaska acrecienta las críticas, hay imágenes de cómo fue recibido en Valladolid, en la cárcel de Villanubla, entre pitos y gritos de dimisión. Así, con motivo del Día de Nuestra Señora de la Merced, como patrona de las Instituciones Penitenciarias, celebrado hace dos semanas, los trabajadores consideraron que «no hay nada que celebrar». 

De hecho, apuntan directamente a Marlaska, a quien recuerdan que, aprovechando la festividad, van a continuar denunciando lo que consideran suyo, tras varios años de promesas que incumplidas hacia los funcionarios de prisiones.

«Los últimos para el ministerio»

Los sindicatos de prisiones, más allá de las vacantes, como primero de sus reclamos, hacen hincapié en la justicia salarial y en el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. «Siempre somos los últimos para el Ministerio», insisten desde ACAIP UGT, añadiendo que se ha presentado una Declaración de Conflicto Colectivo dado el «desprecio de la Administración Penitenciaria hacia sus trabajadores». Declaraciones muy duras desde el colectivo, que hacen responsable directamente al Ministerio.

Esta Declaración de Conflicto Colectivo, extendida al conjunto nacional, se centra en una serie de compromisos «incumplidos» por parte de los cargos que asumen responsabilidades en la Administración Penitenciaria. En 2017, el colectivo comenzó un proceso de movilizaciones, con el objetivo de alcanzar las mejoras que consideran necesarias. Así, llegaron en 2018 al punto de convocar una huelga general. Tras dos citas con el Ministerio, ambas en 2019, desde los sindicatos se considera que las expectativas que tenían pasaron a un segundo plano, ya que, hasta ahora, las negociaciones están «totalmente paralizadas».

«Lejos de mejorar la situación de los mismos, vemos como día a día, las condiciones laborales y la falta de personal empeoran de manera muy preocupante», cierran en el comunicado. Fuentes del sindicato insisten en que son «los últimos» para el Ministerio, con promesas directas de Marlaska que «se han ido al traste», por lo que consideran necesario seguir levantando la voz para hacer frente a la Administración y conseguir alguna de sus reivindicaciones, que se alargan año tras año sin solución.