El fiscal pide 563 años de cárcel para 63 acusados por una multiestafa bancaria

El fiscal solicita la pena global de 563 años de cárcel para los 63 acusados de estafar a múltiples entidades bancarias solicitando créditos que nunca se devolvían con la presentación de documentos que imitaban a otros verdaderos. Todo ello con el fin de comprar de vehículos de alta gama y su posterior venta. 

El grupo actuaba de forma jerarquizada, con reparto de funciones, de tal forma que las solicitudes de prisión más elevadas se centran en siete de ellos, los presuntos cabecillas, con una petición de 18 años a cada uno de ellos, por un delito continuado de estafa, otro de pertenencia a organización criminal y uno más por blanqueo de capitales. 

Otros componentes del grupo se prestaban a ser los solicitantes de los créditos, en tanto que algunos acusados más se dedicaban  a realizar ingresos que simulaban ser procedentes de ‘nóminas’ de los trabajos inexistentes para engañar a los empleados bancarios. Otros, a estudiar los requisitos de los bancos para conceder préstamos y otros, a la falsificación de los documentos que alfombraban los pufos. 

Cuando se destapó la red en  2015, tras una denuncia, la extensión de las estafas, en tan solo tres años, era escalofriante: decenas de engaños en prácticamente todas las entidades bancarias con oficina en Valladolid, con un montante global de 522.490 euros. Eso sí, eran muchas, pero atomizadas, y con cuantías bajas de préstamos para no hacer saltar las alarmas y terminar en las listas de morosos. 

El nuevo ‘macrojuicio’ en marcha, iguala en envergadura al de las ‘multiestafas’, celebrado el 23 de octubre de 2018 en la Feria de Valladolid, con 65 acusados. Este nuevo caso lleva camino de repetir como sede del juicio a la institución ferial, ante la imposibilidad física de albergar tantos acusados, defensas y acusaciones en la sala de vistas de la sede de la Audiencia de Valladolid en la calle Angustias. 

El caso, investigado por el Juzgado de Instrucción 1 en el procedimiento 4422/2015 y por el grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), derivó en la apertura de juicio oral hace tres años y ahora ha llegado el momento de la calificación de la Fiscalía que otorga a los investigados A.I.B.Ch., de 50 años; su mujer R.A.P.V., de 49; los varones J.M.P. S., de 60; S.P.Á., de 39; y A.M.B., de 73 años, y las mujeres M.Y.L.A., de 56 años y B.M.M., de 43,  el papel de «cabecillas» de la red. 

Un grupo que llevó a cabo en los años 2013, 2014, 205 y 2016, «operaciones de solicitud y obtención de préstamos en distintas entidades bancarías, prácticas que realizaban a través de terceras personas y adornadas con una solvencia ficticia:  la documentación que aportaban no reflejaba su verdadera situación económica», advierte el fiscal.  Dos oficinas en Valladolid

La red no daba puntada sin hilo para culminar con éxito los engaños. Desde dos ‘oficinas’ sitas en la calle Claudio Moyano, 26, y  en el número 4, primero, del pasaje Gutiérrez, preparaban las supuestas estafas a conciencia. Primero realizaban estudios previos en diversas entidades crediticias, de tal forma que, tras averiguar los requisitos que exigían, confeccionaban los documentos falsos ad hoc y seleccionaban a los mejores candidatos para las solicitar los préstamos. 

Los créditos tenían como objeto la compraventa de vehículos de segunda mano. Los prestatarios recibían una parte del dinero como pago por su intervención. El resto del beneficio iba al bolsillo de los cabecillas. La intención, desde un principio, era no devolver las sumas prestadas si bien, en algunos supuestos, los ‘cerebros’ decidieron que era más práctico efectuar ingresos parciales en las cuentas de los prestatarios  y, en otros casos, abonar  la totalidad de las cuotas, con el fin de que los reiterados impagos no derivaran en la inclusión en listas de morosos. 

Siempre según la Fiscalía, la captación de sus «clientes» fue llevada a cabo, en numerosos casos, de forma personal, por A.I. B. Ch., quien «supervisaba» las operaciones, controlando en todo momento  la solicitud y concesión del crédito, mediante el acompañamiento a los peticionarios a propia sucursal. 

La lista de entidades perjudicadas cubre casi todo el espectro bancario local: Caixabank, Caja Laboral, Bankia, ING, Santander, Caja Rural de Zamora, Banco Popular, Bankinter Consumer Finance, Oney Servicios Finacieros, Abanca, Finconsum Ikea, financiera de Carrefour, Cetelem y Unoe Bank.   Negocio inexistente

Si la solvencia que apuntalaba la concesión del crédito era un presunto fraude, no lo era menos el objeto del préstamo. Según la Fiscalía, la compraventa de vehículos  era un «negocio inexistente», para cuya justificación se utilizaba un contrato tipo que se repitió en once de las operaciones, y en cinco de ellas, el vehículo que en teoría se vendía, era un turismo BMW titularidad de la esposa del principal cabecilla «quien actuaba de acuerdo con éste», y fue receptora en su cuenta corriente de varias transferencias cuyo concepto era el supuesto pago por la venta del citado BMW, del que no se efectuó transferencia, ni modificación de su uso,  y de otras procedentes de la venta ficticia de distintos turismos.

La petición de condena del fiscal a los siete cabecillas (126 años) se completa con una solicitud de 276 por los delitos continuados de estafa, pertenencia a grupo organizado y blanqueo a otros 23 investigados con menor participación; la condena a 5 años por los mismos delitos a otros 26 investigados (150 años) que intervinieron en menor medida, y 11 años y cinco meses de forma global para otros siete encausados, dos de ellos por falsedad documental.